No hay duda de que la transparencia es un tema pendiente en el país, y no solamente en las autoridades de Gobierno. Se trata de un compromiso que todos los actores debemos asumir, incluidos los medios de comunicación.

En plena campaña electoral, un gesto de buena voluntad en las empresas de periodismo debería ser el rechazo a la propaganda electoral por parte de candidatos cuyo techo ya ha sido rebasado. De hecho, los mismos medios deben ser sometidos a escrutinio e, incluso, ser sancionados si se han prestado para contravenir lo estipulado en el artículo 21, inciso “e” de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se fija un límite en los gastos de la propaganda para este año.

Los medios de comunicación no deben ser únicamente canales de denuncia, sino también ejemplo de buena voluntad y de compromiso ético. Ante esto, un buen gesto de que son forjadores de democracia es hacer públicos los informes que el TSE exige sobre la propaganda pautada, y que haya un estricto cumplimiento en el registro de las tarifas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también está llamado a asumir su rol de fiscalizador y someter a cualquier infractor a las sanciones correspondientes. El máximo ente rector de los comicios no puede permitir que los partidos políticos abusen del sistema y se burlen de lo estipulado en el marco legal.

Existen ya claros indicios de que agrupaciones partidarias han superado el techo de campaña, por lo que el TSE no debe dudar en actuar de forma oportuna contra ellos. Esto, como una forma de aportar a la transparencia y al Estado Derecho, y también para sentar un precedente que sirva de disuasivo para los próximos procesos electorales.

En este tema, también la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tiene un rol protagónico. Desde este espacio, hacemos un llamado a que intervenga e investigue el financiamiento de los partidos políticos, así como los gastos efectuados hasta hoy en propaganda. En este último aspecto, es indispensable que se hagan pesquisas a todo nivel, con el propósito de hacer valer el imperio de la ley.