El subsidio destinado para el transporte público, ha sido muy cuestionado, pero lo justifican como un mal necesario para que no se le incremente el costo al pasaje. Miles de capitalinos usan todos los días este servicio importante de traslado, sin embargo, la ineficiencia del servicio se ve a simple vista.
Según estadísticas de la Procuraduría de Derechos Humanos, en lo que va del año 700 pilotos han sido asesinados, producto de las extorsiones de maras. Esto se podría evitar si se agilizara el sistema prepago para que los pilotos no manejaran dinero en efectivo.
Un informe presentado en julio 2008 acerca de los subsidios en el presupuesto del Gobierno de Guatemala, ya alertaba sobre esa situación y colocó el tema del que se entrega a la Asociacion de Empresas de Autobuses Urbanos dentro de la categoría de “algunos subsidios que potencialmente podrían generar externalidades negativas”.
En el informe se cita que “el inventario de subsidios en Guatemala esconde un problema preocupante: la debilidad institucional para administrar adecuadamente los recursos públicos que por norma deberían brindar oportunidades a los más vulnerables”.
Llama la atención que en ese momento, hace siete años para ser más precisos, se mencionó que “existe la posibilidad de que la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) siga recibiendo este subsidio y no se busque mecanismos alternativos. Además, el subsidio se otorga a las empresas, por lo que ellas no (lo trasladan a) los principales beneficiadas y son los ciudadanos de la tercera edad”.
Los antecedentes de la AEAU en el manejo de esos fondos es cuestionado desde antes. Cuando se impulsó la creación del sistema de Transurbano, los empresarios involucrados en el negocio fueron acusados por la CGC de malos manejos de Q600 millones recibidos en concepto de subsidio. La denuncia fue contra Rudy Maldonado, Luis Gómez, Victor Figueroa, Óscar Rossi y Mario Vargas, todos integrantes de esa asociación.
Informes de auditoría revelan que el subsidio de Q600 millones que el Estado otorgó a los transportistas entre 2005 y 2007 carecía de libros auxiliares de bancos, registros contables, y controles que garanticen la inversión del subsidio otorgado con fondos públicos.
Además, la abogada Karen Fischer exfiscal contra la corrupción, planteó denuncias penales en contra del presidente Álvaro Colom, el alcalde Álvaro Arzú, Juan Alberto Fuentes, exministro de Finanzas y el resto de integrantes del gabinete a quienes acusó de no resguardar los intereses nacionales y los señaló de adquirir tres mil buses sobrevalorados a razón de US$150 millones.
La abogada argumentó que el precio en el mercado de esas unidades ascendía a US$76 mil, sin embargo la AEAU en contubernio con el gobierno central, los adquirió a US126 mil sin impuestos, sobrevaloración que rondaba los US$50 mil por unidad.
Persisten los malos manejos
Es hasta este año que las autoridades de la CGC accionaron en contra de la AEAU penalmente tras detectar que con los recursos asignados durante 2014 fueron adquiridos bienes por Q102.5 millones para la implementación de este Sistema Prepago que se mantienen en bodegas deteriorandose y no han sido instalados en las unidades que prestan el servicio de transporte público colectivo urbano.
Los hallazgos de la auditoría indican que hay mal uso de recursos provenientes del subsidio que se concede al sistema en mención, las unidades que prestan el servicio no llenan las garantías de seguridad y eficacia que necesitan los usuarios, esto mientras los bolsillos de los empresarios siguen engrosándose y además, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó el 17 de octubre de 2013 que el subsidio debe ser entregado a todos los transportistas que prestan el servicios siempre y cuando estén registrados.
Se trata de Q102.5 millones invertidos que podrían quedar obsoletos y dañar el equipo electrónico del sistema según la CGC. Según la auditoría de ese monto se destinaron para la compra de 2 mil 500 sistemas satelitales de posicionamiento global un total de Q11 millones; igual cantidad de validadores para autobuses que costaron Q69.5 millones; torniquetes de entrada por Q6.8 millones y torniquetes de salida en Q6.4 millones.
También se gastó en gabinetes de acero, puertas para discapacitados, cajeros automáticos y antenas, entre otros, pero no se consignó el parque vehicular registrado en la Superintendencia de Transporte Público regulador para su modernización.
La adquisición de estos bienes se hizo mediante cuatro convenios, el primero por un valor de Q50 millones, el segundo por Q55 millones, el tercero fue de Q85 millones y un último de Q80 millones emitido en agosto 2012, dinero que ya fue entregado según el Ministerio de Finanzas.
Esos últimos Q80 millones estaban asignados en el presupuesto 2012 y no era necesario ejecutarlos porque no estaban los buses y sin embargo el dinero se ejecutó.
“El presidente y representante legal y los miembros de la junta directiva de la AEAU, deben buscar los mecanismos financieros para la finalización de la implementación del sistema prepago para que los bienes adquiridos no se deterioren y sufran obsolescencia”, agregó.
El titular de la CGC dijo que a la brevedad debe continuar la modernización del sistema prepago en la flota respectiva y que está registrado ante el ente regulador que presta el servicio en la ciudad.
Los representantes de la AEAU argumentan que se revisó y dictaminó la verificación física del inventario del equipo prepago y el proyecto se cerró por parte del delegado de la CGC. Ellos dan por auditado el tema.
“Puntualizamos la información que se trasladó en su oportunidad en el transcurso del ejercicio de auditoría, sobre el seguimiento de la Implementación del Sistema Prepago en los buses urbano de la ciudad de Guatemala donde se le informó que en la actualidad ya está implementada y funcionando en un cien por ciento la plataforma tecnológica y de comunicaciones”, añaden los representantes en la argumentación ante la CGC.
Incluso, afirman que hay una logística de distribución de tarjetas para el usuario del sistema, control y monitoreo de flota y un porcentaje del 20 por ciento de la flota actual de unidades sustituidas, de lo cual afirman, lo reportaron al Ministerio de Finanzas (Minfin).
Los alegatos indican que le reportaron a las autoridades de esa dependencia que “por la magnitud del proyecto, este se iba a implementar en distintas fases, que por motivos de contar con una tarifa baja en la prestación del servicio y los altos endeudamientos que produce el alto costo de operación del nuevo sistema y por depender de un aporte de subsidio que ha tenido atrasos en estos últimos años”.
Los representantes de la AEAU le solicitaron a la CGC desvanecer dicho hallazgo, y afirman que no aplica la obsolescencia porque implementaron la plataforma tecnológica está implementada en un cien por ciento y funcionan los ejes y equipo para las estaciones.
Incluso afirman que se trata de en las unidades hay modelos compatibles con la plataforma instalada y que el equipo que permanece en resguardo, “se está adicionando las nuevas rutas”.
Rechazan argumentos
Lo anterior no convenció a la CGC y sus representantes confirmaron el hallazgo. Los auditores aseguran que los activos están quedando obsoletos y en deterioro y que evaluaron la continuidad de la implementación del sistema prepago de forma total y no partes.
Los auditores incluso aseveran que no hay una planificación detallada en donde se expongan las metas a corto y mediano plazo, situación que riñe con la urgencia de modernizar ese sistema de transporte, razón por la que procedieron a presentar una denuncia penal en contra de Rudy Leonel Maldonado, presidente y representante legal de la AEAU, junto a los tesoreros Mario Vargas y Oscar Rossi por Q102.5 millones de forma mancomunada.
La AEAU fue denunciada y sancionada por utilizar bienes adquiridos sin utilizar, pagos en exceso por distribución incorrecta, pagos improcedentes, deficiencias en proceso de licitación y deficiencias en documentos de soportes.
Esa organización fue constituida en 1961 y la función que tiene registrada es “brindar servicios de transporte urbano con tecnología de punta, que permita alcanzar la modernización en esta área de servicio público a nivel nacional, integrando los elementos tecnológicos y humanos necesarios que contribuyan al logro de la visión, cobrando tarifas reales y alcanzando beneficios financieros sostenibles para sus asociados, que contribuyan a lograr sus objetivos”.
La Contraloría implementó dicha auditoría para determinar la correcta distribución de los fondos públicos en concepto de subsidio de combustible, evaluar la estructura de control interno de la entidad, relacionado a la administración de los fondos públicos provenientes del Estado, entre otros.
Denunciaron con antelación
“En los anteriores informes sólo habían deficiencias de control interno y sancionaban a cada directivo con Q25 mil o Q40 mil, que al final tenían hasta 90 por ciento de descuento y entonces seguía así esa situación”, manifestó.
Añadió que desde 2010 había unidades inactivas pero “se perdió el expediente” con las denuncias planteadas. Incluso pidieron una auditoría especial en 2013 por esa situación y esperan que se localice el documento en mención.
“El vicepresidente de la AEAU Luis Gómez, ya fue denunciado el 28 de mayo 2012 en el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito, extorsión a los transportistas, apropiación indebida de recursos y demás corrupción, esto llora sangre”.
El subsidio destinado para el transporte público, ha sido muy cuestionado, pero lo justifican como un mal necesario para que no se le incremente el costo al pasaje. Miles de capitalinos usan todos los días este servicio importante de traslado, sin embargo, la ineficiencia del servicio se ve a simple vista.
Según estadísticas de la Procuraduría de Derechos Humanos, en lo que va del año 700 pilotos han sido asesinados, producto de las extorsiones de maras. Esto se podría evitar si se agilizara el sistema prepago para que los pilotos no manejaran dinero en efectivo.
Un informe presentado en julio 2008 acerca de los subsidios en el presupuesto del Gobierno de Guatemala, ya alertaba sobre esa situación y colocó el tema del que se entrega a la Asociacion de Empresas de Autobuses Urbanos dentro de la categoría de “algunos subsidios que potencialmente podrían generar externalidades negativas”.
En el informe se cita que “el inventario de subsidios en Guatemala esconde un problema preocupante: la debilidad institucional para administrar adecuadamente los recursos públicos que por norma deberían brindar oportunidades a los más vulnerables”.
Llama la atención que en ese momento, hace siete años para ser más precisos, se mencionó que “existe la posibilidad de que la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) siga recibiendo este subsidio y no se busque mecanismos alternativos. Además, el subsidio se otorga a las empresas, por lo que ellas no (lo trasladan a) los principales beneficiadas y son los ciudadanos de la tercera edad”.
Los antecedentes de la AEAU en el manejo de esos fondos es cuestionado desde antes. Cuando se impulsó la creación del sistema de Transurbano, los empresarios involucrados en el negocio fueron acusados por la CGC de malos manejos de Q600 millones recibidos en concepto de subsidio. La denuncia fue contra Rudy Maldonado, Luis Gómez, Victor Figueroa, Óscar Rossi y Mario Vargas, todos integrantes de esa asociación.
Informes de auditoría revelan que el subsidio de Q600 millones que el Estado otorgó a los transportistas entre 2005 y 2007 carecía de libros auxiliares de bancos, registros contables, y controles que garanticen la inversión del subsidio otorgado con fondos públicos.
Además, la abogada Karen Fischer exfiscal contra la corrupción, planteó denuncias penales en contra del presidente Álvaro Colom, el alcalde Álvaro Arzú, Juan Alberto Fuentes, exministro de Finanzas y el resto de integrantes del gabinete a quienes acusó de no resguardar los intereses nacionales y los señaló de adquirir tres mil buses sobrevalorados a razón de US$150 millones.
La abogada argumentó que el precio en el mercado de esas unidades ascendía a US$76 mil, sin embargo la AEAU en contubernio con el gobierno central, los adquirió a US126 mil sin impuestos, sobrevaloración que rondaba los US$50 mil por unidad.
Persisten los malos manejos
Es hasta este año que las autoridades de la CGC accionaron en contra de la AEAU penalmente tras detectar que con los recursos asignados durante 2014 fueron adquiridos bienes por Q102.5 millones para la implementación de este Sistema Prepago que se mantienen en bodegas deteriorandose y no han sido instalados en las unidades que prestan el servicio de transporte público colectivo urbano.
Los hallazgos de la auditoría indican que hay mal uso de recursos provenientes del subsidio que se concede al sistema en mención, las unidades que prestan el servicio no llenan las garantías de seguridad y eficacia que necesitan los usuarios, esto mientras los bolsillos de los empresarios siguen engrosándose y además, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó el 17 de octubre de 2013 que el subsidio debe ser entregado a todos los transportistas que prestan el servicios siempre y cuando estén registrados.
Se trata de Q102.5 millones invertidos que podrían quedar obsoletos y dañar el equipo electrónico del sistema según la CGC. Según la auditoría de ese monto se destinaron para la compra de 2 mil 500 sistemas satelitales de posicionamiento global un total de Q11 millones; igual cantidad de validadores para autobuses que costaron Q69.5 millones; torniquetes de entrada por Q6.8 millones y torniquetes de salida en Q6.4 millones.
También se gastó en gabinetes de acero, puertas para discapacitados, cajeros automáticos y antenas, entre otros, pero no se consignó el parque vehicular registrado en la Superintendencia de Transporte Público regulador para su modernización.
La adquisición de estos bienes se hizo mediante cuatro convenios, el primero por un valor de Q50 millones, el segundo por Q55 millones, el tercero fue de Q85 millones y un último de Q80 millones emitido en agosto 2012, dinero que ya fue entregado según el Ministerio de Finanzas.
Esos últimos Q80 millones estaban asignados en el presupuesto 2012 y no era necesario ejecutarlos porque no estaban los buses y sin embargo el dinero se ejecutó.
“El presidente y representante legal y los miembros de la junta directiva de la AEAU, deben buscar los mecanismos financieros para la finalización de la implementación del sistema prepago para que los bienes adquiridos no se deterioren y sufran obsolescencia”, agregó.
El titular de la CGC dijo que a la brevedad debe continuar la modernización del sistema prepago en la flota respectiva y que está registrado ante el ente regulador que presta el servicio en la ciudad.
Los representantes de la AEAU argumentan que se revisó y dictaminó la verificación física del inventario del equipo prepago y el proyecto se cerró por parte del delegado de la CGC. Ellos dan por auditado el tema.
“Puntualizamos la información que se trasladó en su oportunidad en el transcurso del ejercicio de auditoría, sobre el seguimiento de la Implementación del Sistema Prepago en los buses urbano de la ciudad de Guatemala donde se le informó que en la actualidad ya está implementada y funcionando en un cien por ciento la plataforma tecnológica y de comunicaciones”, añaden los representantes en la argumentación ante la CGC.
Incluso, afirman que hay una logística de distribución de tarjetas para el usuario del sistema, control y monitoreo de flota y un porcentaje del 20 por ciento de la flota actual de unidades sustituidas, de lo cual afirman, lo reportaron al Ministerio de Finanzas (Minfin).
Los alegatos indican que le reportaron a las autoridades de esa dependencia que “por la magnitud del proyecto, este se iba a implementar en distintas fases, que por motivos de contar con una tarifa baja en la prestación del servicio y los altos endeudamientos que produce el alto costo de operación del nuevo sistema y por depender de un aporte de subsidio que ha tenido atrasos en estos últimos años”.
Los representantes de la AEAU le solicitaron a la CGC desvanecer dicho hallazgo, y afirman que no aplica la obsolescencia porque implementaron la plataforma tecnológica está implementada en un cien por ciento y funcionan los ejes y equipo para las estaciones.
Incluso afirman que se trata de en las unidades hay modelos compatibles con la plataforma instalada y que el equipo que permanece en resguardo, “se está adicionando las nuevas rutas”.
Rechazan argumentos
Lo anterior no convenció a la CGC y sus representantes confirmaron el hallazgo. Los auditores aseguran que los activos están quedando obsoletos y en deterioro y que evaluaron la continuidad de la implementación del sistema prepago de forma total y no partes.
Los auditores incluso aseveran que no hay una planificación detallada en donde se expongan las metas a corto y mediano plazo, situación que riñe con la urgencia de modernizar ese sistema de transporte, razón por la que procedieron a presentar una denuncia penal en contra de Rudy Leonel Maldonado, presidente y representante legal de la AEAU, junto a los tesoreros Mario Vargas y Oscar Rossi por Q102.5 millones de forma mancomunada.
La AEAU fue denunciada y sancionada por utilizar bienes adquiridos sin utilizar, pagos en exceso por distribución incorrecta, pagos improcedentes, deficiencias en proceso de licitación y deficiencias en documentos de soportes.
Esa organización fue constituida en 1961 y la función que tiene registrada es “brindar servicios de transporte urbano con tecnología de punta, que permita alcanzar la modernización en esta área de servicio público a nivel nacional, integrando los elementos tecnológicos y humanos necesarios que contribuyan al logro de la visión, cobrando tarifas reales y alcanzando beneficios financieros sostenibles para sus asociados, que contribuyan a lograr sus objetivos”.
La Contraloría implementó dicha auditoría para determinar la correcta distribución de los fondos públicos en concepto de subsidio de combustible, evaluar la estructura de control interno de la entidad, relacionado a la administración de los fondos públicos provenientes del Estado, entre otros.
Denunciaron con antelación
“En los anteriores informes sólo habían deficiencias de control interno y sancionaban a cada directivo con Q25 mil o Q40 mil, que al final tenían hasta 90 por ciento de descuento y entonces seguía así esa situación”, manifestó.
Añadió que desde 2010 había unidades inactivas pero “se perdió el expediente” con las denuncias planteadas. Incluso pidieron una auditoría especial en 2013 por esa situación y esperan que se localice el documento en mención.
“El vicepresidente de la AEAU Luis Gómez, ya fue denunciado el 28 de mayo 2012 en el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito, extorsión a los transportistas, apropiación indebida de recursos y demás corrupción, esto llora sangre”.