Lo anterior de inmediato fue considerado un dato manipulado pues la realidad señalaba otra cosa. Según un análisis del Programa de Opinión Pública de la Universidad Rafael Landívar, de manera general los expertos evaluaron la gestión gubernamental del tercer año de Pérez con una nota de 3.7 sobre 10 puntos.
Esos tres años no estuvieron exentos de polémicas y decepción de la ciudadanía, sobre todo porque no se había cumplido a cabalidad las expectativas acerca de seguridad. Se sabe que la gente votó por el Partido Patriota (PP) con la idea que la violencia que impera en el país terminaría, según sus mismos ofrecimientos.
Contrastando con lo anterior, Baldetti siempre aparecía en los medios con un tono informal y hasta despreocupado. En los tres años que llevaba en el cargo de vicepresidenta, la primera mujer en lograrlo, se hicieron célebres sus frases incoherentes e irrespetuosas (“se los juro por la vida de mi mamá que está muerta”, “¿está fisiquín o no está fisiquín”, “es más barato viajar a Europa que a Petén”, “el hospital Federico Mora está re bonito”).
Presagio de lo que venía
Un hecho que hizo que empezara la cadena de escándalos que culminaron con su renuncia, fue cuando Baldetti se involucró en la supuesta recuperación del Lago de Amatitlán, que lleva mucho tiempo tratando de ser saneado.
La vicemandataria en marzo pasado aseguró que tenía la solución para el problema. Se trataba de la contratación por Q137.8 millones de una empresa israelí que por medio de una fórmula química acabaría con la contaminación de dicho lago.
Finalmente, tuvo que dar marcha atrás y luego dicho contrato fue declarado nocivo porque se trataba principalmente de agua con sal.
Como corolario, los Q22.8 millones que se dieron como adelanto todavía no se han recuperado y se han emprendido acciones legales para su devolución. Además la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público accionarán contra la empresa extranjera.
Se acercaba la tormenta
Al acercarse el plazo que se tenía de prorrogar o no el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en reiteradas ocasiones tanto Baldetti como Pérez mostraron su oposición para que continuara. Muchos eran los observadores que consideraban que era el fin de dicha comisión.
Esta situación tuvo un giro a inicios de marzo con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joel Biden. Luego de que se anunciara que el gobierno de Barack Obama favorecería con US$1000 millones al año a Honduras, Guatemala y Nicaragua, como parte del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, la visita inició con optimismo. Dicho dinero debería ser usado para combatir la pobreza y la violencia y así detener la migración de menores hacia el norte.
Sin embargo, la visita y la promesa de ayuda se tornaron agridulces para Pérez pues Biden, antes de irse el 8 de marzo, dejó entrever que la permanencia de la Cicig era de gran importancia para que dicho plan y la ayuda económica fueran una realidad. Al asegurar que el combate a la corrupción eran una condicionante, Biden dijo que la Cicig debía continuar.
Como que no supiera lo que se avecinaba, el 15 de abril el Presidente Pérez se reunió con Omar Franco, entonces Superintendente de Administración tributaria, para hablar de la recaudación fiscal del primer trimestre. Como había ocurrido en los últimos tres años, no se habían cumplido las metas de recaudación.
En una conferencia de prensa, ambos funcionarios dieron explicaciones acerca de los pobres resultados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Una de las razones que enumeraron fue la imposiblidad de cobrar el impuesto a la telefonía incluido en el Presupuesto Nacional de la Nación, ya que había sido suspendido por la Corte de Constitucionalidad.
También dijeron que hubo una baja en la recaduación del Impuesto Sobre la Renta y que sospechaban que algunos contribuyentes falseaban los datos que presentaban, por lo que anunciaron se harían auditorías.
Llega el 16 de abril y La Línea queda al descubierto
Ese jueves en una coordinación conjunta entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la CICIG se capturó a Franco, jefe de la SAT que apenas un día antes había recibido, en cierta manera, el apoyo de Pérez. Por esa razón la población no le creyó cuando dijo que él estaba al tanto de los hallazgos acerca de la estructura de defraudación aduanera bautizada como La Línea.
También se capturó a Carlos Muñoz Roldán, ex titular de esa institución, así como a otras 19 personas, entre altos funcionarios, empleados y particulares. El número de detenidos fue subiendo conforme los días pasaron.
Baldetti estaba fuera del país acompañada por Monzón. Se disparó la desconfianza y Pérez tuvo que enfrentar solo el vendaval, y en primera instancia aseguró que él mismo había “ordenado” esta investigación.
Renuncias que debilitan
Conforme se sabían más detalles de la investigación, la indignación y el enojo de la sociedad crecía. Esto se vio agravado cuando finalmente Baldetti regresó el viernes 17 de abril pero no se dio a conocer, incluso Pérez mintió al respecto.
Cuando dio una conferencia de prensa dos días después, asegurando que había regresado ese día domingo, la videpresidenta se vio envuelta en una serie de contradicciones. Aunque primero dijo que ya sabía de la investigación de la Cicig, luego aseguró que ella se enteró del problema en Corea y además admitió que despidió a Monzón por teléfono para luego no saber qué pasó con él, por lo que sigue prófugo.
En medio de este escándalo ocurrió algo que reforzó la idea de que estábamos ante una crisis del Partido Patriota, que iniciaba a resquebrajarse. Su candidato presidencial Alejandro Sinibaldi renunció al partido y a su candidatura. Tuvo fuertes palabras para Baldetti, a quien acusó de “sabotear” su carrera hacia la presidencia.
A partir de allí, el clamor popular era que ella renunciara y fuera investigada también. A la opinión pública le parecía difícil creer que Baldetti no supiera acerca de las actividades ilícitas de su secretario privado. Esto pareció ser confirmado por las escuchas telefónicas de la Cicig que mencionaban a “la R”, “la 2” y “la señora”.
Para Raque Zelaya, directora de la Asocación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) la lenta respuesta de Baldetti provocó que su renuncia ya no fuera suficiente. La indignación había llegado a un punto donde se querían más cambios y la crisis institucional había llegado a ser muy grande. “La crispación de la gente es más que justificada”, opina la analista.
Otros miembros del gabinete que renunciaron en medio de sindicaciones de corrupción en sus carteras, fueron Erich Archila, ministro de Energía y Minas; Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación; Edi Juárez viceministro de seguridad; Michelle Martínez, ministra de Medio Ambiente; Ulises Anzueto exministro de la Defensa que también abandonó la dirección de la Secretaría de Investigación Estratégica. De forma extraoficial se menciona que a varios de los ministros se le retiró la visa de los Estados Unidos.
Estas renuncias se dieron sin dar muchas explicaciones, lo cual lleva el mensaje de que el gobierno “se desmorona”.
Pero todavía faltaba más
Como si no fuera suficiente lo anterior, hay otros escándalos alrededor de este Gobierno. El 7 de mayo se supo acerca del Bufete de la impunidad, estructura criminal integrada por abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales como jueces para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.
Este caso también fue presentado por el Ministerio Público y la Cicig ya que algunos implicados en La Línea habían sido favorecidos por este grupo.
Para agravar todavía más la situación, el 20 de mayo el MP y la Cicig participaron en el operativo de la captura a integrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación y Adjudicación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre ellos el presidente de esta institución, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, quien fue secretario privado de Pérez. También se capturó a Julio Suárez, presidente del Banco de Guatemala.
Ellos fueron sindicados de aprobar y avalar el contrato irregular suscrito con la droguería PISA para proporcionar servicios de diálisis peritoneal. Como consecuencia de estas actividades, los involucrados pudieron haber recibido jugosas comisiones ilegales. Además, varios pacientes murieron como resultado de la mala calidad de del servicio prestado por PISA.
A esto hay que sumarle algunos contratos del gobierno que ya fueron considerados lesivos, además del que involucraba al Lago de Amatitlán y el de PISA. Hay otro contrato en el IGSS para la construcción de la Ciudad de la Salud con inversión prevista es de Q3,500 millones para construir un complejo con cuatro hospitales.
También se menciona un contrato para el arrendamiento de parqueos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, así como el proyecto, construcción y operación de terminal de combustible de aviación adyacente al aeropuerto internacional la Aurora, otro de la Dirección General de Migración relacionado al servicio técnico especializado para modernizar el registro y documentación del control migratorio.
En el Registro Nacional de las Personas (RENAP) se detectaron compras por Q1 millón en toner para impresoras y se recibieron cartuchos no originales y sobrevalorados, y en la Federación Nacional de Tenis de Mesa hubo compras por Q500 mil a empresas de los directivos de esa federación, por este caso también se anunciaron acciones judiciales. En total son ocho contratos que la Contraloría General de Cuentas no dio su aval, además de las denuncias en los medios de comunicación de actos de corrupción en varios ministerios.
La ciudadanía percibe falta de valores
Ya en la última semana de mayo, sigue la incertidumbre de qué va a pasar con este gobierno en los últimos siete meses que le quedan. De parte de algunos sectores se opina que Pérez Molina debe renunciar ya que está de alguna manera relacionado con los temas que se han ido descubriendo. Muchos de los capturados fueron nombrados o elegidos por él. Los rumores de su dimisión son muy fuertes.
Pero otros temen que su renuncia provoque un cisma aún mayor y se dañe la institucionalidad. Algunos consideran que el sucesor de Baldetti, Alejandro Maldonado Aguirre, debe promover cambios que lleven a una estabilidad.
La población tiene una percepción de que este gobierno se ha desquebrajado y le ha fallado. Ha visto cómo la corrupción ha afectado los ingresos fiscales, la impartición de justicia y el derecho a la salud.
En el caso de la SAT, Zelaya señala que deben seguirse las medidas necesarias para rescatar la confianza del contribuyente aunque es un camino cuesta arriba. “Definitivamente hay un muro de escepticismo que sera difícil derrumbar”, señala.
Lo anterior se debe a que la bandera que se enarbola en las manifestaciones es la lucha contra la corrupción y los partidos deben tomar nota y prescindir de figuras polémicas.
Por su parte, Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), opina que el problema es que Pérez ha perdido toda legitimidad como cabeza del Ejecutivo, y prácticamente la totalidad de sus acciones están sometidas a la descalificación ciudadana.
Según el analista, la participación masiva en las manifestaciones le da legitimidad a las peticiones de que renuncie y que sea investigado. “Es urgente iniciar el diálogo sobre qué hacer y cómo hacerlo, ya que las complejidades políticas y jurídicas son altas”, opina. Por otra parte, considera positivo que la sociedad haya “despertado” y esté tan activa.
Lo anterior de inmediato fue considerado un dato manipulado pues la realidad señalaba otra cosa. Según un análisis del Programa de Opinión Pública de la Universidad Rafael Landívar, de manera general los expertos evaluaron la gestión gubernamental del tercer año de Pérez con una nota de 3.7 sobre 10 puntos.
Esos tres años no estuvieron exentos de polémicas y decepción de la ciudadanía, sobre todo porque no se había cumplido a cabalidad las expectativas acerca de seguridad. Se sabe que la gente votó por el Partido Patriota (PP) con la idea que la violencia que impera en el país terminaría, según sus mismos ofrecimientos.
Contrastando con lo anterior, Baldetti siempre aparecía en los medios con un tono informal y hasta despreocupado. En los tres años que llevaba en el cargo de vicepresidenta, la primera mujer en lograrlo, se hicieron célebres sus frases incoherentes e irrespetuosas (“se los juro por la vida de mi mamá que está muerta”, “¿está fisiquín o no está fisiquín”, “es más barato viajar a Europa que a Petén”, “el hospital Federico Mora está re bonito”).
Presagio de lo que venía
Un hecho que hizo que empezara la cadena de escándalos que culminaron con su renuncia, fue cuando Baldetti se involucró en la supuesta recuperación del Lago de Amatitlán, que lleva mucho tiempo tratando de ser saneado.
La vicemandataria en marzo pasado aseguró que tenía la solución para el problema. Se trataba de la contratación por Q137.8 millones de una empresa israelí que por medio de una fórmula química acabaría con la contaminación de dicho lago.
Finalmente, tuvo que dar marcha atrás y luego dicho contrato fue declarado nocivo porque se trataba principalmente de agua con sal.
Como corolario, los Q22.8 millones que se dieron como adelanto todavía no se han recuperado y se han emprendido acciones legales para su devolución. Además la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público accionarán contra la empresa extranjera.
Se acercaba la tormenta
Al acercarse el plazo que se tenía de prorrogar o no el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en reiteradas ocasiones tanto Baldetti como Pérez mostraron su oposición para que continuara. Muchos eran los observadores que consideraban que era el fin de dicha comisión.
Esta situación tuvo un giro a inicios de marzo con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joel Biden. Luego de que se anunciara que el gobierno de Barack Obama favorecería con US$1000 millones al año a Honduras, Guatemala y Nicaragua, como parte del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, la visita inició con optimismo. Dicho dinero debería ser usado para combatir la pobreza y la violencia y así detener la migración de menores hacia el norte.
Sin embargo, la visita y la promesa de ayuda se tornaron agridulces para Pérez pues Biden, antes de irse el 8 de marzo, dejó entrever que la permanencia de la Cicig era de gran importancia para que dicho plan y la ayuda económica fueran una realidad. Al asegurar que el combate a la corrupción eran una condicionante, Biden dijo que la Cicig debía continuar.
Como que no supiera lo que se avecinaba, el 15 de abril el Presidente Pérez se reunió con Omar Franco, entonces Superintendente de Administración tributaria, para hablar de la recaudación fiscal del primer trimestre. Como había ocurrido en los últimos tres años, no se habían cumplido las metas de recaudación.
En una conferencia de prensa, ambos funcionarios dieron explicaciones acerca de los pobres resultados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Una de las razones que enumeraron fue la imposiblidad de cobrar el impuesto a la telefonía incluido en el Presupuesto Nacional de la Nación, ya que había sido suspendido por la Corte de Constitucionalidad.
También dijeron que hubo una baja en la recaduación del Impuesto Sobre la Renta y que sospechaban que algunos contribuyentes falseaban los datos que presentaban, por lo que anunciaron se harían auditorías.
Llega el 16 de abril y La Línea queda al descubierto
Ese jueves en una coordinación conjunta entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la CICIG se capturó a Franco, jefe de la SAT que apenas un día antes había recibido, en cierta manera, el apoyo de Pérez. Por esa razón la población no le creyó cuando dijo que él estaba al tanto de los hallazgos acerca de la estructura de defraudación aduanera bautizada como La Línea.
También se capturó a Carlos Muñoz Roldán, ex titular de esa institución, así como a otras 19 personas, entre altos funcionarios, empleados y particulares. El número de detenidos fue subiendo conforme los días pasaron.
Baldetti estaba fuera del país acompañada por Monzón. Se disparó la desconfianza y Pérez tuvo que enfrentar solo el vendaval, y en primera instancia aseguró que él mismo había “ordenado” esta investigación.
Renuncias que debilitan
Conforme se sabían más detalles de la investigación, la indignación y el enojo de la sociedad crecía. Esto se vio agravado cuando finalmente Baldetti regresó el viernes 17 de abril pero no se dio a conocer, incluso Pérez mintió al respecto.
Cuando dio una conferencia de prensa dos días después, asegurando que había regresado ese día domingo, la videpresidenta se vio envuelta en una serie de contradicciones. Aunque primero dijo que ya sabía de la investigación de la Cicig, luego aseguró que ella se enteró del problema en Corea y además admitió que despidió a Monzón por teléfono para luego no saber qué pasó con él, por lo que sigue prófugo.
En medio de este escándalo ocurrió algo que reforzó la idea de que estábamos ante una crisis del Partido Patriota, que iniciaba a resquebrajarse. Su candidato presidencial Alejandro Sinibaldi renunció al partido y a su candidatura. Tuvo fuertes palabras para Baldetti, a quien acusó de “sabotear” su carrera hacia la presidencia.
A partir de allí, el clamor popular era que ella renunciara y fuera investigada también. A la opinión pública le parecía difícil creer que Baldetti no supiera acerca de las actividades ilícitas de su secretario privado. Esto pareció ser confirmado por las escuchas telefónicas de la Cicig que mencionaban a “la R”, “la 2” y “la señora”.
Para Raque Zelaya, directora de la Asocación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) la lenta respuesta de Baldetti provocó que su renuncia ya no fuera suficiente. La indignación había llegado a un punto donde se querían más cambios y la crisis institucional había llegado a ser muy grande. “La crispación de la gente es más que justificada”, opina la analista.
Otros miembros del gabinete que renunciaron en medio de sindicaciones de corrupción en sus carteras, fueron Erich Archila, ministro de Energía y Minas; Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación; Edi Juárez viceministro de seguridad; Michelle Martínez, ministra de Medio Ambiente; Ulises Anzueto exministro de la Defensa que también abandonó la dirección de la Secretaría de Investigación Estratégica. De forma extraoficial se menciona que a varios de los ministros se le retiró la visa de los Estados Unidos.
Estas renuncias se dieron sin dar muchas explicaciones, lo cual lleva el mensaje de que el gobierno “se desmorona”.
Pero todavía faltaba más
Como si no fuera suficiente lo anterior, hay otros escándalos alrededor de este Gobierno. El 7 de mayo se supo acerca del Bufete de la impunidad, estructura criminal integrada por abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales como jueces para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.
Este caso también fue presentado por el Ministerio Público y la Cicig ya que algunos implicados en La Línea habían sido favorecidos por este grupo.
Para agravar todavía más la situación, el 20 de mayo el MP y la Cicig participaron en el operativo de la captura a integrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación y Adjudicación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre ellos el presidente de esta institución, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, quien fue secretario privado de Pérez. También se capturó a Julio Suárez, presidente del Banco de Guatemala.
Ellos fueron sindicados de aprobar y avalar el contrato irregular suscrito con la droguería PISA para proporcionar servicios de diálisis peritoneal. Como consecuencia de estas actividades, los involucrados pudieron haber recibido jugosas comisiones ilegales. Además, varios pacientes murieron como resultado de la mala calidad de del servicio prestado por PISA.
A esto hay que sumarle algunos contratos del gobierno que ya fueron considerados lesivos, además del que involucraba al Lago de Amatitlán y el de PISA. Hay otro contrato en el IGSS para la construcción de la Ciudad de la Salud con inversión prevista es de Q3,500 millones para construir un complejo con cuatro hospitales.
También se menciona un contrato para el arrendamiento de parqueos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, así como el proyecto, construcción y operación de terminal de combustible de aviación adyacente al aeropuerto internacional la Aurora, otro de la Dirección General de Migración relacionado al servicio técnico especializado para modernizar el registro y documentación del control migratorio.
En el Registro Nacional de las Personas (RENAP) se detectaron compras por Q1 millón en toner para impresoras y se recibieron cartuchos no originales y sobrevalorados, y en la Federación Nacional de Tenis de Mesa hubo compras por Q500 mil a empresas de los directivos de esa federación, por este caso también se anunciaron acciones judiciales. En total son ocho contratos que la Contraloría General de Cuentas no dio su aval, además de las denuncias en los medios de comunicación de actos de corrupción en varios ministerios.
La ciudadanía percibe falta de valores
Ya en la última semana de mayo, sigue la incertidumbre de qué va a pasar con este gobierno en los últimos siete meses que le quedan. De parte de algunos sectores se opina que Pérez Molina debe renunciar ya que está de alguna manera relacionado con los temas que se han ido descubriendo. Muchos de los capturados fueron nombrados o elegidos por él. Los rumores de su dimisión son muy fuertes.
Pero otros temen que su renuncia provoque un cisma aún mayor y se dañe la institucionalidad. Algunos consideran que el sucesor de Baldetti, Alejandro Maldonado Aguirre, debe promover cambios que lleven a una estabilidad.
La población tiene una percepción de que este gobierno se ha desquebrajado y le ha fallado. Ha visto cómo la corrupción ha afectado los ingresos fiscales, la impartición de justicia y el derecho a la salud.
En el caso de la SAT, Zelaya señala que deben seguirse las medidas necesarias para rescatar la confianza del contribuyente aunque es un camino cuesta arriba. “Definitivamente hay un muro de escepticismo que sera difícil derrumbar”, señala.
Lo anterior se debe a que la bandera que se enarbola en las manifestaciones es la lucha contra la corrupción y los partidos deben tomar nota y prescindir de figuras polémicas.
Por su parte, Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), opina que el problema es que Pérez ha perdido toda legitimidad como cabeza del Ejecutivo, y prácticamente la totalidad de sus acciones están sometidas a la descalificación ciudadana.
Según el analista, la participación masiva en las manifestaciones le da legitimidad a las peticiones de que renuncie y que sea investigado. “Es urgente iniciar el diálogo sobre qué hacer y cómo hacerlo, ya que las complejidades políticas y jurídicas son altas”, opina. Por otra parte, considera positivo que la sociedad haya “despertado” y esté tan activa.