El preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (DDHC) de 1789 (Francia) comienza diciendo que “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre” [resaltados agregados].
En los últimos días, hemos presenciado el inicio de la persecución penal de uno de los más escandalosos casos de corrupción en nuestro país. La corrupción descubierta a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue de tal magnitud que se movilizaron todos los sectores en la sociedad para manifestar su indignación.
Cito la DDHC pues es el primer documento histórico-jurídico que vincula estos crímenes con los derechos del hombre o derechos humanos. Actualmente, tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, se ha consensuado la vinculación entre el fenómeno de la corrupción como un delito y las violaciones a los derechos humanos, y en la necesidad que ambas agendas se unan frente a una sola realidad.
El problema criminológico de la corrupción es mundial y ha generado tratados sobre ello (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y Convención Interamericana contra la Corrupción). Y la legislación local la contempla en el Código Penal con diferentes denominaciones formales de delito.
Pese a las prohibiciones jurídicas, los funcionarios públicos o “delincuentes de cuello blanco” no dudan en enriquecer sus patrimonios privados a través de fraudes a la ley e inútiles formas de esconder sus fechorías. Sin embargo, los peores son los descarados.
Para Sutherland, sociólogo norteamericano, el “delito de cuello blanco” se explica con la teoría de la asociación diferencial: el comportamiento delictivo se aprende por la interacción con otras personas por medio de un proceso de comunicación que se desarrolla en los grupos personales íntimos. El aprendizaje incluye técnicas de comisión del delito (sofisticadas o sencillas), la motivación, las justificaciones y las actitudes, es decir, la racionalización de los actos y el exceso de definiciones favorables para infringir, ignorar o tergiversar la ley.
En pocas palabras, el delincuente aprende a justificar la realización del crimen. Asimismo, aprende que los valores y principios jurídicos pueden ser vulnerados (neutralizados) en diferente magnitud según el contexto, ya sea: negando su responsabilidad en la comisión del delito [el típico, “yo no fui”], negando la existencia del daño producto del delito [“aquí nada pasó, ya devolví todo lo robado”], negando la existencia de una víctima [usual en los casos de delitos medioambientales o de tergiversación de privilegios para beneficio personal], condenando a los que lo juzgan [por ejemplo, aducir que lo acusan “sus enemigos” porque le odian o le envidian y lo que pretenden es manchar su buen nombre] o apelando a lealtades superiores [“lo hice buscando un beneficio social” o “seguí órdenes”].
Esta neutralización de valores puede llevar al descaro como estrategia para eludir la responsabilidad penal. Con desvergüenza, el delincuente miente ante lo evidente, justifica su actuar a ultranza, convencido de que está en lo correcto.
Esta actitud va en detrimento de nuestros derechos fundamentales, obstruye el funcionamiento de las instituciones públicas que están al servicio de todos y contribuye a crear condiciones de zozobra en el día a día de los guatemaltecos.
Ocultarse detrás del descaro (aquello de “sí ¿y qué?” o “sí pero me voy a defender” o “sí pero me salgo con la mía”) ya no funciona. Las redes sociales se han inundado de rechazo ante esta crisis institucional y ahora está en manos de los órganos de administración de Justicia demostrarnos que valen y pesan más nuestros derechos fundamentales que la “pistocracia” que acompaña a la corrupción.
El preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (DDHC) de 1789 (Francia) comienza diciendo que “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre” [resaltados agregados].
En los últimos días, hemos presenciado el inicio de la persecución penal de uno de los más escandalosos casos de corrupción en nuestro país. La corrupción descubierta a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue de tal magnitud que se movilizaron todos los sectores en la sociedad para manifestar su indignación.
Cito la DDHC pues es el primer documento histórico-jurídico que vincula estos crímenes con los derechos del hombre o derechos humanos. Actualmente, tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, se ha consensuado la vinculación entre el fenómeno de la corrupción como un delito y las violaciones a los derechos humanos, y en la necesidad que ambas agendas se unan frente a una sola realidad.
El problema criminológico de la corrupción es mundial y ha generado tratados sobre ello (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y Convención Interamericana contra la Corrupción). Y la legislación local la contempla en el Código Penal con diferentes denominaciones formales de delito.
Pese a las prohibiciones jurídicas, los funcionarios públicos o “delincuentes de cuello blanco” no dudan en enriquecer sus patrimonios privados a través de fraudes a la ley e inútiles formas de esconder sus fechorías. Sin embargo, los peores son los descarados.
Para Sutherland, sociólogo norteamericano, el “delito de cuello blanco” se explica con la teoría de la asociación diferencial: el comportamiento delictivo se aprende por la interacción con otras personas por medio de un proceso de comunicación que se desarrolla en los grupos personales íntimos. El aprendizaje incluye técnicas de comisión del delito (sofisticadas o sencillas), la motivación, las justificaciones y las actitudes, es decir, la racionalización de los actos y el exceso de definiciones favorables para infringir, ignorar o tergiversar la ley.
En pocas palabras, el delincuente aprende a justificar la realización del crimen. Asimismo, aprende que los valores y principios jurídicos pueden ser vulnerados (neutralizados) en diferente magnitud según el contexto, ya sea: negando su responsabilidad en la comisión del delito [el típico, “yo no fui”], negando la existencia del daño producto del delito [“aquí nada pasó, ya devolví todo lo robado”], negando la existencia de una víctima [usual en los casos de delitos medioambientales o de tergiversación de privilegios para beneficio personal], condenando a los que lo juzgan [por ejemplo, aducir que lo acusan “sus enemigos” porque le odian o le envidian y lo que pretenden es manchar su buen nombre] o apelando a lealtades superiores [“lo hice buscando un beneficio social” o “seguí órdenes”].
Esta neutralización de valores puede llevar al descaro como estrategia para eludir la responsabilidad penal. Con desvergüenza, el delincuente miente ante lo evidente, justifica su actuar a ultranza, convencido de que está en lo correcto.
Esta actitud va en detrimento de nuestros derechos fundamentales, obstruye el funcionamiento de las instituciones públicas que están al servicio de todos y contribuye a crear condiciones de zozobra en el día a día de los guatemaltecos.
Ocultarse detrás del descaro (aquello de “sí ¿y qué?” o “sí pero me voy a defender” o “sí pero me salgo con la mía”) ya no funciona. Las redes sociales se han inundado de rechazo ante esta crisis institucional y ahora está en manos de los órganos de administración de Justicia demostrarnos que valen y pesan más nuestros derechos fundamentales que la “pistocracia” que acompaña a la corrupción.