Hacer un análisis de la democracia en Guatemala es trabajo complicado porque no se puede llegar a conclusiones categóricas. Por una parte ha dado muestras de éxito, o al menos de estabilidad, permitiendo la transición pacífica del poder en siete ocasiones por medio de elecciones populares. Por la otra, mucho de su mal diseño institucional es de culpar por la crisis política en la que hoy nos encontramos. Cada cuatro años vamos a marcar papeletas para presidente, diputados, alcaldes, pero difícilmente podríamos decir que ellos nos representan. Pero vamos unos pasos más atrás y tratemos de entender qué es la democracia moderna. Ésta se puede explicar de dos formas: como un mecanismo de toma de decisiones y a la vez como una institución pública que exige el igualitarismo. Es un mecanismo de toma de decisiones porque la democracia se compone de un conjunto de normas que sirven para: 1. escoger a aquellas personas que van a tomar las decisiones que afecten al conglomerado social; y 2. determinar cómo esas personas electas deben tomar tales decisiones. Es una institución pública que exige igualitarismo porque hoy en día una sociedad que le prive a una persona el derecho a elegir o ser electa por cuestiones de raza, religión o género, no se puede llamar democrática. El pluralismo humano y el interés de cada uno de los grupos humanos de incidir en los destinos de un país hacen que hayan partidos políticos y que éstos sean la voz del pueblo. ¿Qué defectos encontramos en nuestra democracia? Varios. El financiamiento de los partidos políticos es uno de ellos. La dificultad de fiscalizar el origen de sus recursos ha permitido que el dinero del narcotráfico y el crimen organizado se filtren en nuestras instituciones públicas. Muchos proponen que el financiamiento político sea público, es decir que sólo el Estado, no los particulares, financie a los partidos con montos de dinero iguales. Pero el financiamiento público no es una opción. Primero porque es totalmente antidemocrático. Si se entiende a la democracia en su sentido básico, como la participación del pueblo en la vida pública, negar el financiamiento privado coartaría una de las formas de participación ciudadana en los asuntos públicos. Además llegaría a representar un enorme problema práctico-económico para el país. Si el Estado es el financista, el mismo deberá de elegir una de dos opciones: no poner límites al número de partidos que puedan inscribirse, lo que implicaría más gasto público que terminaría traduciéndose en más impuestos o más deuda pública. Esto además obligaría a los ciudadanos a financiar de manera indirecta a partidos que no apoya o incluso aborrece. La otra opción sería limitar el número de partidos que se pueden inscribir, lo que atenta contra los sagrados derechos a la libre asociación y participación política, lo cual sería manifiestamente antidemocrático. La solución al financiamiento ilícito de los partidos no se encuentra entonces en la prohibición de obtener recursos privados, sino en mejorar las herramientas que tienen tanto el Tribunal Supremo Electoral para castigar a los partidos que incumplen las normas electorales, como la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar el origen del dinero.