En la comunidad el Progreso, Cuyotenango, Suchitepéquez, un grupo ha creado caos e ingobernabilidad, pues manifestaciones y acciones delictivas en contra de un ingenio azucarero del lugar. Dichas personas secuestraron maquinaria y amenazaron con quemarlas si sus demandas no son cumplidas.
Exigen que cada uno de los ingenios del área deposite Q190 mil, los cuales deben ser depositados a cuentas personales; que les sean entregados 75 quintales de maíz y 1 mil 500 raciones de comida. Asimismo, los obligan para que firmen documentos de compromisos que deben cumplir, como la construcción de escuelas, caminos, techos para escuelas y cientos de láminas.
Su demanda principal es el cese de la quema de caña de azúcar, ya que aducen afecta la salud de 85 familias y contamina sus fuentes de agua. Para presionar, desde hace días, realizan bloqueos que han dejado incomunicadas a 100 comunidades; San José La Maquina, Control II La Maquina y varios parcelamentos y aldeas.
Los comunitarios, el martes incluso retuvieron durante varias horas al juez designado, quien intentó dialogar con ellos, y a la oficial 2 del Juzgado de Paz de Cuyotenango. Esto obligó al juzgador a dejar sin efecto la orden de desalojo. Se indicó que este miércoles se instalará una mesa de diálogo a las 11 am.
“Quieren que hagamos lo que le toca a los alcaldes y al gobierno”, aseguraron algunos representantes de los ingenios. Agregaron que: “Es preocupante que estos grupos provoquen caos, se irrespete la ley y se genere inseguridad ciudadana, pues pone la vida de los guatemaltecos está en riesgo”.
Uno de los inconformes captado con un arma.
Según los ingenios, las autoridades no han actuado y suponen que esto se debe a que los grupos están fuertemente armados; esto ha afectado seriamente la actividad empresarial en detrimento del empleo. “Pero lo más preocupante es que estos grupos están llevando la ingobernabilidad, la zozobra y el caos, irrespetando los derechos humanos flagrantemente sin que las autoridades hagan algo al respecto”.
Por otro lado, la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que la denuncia fue interpuesta por un representante del Ingenio Magdalena, quien aseguró que los comunitarios tienen retenidos a ocho trabajadores de dicha empresa. Ellos son: Edy Payes Barrientos, Edgar Joel Campos, Henry Romero, Ilfido Calderón, Lorenzo Tzun, Timoteo López, Luis Rivera y Hugo Aguilar.
De acuerdo con la PNC, el ambiente se torna violento, ya que varios vecinos portan armas blancas y de fuego de un calibre ignorado; y obligaron a los empleados a descender de los vehículos al pasar por el lugar. Según el denunciante, estas personas indicaron a los retenidos que no podían movilizarse y si lo hacían incluso podrían eliminarlos físicamente.
Por su parte, fuentes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indicaron que desde la noche del lunes intentaron acercarse para entablar un dialogo con los pobladores, pero fueron agredidos con diferentes objetos. Es un grupo de personas poco accesible, por lo que se desconoce cuántos y quiénes fomentan la anarquía al obligar a la población a manifestarse contra los ingenios.
Nueva modalidad de extorsión
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria, indica que existen varios lugares en donde ocurren estos acontecimientos fuera de la Ley, y bajo todas luces. “Este es un tema que no tiene ningún sentido ni razón de ser”, por lo que solicita a las autoridades a actuar con todo el peso de la Ley, pues son personas que no solo ponen en riesgo la propiedad privada, sino la vida de personas trabajadoras.
Zepeda refiere que el comportamiento de demandar cosas que le corresponden al gobierno es una nueva modalidad de extorsión, la cual es condenable. “Hacemos un llamado enérgico a las autoridades para que actúen en el marco del Estado de Derecho y al derecho de vida, que asiste a las personas que han sido víctimas de las retenciones ilegales”.
Por otro lado, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), indica que los hechos ocurridos en la comunidad el Progreso, Cuyotenango, Suchitepéquez, afectan a distintas empresas y personas individuales de la región.
Caballeros revela que quienes manifiestan en el área no son pobladores de la comunidad el Progreso, sino que están infiltradas en la comunidad. “Quienes están cometiendo estos hechos delictivos, los están cometiendo de manera violenta y trasgrediendo la Ley desde el viernes pasado, cinco días sin que las autoridades hayan hecho nada”.
Según la ejecutiva de la Camagro, las autoridades tienen conocimiento desde el viernes de lo ocurrido en el área porque las empresas que operan en el sector interpusieron las denuncias desde ese día. “Las autoridades han tenido conocimiento y no han actuado. Es lamentable que hayan permitido que personas infiltradas en la comunidad cometan delitos”.
Además, refiere que se cometen varios hechos delictivos, pues se tiene a personas secuestradas, obstaculizan vías, y a quien pasa por la carretera, se le obliga a descender y solicitar dinero; lo cual es un delito tipificado en el Código Penal como extorsión. Afirma que también se viola el derecho a la propiedad, pues revisan de manera ilegal los vehículos que pasan por el kilómetro 181 de Suchitepéquez. De esta forma usurpan las funciones de las autoridades.
Caballeros condena enérgicamente estos hechos delictivos y exige a las autoridades que la PNC capture a las personas que cometen los delitos de manera fragrante manera pública, para que sean procesados ante un juez competente.
Así, la Camagro ha denunciado ante la Comunidad Internacional y al Sistema de Naciones Unidas los abusos y atropellos a los derechos humanos que cometen esas personas infiltradas. Exigen que se investigue, identifique y procese, además, a quien financie a estos grupos.
En la comunidad el Progreso, Cuyotenango, Suchitepéquez, un grupo ha creado caos e ingobernabilidad, pues manifestaciones y acciones delictivas en contra de un ingenio azucarero del lugar. Dichas personas secuestraron maquinaria y amenazaron con quemarlas si sus demandas no son cumplidas.
Exigen que cada uno de los ingenios del área deposite Q190 mil, los cuales deben ser depositados a cuentas personales; que les sean entregados 75 quintales de maíz y 1 mil 500 raciones de comida. Asimismo, los obligan para que firmen documentos de compromisos que deben cumplir, como la construcción de escuelas, caminos, techos para escuelas y cientos de láminas.
Su demanda principal es el cese de la quema de caña de azúcar, ya que aducen afecta la salud de 85 familias y contamina sus fuentes de agua. Para presionar, desde hace días, realizan bloqueos que han dejado incomunicadas a 100 comunidades; San José La Maquina, Control II La Maquina y varios parcelamentos y aldeas.
Los comunitarios, el martes incluso retuvieron durante varias horas al juez designado, quien intentó dialogar con ellos, y a la oficial 2 del Juzgado de Paz de Cuyotenango. Esto obligó al juzgador a dejar sin efecto la orden de desalojo. Se indicó que este miércoles se instalará una mesa de diálogo a las 11 am.
“Quieren que hagamos lo que le toca a los alcaldes y al gobierno”, aseguraron algunos representantes de los ingenios. Agregaron que: “Es preocupante que estos grupos provoquen caos, se irrespete la ley y se genere inseguridad ciudadana, pues pone la vida de los guatemaltecos está en riesgo”.
Uno de los inconformes captado con un arma.
Según los ingenios, las autoridades no han actuado y suponen que esto se debe a que los grupos están fuertemente armados; esto ha afectado seriamente la actividad empresarial en detrimento del empleo. “Pero lo más preocupante es que estos grupos están llevando la ingobernabilidad, la zozobra y el caos, irrespetando los derechos humanos flagrantemente sin que las autoridades hagan algo al respecto”.
Por otro lado, la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que la denuncia fue interpuesta por un representante del Ingenio Magdalena, quien aseguró que los comunitarios tienen retenidos a ocho trabajadores de dicha empresa. Ellos son: Edy Payes Barrientos, Edgar Joel Campos, Henry Romero, Ilfido Calderón, Lorenzo Tzun, Timoteo López, Luis Rivera y Hugo Aguilar.
De acuerdo con la PNC, el ambiente se torna violento, ya que varios vecinos portan armas blancas y de fuego de un calibre ignorado; y obligaron a los empleados a descender de los vehículos al pasar por el lugar. Según el denunciante, estas personas indicaron a los retenidos que no podían movilizarse y si lo hacían incluso podrían eliminarlos físicamente.
Por su parte, fuentes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indicaron que desde la noche del lunes intentaron acercarse para entablar un dialogo con los pobladores, pero fueron agredidos con diferentes objetos. Es un grupo de personas poco accesible, por lo que se desconoce cuántos y quiénes fomentan la anarquía al obligar a la población a manifestarse contra los ingenios.
Nueva modalidad de extorsión
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria, indica que existen varios lugares en donde ocurren estos acontecimientos fuera de la Ley, y bajo todas luces. “Este es un tema que no tiene ningún sentido ni razón de ser”, por lo que solicita a las autoridades a actuar con todo el peso de la Ley, pues son personas que no solo ponen en riesgo la propiedad privada, sino la vida de personas trabajadoras.
Zepeda refiere que el comportamiento de demandar cosas que le corresponden al gobierno es una nueva modalidad de extorsión, la cual es condenable. “Hacemos un llamado enérgico a las autoridades para que actúen en el marco del Estado de Derecho y al derecho de vida, que asiste a las personas que han sido víctimas de las retenciones ilegales”.
Por otro lado, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), indica que los hechos ocurridos en la comunidad el Progreso, Cuyotenango, Suchitepéquez, afectan a distintas empresas y personas individuales de la región.
Caballeros revela que quienes manifiestan en el área no son pobladores de la comunidad el Progreso, sino que están infiltradas en la comunidad. “Quienes están cometiendo estos hechos delictivos, los están cometiendo de manera violenta y trasgrediendo la Ley desde el viernes pasado, cinco días sin que las autoridades hayan hecho nada”.
Según la ejecutiva de la Camagro, las autoridades tienen conocimiento desde el viernes de lo ocurrido en el área porque las empresas que operan en el sector interpusieron las denuncias desde ese día. “Las autoridades han tenido conocimiento y no han actuado. Es lamentable que hayan permitido que personas infiltradas en la comunidad cometan delitos”.
Además, refiere que se cometen varios hechos delictivos, pues se tiene a personas secuestradas, obstaculizan vías, y a quien pasa por la carretera, se le obliga a descender y solicitar dinero; lo cual es un delito tipificado en el Código Penal como extorsión. Afirma que también se viola el derecho a la propiedad, pues revisan de manera ilegal los vehículos que pasan por el kilómetro 181 de Suchitepéquez. De esta forma usurpan las funciones de las autoridades.
Caballeros condena enérgicamente estos hechos delictivos y exige a las autoridades que la PNC capture a las personas que cometen los delitos de manera fragrante manera pública, para que sean procesados ante un juez competente.
Así, la Camagro ha denunciado ante la Comunidad Internacional y al Sistema de Naciones Unidas los abusos y atropellos a los derechos humanos que cometen esas personas infiltradas. Exigen que se investigue, identifique y procese, además, a quien financie a estos grupos.