Da temor el hecho de que una serie de amenazas a la institucionalidad y al Estado de Derecho rodeen el proceso electoral 2015. Entre ellas, figuran los alrededor de 32 amparos que personas con señalamientos han presentado ante los juzgados, a fin de que se obligue a la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) a entregar los finiquitos. Con esto, el ente fiscalizador del Estado ha tenido que emitir, hasta el jueves pasado, 12 constancias con las que los aspirantes a cargos de elección popular pueden inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tanto el TSE como la CGCN deben empoderarse en el papel que les corresponde y no permitir que se postulen personas que tienen deudas con la justicia o cuya credibilidad es cuestionada por estar señalados en hechos de corrupción. El TSE tiene que romper el silencio y hacer valer la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Esta serie de amparos, no solo hace mucho daño a la credibilidad del proceso electoral, sino también se suma al hastío ciudadano sobre la falta de respuesta a su demanda de transparencia. Las voces de diferentes sectores sociales se han sumado para exigir que solo puedan aspirar a un cargo público quienes tengan la idoneidad, lo cual no ocurre con la mayoría de casos en los que se ha negado el finiquito. Es indispensable que se respete el debido proceso y evitar que se judicialice el camino a las urnas, el cual debería ser una fiesta ciudadana.

Otra clara amenaza en ese peculiar año electoral es la presión por las reformas. El artículo 256 de la ley vigente impide cualquier modificación toda vez se ha convocado a un proceso. Si bien es cierto, es necesario implementar cambios, estos no deben realizarse por capricho o como un atentado a la legalidad, a la que todos como guatemaltecos estamos llamados a respetar.