De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se logró identificar a una red de abogados dirigida por José Arturo Morales “Chepito” que pretende dar apariencia de legalidad a cuestiones judiciales, gestionando las medidas sustitutivas para seis cabecillas vinculados con el caso “La Línea”.
Según el comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG, el abogado Morales trató de darle apariencia de legalidad a su actuar para que implicados fueran favorecidos, y quien fuera el encargado del “Bufete proveedor de impunidad”.
La investigación realizada por las autoridades da cuenta de varias escuchas telefónicas que implican a un grupo de abogados que gestionaron para que la jueza Marta Sierra de Stalling dejara en libertad bajo fianza a seis señalados. Los profesionales del derecho capturados fueron identificados como José Arturo Morales, Jorge Luis Escobar Gómez y Ruth Emilza Higueros Alay.
Los abogados son señalados de varios delitos, entre ellos cohecho activo y asociaciones ilícitas. De acuerdo con el MP y CICIG, los detenidos habrían negociado con la jueza Sierra de Stalling las medidas sustitutivas que beneficiaron a implicados en el caso “La Línea”, entre ellos a dos importantes cabecillas de la estructura.
CICIG explica que cheques para el pago por el favor fueron cobrados por parte de una hija y una hijastra de Javier Ortiz (favorecido con medida sustitutiva) por un total de Q1.9 millones el 17 de abril y consigna en la agencia bancaria que el dinero serviría para el pago de una fianza. Llamó la atención de los investigadores porque el dinero fue gestionado antes que la juzgadora otorgara la libertad condicional.
El 21 de abril, la jueza Marta Sierra otorga las medidas sustitutivas a seis implicados en el caso “La Línea” por lo que el MP y CICIG presentaron esta semana una solicitud de antejuicio en su contra por prevaricato y cohecho pasivo.
Líderes de “La Línea” recapturados y orden de captura para Mendizábal
Tras esta nueva investigación la Policía Nacional Civil recapturó a Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jeréz; Miguel Ángel Lemus y Salvador González y los otro tres implicados en el caso “La Línea” que fueron beneficiados por la jueza Sierra de Stalling.
También se giró una orden de captura contra Luis Mendizábal, dueño de la Boutique Emilio, quien tiene alerta roja en Interpol porque según las investigaciones hay escuchas telefónicas del 16 de abril entre Mendizábal y Francisco Javier Ortiz en las que hablaban de los pagos de las fianzas y aseguran tener abogados con buenos contactos.
Dentro de la investigación realizada para desarticular a la banda criminal denominada “La Línea” se mencionaba a la Boutique Emilio, como uno de los centros de operaciones de los cabecillas de la estructura, en donde supuestamente se repartían el dinero producto del contrabando y la defraudación a la Superintendencia de Administración Tributaria. Dicho negocio fue allanado en abril, pero según las autoridades en ese momento no se tenían los argumentos para ordenar la captura de Mendizábal, acción que se logro concretar con las escuchas donde planificaban las fianzas de los implicados.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se logró identificar a una red de abogados dirigida por José Arturo Morales “Chepito” que pretende dar apariencia de legalidad a cuestiones judiciales, gestionando las medidas sustitutivas para seis cabecillas vinculados con el caso “La Línea”.
Según el comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG, el abogado Morales trató de darle apariencia de legalidad a su actuar para que implicados fueran favorecidos, y quien fuera el encargado del “Bufete proveedor de impunidad”.
La investigación realizada por las autoridades da cuenta de varias escuchas telefónicas que implican a un grupo de abogados que gestionaron para que la jueza Marta Sierra de Stalling dejara en libertad bajo fianza a seis señalados. Los profesionales del derecho capturados fueron identificados como José Arturo Morales, Jorge Luis Escobar Gómez y Ruth Emilza Higueros Alay.
Los abogados son señalados de varios delitos, entre ellos cohecho activo y asociaciones ilícitas. De acuerdo con el MP y CICIG, los detenidos habrían negociado con la jueza Sierra de Stalling las medidas sustitutivas que beneficiaron a implicados en el caso “La Línea”, entre ellos a dos importantes cabecillas de la estructura.
CICIG explica que cheques para el pago por el favor fueron cobrados por parte de una hija y una hijastra de Javier Ortiz (favorecido con medida sustitutiva) por un total de Q1.9 millones el 17 de abril y consigna en la agencia bancaria que el dinero serviría para el pago de una fianza. Llamó la atención de los investigadores porque el dinero fue gestionado antes que la juzgadora otorgara la libertad condicional.
El 21 de abril, la jueza Marta Sierra otorga las medidas sustitutivas a seis implicados en el caso “La Línea” por lo que el MP y CICIG presentaron esta semana una solicitud de antejuicio en su contra por prevaricato y cohecho pasivo.
Líderes de “La Línea” recapturados y orden de captura para Mendizábal
Tras esta nueva investigación la Policía Nacional Civil recapturó a Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jeréz; Miguel Ángel Lemus y Salvador González y los otro tres implicados en el caso “La Línea” que fueron beneficiados por la jueza Sierra de Stalling.
También se giró una orden de captura contra Luis Mendizábal, dueño de la Boutique Emilio, quien tiene alerta roja en Interpol porque según las investigaciones hay escuchas telefónicas del 16 de abril entre Mendizábal y Francisco Javier Ortiz en las que hablaban de los pagos de las fianzas y aseguran tener abogados con buenos contactos.
Dentro de la investigación realizada para desarticular a la banda criminal denominada “La Línea” se mencionaba a la Boutique Emilio, como uno de los centros de operaciones de los cabecillas de la estructura, en donde supuestamente se repartían el dinero producto del contrabando y la defraudación a la Superintendencia de Administración Tributaria. Dicho negocio fue allanado en abril, pero según las autoridades en ese momento no se tenían los argumentos para ordenar la captura de Mendizábal, acción que se logro concretar con las escuchas donde planificaban las fianzas de los implicados.