Como lo expusimos la semana pasada, la Catholic Organisation for Relief and Development Aid (Cordaid) es una organización internacional que colabora en las regiones vulnerables y las zonas de conflicto del mundo. En Guatemala tiene alrededor de 61 proyectos pero solo se puede acceder a información de 38 de ellos, en los que han invertido alrededor de 4.6 millones de euros en total.
Una de las organizaciones que trabajan con Cordaid en Guatemala es la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA). Según explica Nery Rodenas, Director Ejecutivo de la ODHA, en vista de que ellos son una instancia de la Iglesia Católica cuya misión es ” acompañar preferentemente a la población excluida, mediante la dotación de servicios eficaces y eficientes”, establecen alianzas con instancias afines.
Por lo anterior, señala que coinciden con Cordaid como instancias de Iglesia preocupadas por el bien común y una vida digna. Ambas entidades se basan en los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia.
La relación entre Cordaid y ODHAG data de hace un poco más de diez años. Han trabajado diversos proyectos de beneficio a las comunidades y sectores desprotegidos. Menciona por ejemplo Cultura de paz y prevención de violencia juvenil; Transformación pacífica de Conflictos; Derechos Humanos, Derechos de las mujeres, Participación ciudadana; y Derechos Humanos y Protección de los recursos naturales.
Sin embargo, el analista Miguel Castillo señala que en algunos proyectos de este tipo el escudo es que protegen los derechos de los desposeídos, pero en la práctica no apoyan la reconciliación, es una palabra que solo queda en el discurso. “Hay que recordar que hay estructuras que viven de esto, es una forma de vida. Si los conflictos terminan se acaban los financiamientos, por eso las organizaciones que los promueven se van expandiendo a todas las regiones del país”, puntualiza.
Los temas de los proyectos
De los 38 proyectos de Cordaid en Guatemala de los que hay información, 20 están catalogados como en temas “extractivos”; es decir, que se oponen a la proyectos de petróleo y minería. Por medio de estos proyectos las comunidades declaran su oposición de manera radical y el conflicto se agudiza.
Explica que la intervención que realiza la ODHAG es, en la mayoría de casos, a solicitud de las propias comunidades que buscan acompañamiento para la defensa de sus derechos y demandas.
Castillo opina que cuando proyectos de desarrollo que se instalan en distintas regiones, generalmente unos pobladores están a favor y otros en contra. Los fondos de los proyectos en realidad no se usan para solucionar las diferencias sino más bien para crear más divisionismo en las comunidades. Señala que la elección de los temas más tiene que ver con los fondos que vienen de entidades como Cordaid, que a su vez pertenece a una entidad más grande llamada red Cooperátion Internacionale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE), ó Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad.
“Desde que terminó la guerra fría el dinero en Europa estaba disponible para financiar temas como derechos del pueblo indígena y de medio ambiente”, asegura. En su opinión, por eso la Iglesia inició un proceso de análisis y de reconversión y adoptaron la endoculturación, que es la adaptación del mensaje de la Iglesia a los pueblos y áreas rurales, volviéndose su centro de interés.
Disfrazan los proyectos
Los proyectos de Cordaid son presentados de manera que no parecen problemáticos. Por ejemplo, el proyecto Promoción de la conciencia en los procesos electorales, que se lleva a cabo en Santa Rosa y Jalapa, dice promover la participación activa en el proceso electoral de 2015 en Guatemala. Aquí están involucrados la ODHAG y el Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores.
En su descripción, dice que con las próximas elecciones “hay una esperanza para mitigar los daños ambientales y mejorar la participación de las comunidades en la toma de decisiones”. Por lo tanto, se presenta este proyecto que tiene como objetivo capacitar a los líderes de las comunidades locales para que estén políticamente informados y capacitados para negociar y proteger sus derechos humanos.
También en Santa Rosa, específicamente en San Rafael Las Flores, Cordaid tiene tres proyectos más. Dos que llevan el mismo nombre, Monitoreo de la calidad del agua en Santa Rosa, a cargo del Colectivo Madre Selva; y otro denominado Derechos Humanos relacionados en con las operaciones mineras a cargo de la ODHA.
Aunque haya varias entidades trabajando con financiamiento (unos 246 mil euros solo en los proyectos mencionados) para propiciar el diálogo y la resolución de conflictos, el ambiente es tan tenso que los pobladores de San Rafael Las Flores tienen miedo de hablar. Uno de ellos señala que disfrazan los proyectos para recibir el financiamiento pero luego ya en la práctica son conflictivos. Con cierto temor dice están lejos de solucionar los problemas entre los que apoyan y los que no a la minería, que incluso provocaron el asesinato de una persona el año pasado.
“El asesino que estuvo en la cárcel ya salió, no se sabe cómo, por lo que tememos que siga la violencia contra los que no pensamos como ellos”, señala el informante anónimo que asegura que muchos prefieren mejor no participar ni dar su opinión.
¿Dónde surgen los conflictos?
A pesar de que dicen buscar el diálogo y la reconciliación, los proyectos que se oponen al desarrollo de hidroeléctricas e industrias extractivas suelen generar violencia y división en la comunidad. Por ejemplo, Héctor Herrera, personero de la empresa hidroeléctrica ubicada en el Municipio de San Pablo San Marcos, indica que igual son objeto de intimidaciones por parte de un pequeño grupo de pobladores.
Allí en las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público existe evidencia de la participación de los “pseudolíderes” que llegan a incitar a las comunidades para cometer delitos con tintes políticos.
Según Herrera, la cooperación internacional canalizada en distintas ONG fortalece a los líderes comunitarios que se oponen a proyectos. Como consecuencia, la población que está de acuerdo con el desarrollo de sus comunidades son amenazados con ser linchados y que sus casas va a ser quemadas, o que serán expulsados de sus comunidades. “Las dinámicas son parecidas a lo que pasó en Los Pajoques en San Juan Sacatepéquez y puede pasar en San Rafael Las Flores Santa Rosa”, dice.
Por los ataques que han sufrido a la instalaciones de la hidroeléctrica, Herrera asegura que “en San Pablo San Marcos no hay resistencia comunitaria, es terrorismo”.
El analista Castillo señala que la violencia y conflictividad con la que operan los grupos que reciben ayuda internacional se debe a que dentro de estos grupos predominan los personajes que tienen una enorme frustración. “No lograron lo que querían durante la guerra, siguen pensando de la misma manera”, opina. “Además, las violencia los pone en los medios de comunicación y eso les asegura el financiamiento”, concluye.
Por su parte, Rodenas de la ODHA considera que quienes opinan que algunos de los proyectos que apoyan generan conflictividad en realidad no conocen el trabajo concreto que se hacen en las comunidades. Asegura que la conflictividad no es generada por la comunidad sino por factores muchas veces externos, situaciones de imposición y no respeto de los derechos de los demás.
¿Se aprovechan de la conflictividad?
Ya se mencionó que la ayuda monetaria que se recibe de organizaciones como Cordaid podría ser una razón para seguir con temas conflictivos, pues si se resuelven se acaba el financiamiento.
Sin embargo, también ha surgido un componente político partidista. Según el ciudadano de San Rafael Las Flores que no quiere dar su nombre por temor, los grupos que se oponen a la minera antes eran solo activistas de la iglesia, de derechos humanos y ambientalistas que lograban ganar simpatizantes con su trabajo. Con el tiempo, se unieron otras personas que llevaron otras ideas y estrategias. Ellos están involucrados en los hechos de sangre que ocurrieron.
“Son afiliados a un partido político que buscan elegirse para cargos públicos en las elecciones de septiembre”, explica. Algunos de ellos incluso al principio apoyaron a la minera y le vendieron terrenos, pero luego vieron que les convenía más pasarse al otro bando. “Por un lado ofrecen a la gente, a cambio de votos, que sacarán a la empresa de la comunidad. Pero también han dicho que si no lo logran, van a dar dinero en efectivo a los habitantes que sacarán de las regalías. Eso es una gran mentira, pero así están haciendo campaña”, señala.
Caso similar se da en San Marcos, según Herrera, pues opositores se amparan en organizaciones políticas como la URNG, donde su líder ha sido candidato a alcalde en tres ocasiones y no ha logrado llegar al poder. “Decimos que es una expresión política de alguna manera porque dentro de su plataforma de gobierno local esta la oposición a la Hidroeléctrica y la usan como una forma de oponerse y de manipular a la gente”, puntualiza Herrera.
Por su parte, Rodenas dice que la ODHA no tienen conocimiento de ningún caso en donde dirigentes comunitarios reciban dinero de instituciones internacionales. “En cambio, hemos recibido denuncias sobre algunos dirigentes políticos que reciben dinero de empresas extractivas para sus campañas políticas y así posteriormente beneficien a las mismas”, concluye.
Como lo expusimos la semana pasada, la Catholic Organisation for Relief and Development Aid (Cordaid) es una organización internacional que colabora en las regiones vulnerables y las zonas de conflicto del mundo. En Guatemala tiene alrededor de 61 proyectos pero solo se puede acceder a información de 38 de ellos, en los que han invertido alrededor de 4.6 millones de euros en total.
Una de las organizaciones que trabajan con Cordaid en Guatemala es la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA). Según explica Nery Rodenas, Director Ejecutivo de la ODHA, en vista de que ellos son una instancia de la Iglesia Católica cuya misión es ” acompañar preferentemente a la población excluida, mediante la dotación de servicios eficaces y eficientes”, establecen alianzas con instancias afines.
Por lo anterior, señala que coinciden con Cordaid como instancias de Iglesia preocupadas por el bien común y una vida digna. Ambas entidades se basan en los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia.
La relación entre Cordaid y ODHAG data de hace un poco más de diez años. Han trabajado diversos proyectos de beneficio a las comunidades y sectores desprotegidos. Menciona por ejemplo Cultura de paz y prevención de violencia juvenil; Transformación pacífica de Conflictos; Derechos Humanos, Derechos de las mujeres, Participación ciudadana; y Derechos Humanos y Protección de los recursos naturales.
Sin embargo, el analista Miguel Castillo señala que en algunos proyectos de este tipo el escudo es que protegen los derechos de los desposeídos, pero en la práctica no apoyan la reconciliación, es una palabra que solo queda en el discurso. “Hay que recordar que hay estructuras que viven de esto, es una forma de vida. Si los conflictos terminan se acaban los financiamientos, por eso las organizaciones que los promueven se van expandiendo a todas las regiones del país”, puntualiza.
Los temas de los proyectos
De los 38 proyectos de Cordaid en Guatemala de los que hay información, 20 están catalogados como en temas “extractivos”; es decir, que se oponen a la proyectos de petróleo y minería. Por medio de estos proyectos las comunidades declaran su oposición de manera radical y el conflicto se agudiza.
Explica que la intervención que realiza la ODHAG es, en la mayoría de casos, a solicitud de las propias comunidades que buscan acompañamiento para la defensa de sus derechos y demandas.
Castillo opina que cuando proyectos de desarrollo que se instalan en distintas regiones, generalmente unos pobladores están a favor y otros en contra. Los fondos de los proyectos en realidad no se usan para solucionar las diferencias sino más bien para crear más divisionismo en las comunidades. Señala que la elección de los temas más tiene que ver con los fondos que vienen de entidades como Cordaid, que a su vez pertenece a una entidad más grande llamada red Cooperátion Internacionale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE), ó Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad.
“Desde que terminó la guerra fría el dinero en Europa estaba disponible para financiar temas como derechos del pueblo indígena y de medio ambiente”, asegura. En su opinión, por eso la Iglesia inició un proceso de análisis y de reconversión y adoptaron la endoculturación, que es la adaptación del mensaje de la Iglesia a los pueblos y áreas rurales, volviéndose su centro de interés.
Disfrazan los proyectos
Los proyectos de Cordaid son presentados de manera que no parecen problemáticos. Por ejemplo, el proyecto Promoción de la conciencia en los procesos electorales, que se lleva a cabo en Santa Rosa y Jalapa, dice promover la participación activa en el proceso electoral de 2015 en Guatemala. Aquí están involucrados la ODHAG y el Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores.
En su descripción, dice que con las próximas elecciones “hay una esperanza para mitigar los daños ambientales y mejorar la participación de las comunidades en la toma de decisiones”. Por lo tanto, se presenta este proyecto que tiene como objetivo capacitar a los líderes de las comunidades locales para que estén políticamente informados y capacitados para negociar y proteger sus derechos humanos.
También en Santa Rosa, específicamente en San Rafael Las Flores, Cordaid tiene tres proyectos más. Dos que llevan el mismo nombre, Monitoreo de la calidad del agua en Santa Rosa, a cargo del Colectivo Madre Selva; y otro denominado Derechos Humanos relacionados en con las operaciones mineras a cargo de la ODHA.
Aunque haya varias entidades trabajando con financiamiento (unos 246 mil euros solo en los proyectos mencionados) para propiciar el diálogo y la resolución de conflictos, el ambiente es tan tenso que los pobladores de San Rafael Las Flores tienen miedo de hablar. Uno de ellos señala que disfrazan los proyectos para recibir el financiamiento pero luego ya en la práctica son conflictivos. Con cierto temor dice están lejos de solucionar los problemas entre los que apoyan y los que no a la minería, que incluso provocaron el asesinato de una persona el año pasado.
“El asesino que estuvo en la cárcel ya salió, no se sabe cómo, por lo que tememos que siga la violencia contra los que no pensamos como ellos”, señala el informante anónimo que asegura que muchos prefieren mejor no participar ni dar su opinión.
¿Dónde surgen los conflictos?
A pesar de que dicen buscar el diálogo y la reconciliación, los proyectos que se oponen al desarrollo de hidroeléctricas e industrias extractivas suelen generar violencia y división en la comunidad. Por ejemplo, Héctor Herrera, personero de la empresa hidroeléctrica ubicada en el Municipio de San Pablo San Marcos, indica que igual son objeto de intimidaciones por parte de un pequeño grupo de pobladores.
Allí en las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público existe evidencia de la participación de los “pseudolíderes” que llegan a incitar a las comunidades para cometer delitos con tintes políticos.
Según Herrera, la cooperación internacional canalizada en distintas ONG fortalece a los líderes comunitarios que se oponen a proyectos. Como consecuencia, la población que está de acuerdo con el desarrollo de sus comunidades son amenazados con ser linchados y que sus casas va a ser quemadas, o que serán expulsados de sus comunidades. “Las dinámicas son parecidas a lo que pasó en Los Pajoques en San Juan Sacatepéquez y puede pasar en San Rafael Las Flores Santa Rosa”, dice.
Por los ataques que han sufrido a la instalaciones de la hidroeléctrica, Herrera asegura que “en San Pablo San Marcos no hay resistencia comunitaria, es terrorismo”.
El analista Castillo señala que la violencia y conflictividad con la que operan los grupos que reciben ayuda internacional se debe a que dentro de estos grupos predominan los personajes que tienen una enorme frustración. “No lograron lo que querían durante la guerra, siguen pensando de la misma manera”, opina. “Además, las violencia los pone en los medios de comunicación y eso les asegura el financiamiento”, concluye.
Por su parte, Rodenas de la ODHA considera que quienes opinan que algunos de los proyectos que apoyan generan conflictividad en realidad no conocen el trabajo concreto que se hacen en las comunidades. Asegura que la conflictividad no es generada por la comunidad sino por factores muchas veces externos, situaciones de imposición y no respeto de los derechos de los demás.
¿Se aprovechan de la conflictividad?
Ya se mencionó que la ayuda monetaria que se recibe de organizaciones como Cordaid podría ser una razón para seguir con temas conflictivos, pues si se resuelven se acaba el financiamiento.
Sin embargo, también ha surgido un componente político partidista. Según el ciudadano de San Rafael Las Flores que no quiere dar su nombre por temor, los grupos que se oponen a la minera antes eran solo activistas de la iglesia, de derechos humanos y ambientalistas que lograban ganar simpatizantes con su trabajo. Con el tiempo, se unieron otras personas que llevaron otras ideas y estrategias. Ellos están involucrados en los hechos de sangre que ocurrieron.
“Son afiliados a un partido político que buscan elegirse para cargos públicos en las elecciones de septiembre”, explica. Algunos de ellos incluso al principio apoyaron a la minera y le vendieron terrenos, pero luego vieron que les convenía más pasarse al otro bando. “Por un lado ofrecen a la gente, a cambio de votos, que sacarán a la empresa de la comunidad. Pero también han dicho que si no lo logran, van a dar dinero en efectivo a los habitantes que sacarán de las regalías. Eso es una gran mentira, pero así están haciendo campaña”, señala.
Caso similar se da en San Marcos, según Herrera, pues opositores se amparan en organizaciones políticas como la URNG, donde su líder ha sido candidato a alcalde en tres ocasiones y no ha logrado llegar al poder. “Decimos que es una expresión política de alguna manera porque dentro de su plataforma de gobierno local esta la oposición a la Hidroeléctrica y la usan como una forma de oponerse y de manipular a la gente”, puntualiza Herrera.
Por su parte, Rodenas dice que la ODHA no tienen conocimiento de ningún caso en donde dirigentes comunitarios reciban dinero de instituciones internacionales. “En cambio, hemos recibido denuncias sobre algunos dirigentes políticos que reciben dinero de empresas extractivas para sus campañas políticas y así posteriormente beneficien a las mismas”, concluye.