Ante la titular del Juzgado Sexto Penal, la jueza Silvia de León, se reinició la audiencia de primera declaración de los 17 capturados por las supuestas anomalías en el contrato de Q116 millones adjudicado a la empresa farmacéutica PISA por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El viernes, en el inicio de la audiencia, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Publico, presentó la acusación contra los sindicados y se hicieron públicas varias escuchas telefónicas, donde se evidenció negociaciones para favorecer con el contrato a PISA. Los argumentos de los abogados defensores de dos señalados también fueron escuchados.
Mientras el proceso judicial sigue su curso en la Torre de Tribunales, en las afueras un grupo de personas manifestaban pidiendo la liberación del presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez. Gritaban que los capturados eran inocentes.
Los implicados en el caso son los integrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación y Adjudicación del IGSS. Otros implicados son Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la jueza Marta Stalling, quien fungía como asesor del IGSS y Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, trabajador de la droguería PISA, que según las escuchas se comprometieron con directivos de la droguería para lograr que la adjudicación del contrato se aprobara a su favor, el cual ascendía a la suma de Q116.2 millones. A través de escuchas telefónicas se determinó que presuntamente se cobró a PISA entre el 15% y el 16% de comisión por el otorgamiento de dicho contrato.
Ante la titular del Juzgado Sexto Penal, la jueza Silvia de León, se reinició la audiencia de primera declaración de los 17 capturados por las supuestas anomalías en el contrato de Q116 millones adjudicado a la empresa farmacéutica PISA por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El viernes, en el inicio de la audiencia, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Publico, presentó la acusación contra los sindicados y se hicieron públicas varias escuchas telefónicas, donde se evidenció negociaciones para favorecer con el contrato a PISA. Los argumentos de los abogados defensores de dos señalados también fueron escuchados.
Mientras el proceso judicial sigue su curso en la Torre de Tribunales, en las afueras un grupo de personas manifestaban pidiendo la liberación del presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez. Gritaban que los capturados eran inocentes.
Los implicados en el caso son los integrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación y Adjudicación del IGSS. Otros implicados son Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la jueza Marta Stalling, quien fungía como asesor del IGSS y Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, trabajador de la droguería PISA, que según las escuchas se comprometieron con directivos de la droguería para lograr que la adjudicación del contrato se aprobara a su favor, el cual ascendía a la suma de Q116.2 millones. A través de escuchas telefónicas se determinó que presuntamente se cobró a PISA entre el 15% y el 16% de comisión por el otorgamiento de dicho contrato.