Es innegable que la corrupción acecha a todo nivel en las diferentes instituciones de Gobierno. Los tres poderes del Estado están manchados por el tráfico de influencias, las plazas fantasmas y la compra de voluntades, entre otros, según lo han demostrado las investigaciones que lideran el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Es imperativo que se trabaje en el rescate de las instituciones, pues los guatemaltecos ya no podemos tolerar que se siga jugando con el Estado de Derecho.

En medio de graves señalamientos que implicaron que el MP y la Cicig solicitaran el antejuicio contra los diputados Pedro Muadi y Baudilio Hichos, ambos congresistas pidieron un permiso al Congreso de la República para ausentarse de sus labores. Esta acción es, a todas luces, una burla al sistema y una ofensa para la sociedad guatemalteca, pues de esta forma, los acusados consiguen bajar el perfil de sus casos, mientras que la justicia avanza lento sin posibilidades de llevarlos ante un juez. Es de esperar que no ocurra lo mismo con los parlamentarios Luis Chávez, Mirza Arriaga y Mario Yanez, o con el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.

Toda esta exposición de casos que atentan contra la transparencia se constituye también en un reto para la Corte Suprema de Justicia, pues tiene la gran responsabilidad de darle la mayor celeridad a los procesos, incluidos aquellos en los que hay amparos de por medio. No es un secreto cómo el abuso de estos recursos legales se convierte en una amenaza a la justicia pronta y cumplida.

El Estado enfrenta una grave crisis, y por ello es necesario trabajar en el fortalecimiento de las instituciones y su credibilidad, a fin de recuperar la confianza de la sociedad organizada.