En una audiencia que se desarrolla en el Juzgado Sexto de Instancia Penal, familiares de las víctimas renales que murieron en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por mala atención, solicitaron ser querellantes en el caso IGSS-PISA.
El Ministerio Público (MP) estuvo de acuerdo para que adhieran al caso a los familiares afectados y sean parte del proceso. Por este, se encuentran en prisión preventiva el expresidente de la Junta Directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, y Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, así como otras 15 personas más, quienes son señaladas de fraude. El deficiente servicio prestado por la farmacéutica PISA cobró la vida de 15 personas que sufrían deficiencia renal.
Las investigaciones realizadas por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad Guatemala (CICIG), a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lograron determinar las negociaciones para obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario con la farmacéutica PISA, para brindar el servicio a pacientes renales del Seguro Social.
En una audiencia que se desarrolla en el Juzgado Sexto de Instancia Penal, familiares de las víctimas renales que murieron en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por mala atención, solicitaron ser querellantes en el caso IGSS-PISA.
El Ministerio Público (MP) estuvo de acuerdo para que adhieran al caso a los familiares afectados y sean parte del proceso. Por este, se encuentran en prisión preventiva el expresidente de la Junta Directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, y Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, así como otras 15 personas más, quienes son señaladas de fraude. El deficiente servicio prestado por la farmacéutica PISA cobró la vida de 15 personas que sufrían deficiencia renal.
Las investigaciones realizadas por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad Guatemala (CICIG), a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lograron determinar las negociaciones para obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario con la farmacéutica PISA, para brindar el servicio a pacientes renales del Seguro Social.