Durante la audiencia de primera declaración de los 25 señalados de participar en el desvío de Q82.8 millones del Congreso de la República, el juez Darwin Porras titular del Juzgado de Instancia Penal, aceptó la petición de los abogados defensores para dejar fuera al Congreso y a la Procuraduría General de la Nación (PGN), como querellantes adhesivo.

Sin embargo, horas después, el mismo juzgador revocó su propia resolución y acepto que el Legislativo y la PGN fueran querellantes en el caso.

Porras cambió su resolución al argumentar que subsanó errores en que se incurrieron en la forma en que se solicitó que ambas instituciones quedaran fuera del proceso penal. Hoy, en el segundo día de la audiencia, el Ministerio Público sigue imputando a los capturados hace ocho días.

Hasta el momento van 11 implicados quienes han sido señalados de los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera, estafa, abuso de autoridad entre otros delitos. La diligencia continúa, a la espera de que el juzgador emita la decisión si liga a proceso a los 25 implicados o les beneficia con medida sustitutiva.