Tras la resolución emitida por la titular del Juzgado Octavo Penal, Marta Sierra de Stalling, en el caso “La Línea”, la cual beneficio a seis personas implicadas en ser parte de una estructura criminal dedicada al contrabando y defraudación aduanera, analistas consideran que este podría ser resultado de las negociaciones hechas durante el proceso de postulación del año anterior.
La juzgadora dejó en prisión preventiva a 16 implicados en la estructura de defraudación al Estado “La Línea”, entre ellos a los exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco y Carlos Muñoz, mientras que benefició con un monto de fianza de Q200 mil a seis cabecillas, entre ellos a Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jeréz y Salvador Estuardo González, alias “ECO”.
La estructura criminal dedicada al contrabando y defraudación aduanera fue desarticulada tras una investigación de un año realizada por el Ministerio Público (MP) y apoyada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalando como principal cabecilla a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
De tal manera que el MP y la CICIG plantearán un antejuicio por prevaricato en contra de la jueza Marta Sierra de Stalling por beneficiar a seis implicados en caso “La Línea”, anunció la fiscal general Thelma Aldana.
Sin embargo, este tipo de resoluciones de Sierra Stalling no son nuevas. El 27 de agosto de 2008, también benefició a Eduardo González Rivera, directivo del desaparecido BANCAFÉ, tras un año de estar prófugo de la justicia. A pesar de su fuga, la jueza le otorgó una fianza de Q500 mil y quedó en libertad, fallos considerados a favor de la impunidad y un claro ejemplo de vulnerabilidad de los juzgadores luego de la negociación política para la elección en sus cargos.
Por su parte, Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, denunció que recibieron una notificación sobre un amparo interpuesto por Joaquín Flores González en relación a la resolución del juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “A”, en donde se le deja ligado a proceso penal por el caso de Cristina Siekavizza.
Los magistrados de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, integrada por los juzgadores, Benicia Contreras Calderón, Jorge Antonio Valladares Arévalo, Thelma Noemí del Cid Palencia, resolvieron en minutos un caso tan delicado como lo es el Siekavizza.
“Me llama la atención la forma tan diligente con la que actuaron los Magistrados de la Sala cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, el memorial interpuesto fue ingresado el 21 de abril del 2015 a las 11:58 minutos y ese mismo día resolvió la sala. Pueden creer posible que en un caso tan delicado y con la mora judicial, la sala sea tan efectiva que en un par de horas resolvió, sin siquiera contar con el expediente a la vista, sino únicamente con la grabación de la audiencia realizada y la copia de la resolución de la Corte de Constitucionalidad”, dice Cruz en su cuenta de Facebooc.
Además, señala que “solo puedo pensar que o son muy eficientes, y están al día con su trabajo o definitivamente hubo tráfico de influencias”.
Tres casos distintos pero con resoluciones ilegales similares y que reflejan las negociaciones espurias que se realizaron durante el proceso de las Comisiones de Postulación el año anterior. Durante el proceso se denunciaron negociaciones con el objetivo colocar a varios juzgadores que podrían beneficiar en fallos con intereses particulares o políticos.
Fallos judiciales, ¿resultado de negociaciones?
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible indica que, sin duda, se está viendo en estas resoluciones los indicios de lo que se denunció y se temía durante el 2014: una negociación para el nombramiento de jueces que no fueran por méritos sino por hacerse un tipo de lobby político.
Según Fuentes, se manejaron negociaciones previas para obtener los votos necesarios y ahora se están dando los resultados. Uno de los peores escenarios para los guatemaltecos son “resoluciones que no son independientes” y que tienen la presión de los interesados para quedar bien con algunos grupos que “estarán en este momento cobrando el favor de haber llevado a los jueces a esos puestos”.
Particularmente, el fallo de la jueza Sierra Stalling, de haber otorgado una medida sustitutiva que no tiene ni la más remota correlación con el monto que se les está imputando, es una muestra de que el tema de la impunidad es un peligro latente para el país y que de seguir con estas prácticas de parte de los operadores de justicia, se está muy lejos de contar con procesos justos y apegados a la Ley, señala la entrevistada.
Indica que los jueces tienen independencia de sus resoluciones, sin embargo, se confía en que utilicen ese criterio con base a la Ley, y no por influencias políticas.
Por su parte, Lorena Escobar de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) indica que no se puede confirmar que estas resoluciones sean por las negociaciones que se hicieron debajo de la mesa en las comisiones de postulación, pero juzga el actuar de Sierra Stalling, que es lo único que se ha hecho evidente.
Según Escobar, la jueza Siera Stalling deberá ser separada del proceso porque ella conoce que tiene impedimento para pronunciarse, porque de lo contrario se está poniendo en riesgo la objetividad de un proceso como este. Además, refiere que aunque estas resoluciones resultan siendo ilegales, no garantizan la impunidad puesto que no son fallos definitivos. “Lo que sí resulta es una causal de investigación, en un mismo caso donde hay varios implicados no se pueden imputar delitos a algunos y beneficiar a otros”.
A consideración de Escobar, hay que estar vigilantes de los procesos para identificar hechos de tráfico de influencias, corrupción, nepotismo o cualquier factor que pueda alterar las condiciones que necesita conocer el juzgador para emitir su resolución.
Elecciones cuestionadas
La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones durante este 2014 dieron de qué hablar. Entre legalidad y legitimidad, las Comisiones de Postulación se vieron envueltas en críticas por las influencias de grupos externos para elegir a las personas que respondieran a algún interés.
Por esta causa y por los vicios denunciados, la magistrada Claudia Escobar interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se anulara el proceso, ya que ella había sido víctima de tráfico de influencias por el diputado oficialista Gudy Rivera, que le ofrecía su reelección a cambio de beneficiar en un fallo judicial a la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Sin embargo, no fue la única en impugnar la cuestionada elección hecha por el Congreso de la República, que al final fue resuelta a favor de quienes habían sido electos. Un proceso cuestionado entre lo legal y lo legítimo.
Tras la resolución emitida por la titular del Juzgado Octavo Penal, Marta Sierra de Stalling, en el caso “La Línea”, la cual beneficio a seis personas implicadas en ser parte de una estructura criminal dedicada al contrabando y defraudación aduanera, analistas consideran que este podría ser resultado de las negociaciones hechas durante el proceso de postulación del año anterior.
La juzgadora dejó en prisión preventiva a 16 implicados en la estructura de defraudación al Estado “La Línea”, entre ellos a los exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco y Carlos Muñoz, mientras que benefició con un monto de fianza de Q200 mil a seis cabecillas, entre ellos a Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jeréz y Salvador Estuardo González, alias “ECO”.
La estructura criminal dedicada al contrabando y defraudación aduanera fue desarticulada tras una investigación de un año realizada por el Ministerio Público (MP) y apoyada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalando como principal cabecilla a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
De tal manera que el MP y la CICIG plantearán un antejuicio por prevaricato en contra de la jueza Marta Sierra de Stalling por beneficiar a seis implicados en caso “La Línea”, anunció la fiscal general Thelma Aldana.
Sin embargo, este tipo de resoluciones de Sierra Stalling no son nuevas. El 27 de agosto de 2008, también benefició a Eduardo González Rivera, directivo del desaparecido BANCAFÉ, tras un año de estar prófugo de la justicia. A pesar de su fuga, la jueza le otorgó una fianza de Q500 mil y quedó en libertad, fallos considerados a favor de la impunidad y un claro ejemplo de vulnerabilidad de los juzgadores luego de la negociación política para la elección en sus cargos.
Por su parte, Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, denunció que recibieron una notificación sobre un amparo interpuesto por Joaquín Flores González en relación a la resolución del juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “A”, en donde se le deja ligado a proceso penal por el caso de Cristina Siekavizza.
Los magistrados de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, integrada por los juzgadores, Benicia Contreras Calderón, Jorge Antonio Valladares Arévalo, Thelma Noemí del Cid Palencia, resolvieron en minutos un caso tan delicado como lo es el Siekavizza.
“Me llama la atención la forma tan diligente con la que actuaron los Magistrados de la Sala cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, el memorial interpuesto fue ingresado el 21 de abril del 2015 a las 11:58 minutos y ese mismo día resolvió la sala. Pueden creer posible que en un caso tan delicado y con la mora judicial, la sala sea tan efectiva que en un par de horas resolvió, sin siquiera contar con el expediente a la vista, sino únicamente con la grabación de la audiencia realizada y la copia de la resolución de la Corte de Constitucionalidad”, dice Cruz en su cuenta de Facebooc.
Además, señala que “solo puedo pensar que o son muy eficientes, y están al día con su trabajo o definitivamente hubo tráfico de influencias”.
Tres casos distintos pero con resoluciones ilegales similares y que reflejan las negociaciones espurias que se realizaron durante el proceso de las Comisiones de Postulación el año anterior. Durante el proceso se denunciaron negociaciones con el objetivo colocar a varios juzgadores que podrían beneficiar en fallos con intereses particulares o políticos.
Fallos judiciales, ¿resultado de negociaciones?
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible indica que, sin duda, se está viendo en estas resoluciones los indicios de lo que se denunció y se temía durante el 2014: una negociación para el nombramiento de jueces que no fueran por méritos sino por hacerse un tipo de lobby político.
Según Fuentes, se manejaron negociaciones previas para obtener los votos necesarios y ahora se están dando los resultados. Uno de los peores escenarios para los guatemaltecos son “resoluciones que no son independientes” y que tienen la presión de los interesados para quedar bien con algunos grupos que “estarán en este momento cobrando el favor de haber llevado a los jueces a esos puestos”.
Particularmente, el fallo de la jueza Sierra Stalling, de haber otorgado una medida sustitutiva que no tiene ni la más remota correlación con el monto que se les está imputando, es una muestra de que el tema de la impunidad es un peligro latente para el país y que de seguir con estas prácticas de parte de los operadores de justicia, se está muy lejos de contar con procesos justos y apegados a la Ley, señala la entrevistada.
Indica que los jueces tienen independencia de sus resoluciones, sin embargo, se confía en que utilicen ese criterio con base a la Ley, y no por influencias políticas.
Por su parte, Lorena Escobar de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) indica que no se puede confirmar que estas resoluciones sean por las negociaciones que se hicieron debajo de la mesa en las comisiones de postulación, pero juzga el actuar de Sierra Stalling, que es lo único que se ha hecho evidente.
Según Escobar, la jueza Siera Stalling deberá ser separada del proceso porque ella conoce que tiene impedimento para pronunciarse, porque de lo contrario se está poniendo en riesgo la objetividad de un proceso como este. Además, refiere que aunque estas resoluciones resultan siendo ilegales, no garantizan la impunidad puesto que no son fallos definitivos. “Lo que sí resulta es una causal de investigación, en un mismo caso donde hay varios implicados no se pueden imputar delitos a algunos y beneficiar a otros”.
A consideración de Escobar, hay que estar vigilantes de los procesos para identificar hechos de tráfico de influencias, corrupción, nepotismo o cualquier factor que pueda alterar las condiciones que necesita conocer el juzgador para emitir su resolución.
Elecciones cuestionadas
La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones durante este 2014 dieron de qué hablar. Entre legalidad y legitimidad, las Comisiones de Postulación se vieron envueltas en críticas por las influencias de grupos externos para elegir a las personas que respondieran a algún interés.
Por esta causa y por los vicios denunciados, la magistrada Claudia Escobar interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se anulara el proceso, ya que ella había sido víctima de tráfico de influencias por el diputado oficialista Gudy Rivera, que le ofrecía su reelección a cambio de beneficiar en un fallo judicial a la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Sin embargo, no fue la única en impugnar la cuestionada elección hecha por el Congreso de la República, que al final fue resuelta a favor de quienes habían sido electos. Un proceso cuestionado entre lo legal y lo legítimo.