Vemos con indignación que el Congreso de la República no es el espacio para dialogar y buscar solución a los problemas del país. Todo lo contrario. Es el lugar donde se gesta la corrupción, se planifica el lavado de dinero, y se promueven las plazas fantasmas, según lo han demostrado las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

Nombres como los de Manuel Barquín, Jaime Martínez Lohayza, Pedro Muadi, Luis Chávez, Mirza Arriaga y Mario Yanez hacen perder aún más la confianza en el sistema de partidos políticos y en la funcionalidad del Organismo Legislativo.

A la vez, obliga a reflexionar con más detenimiento sobre el tipo de personas que no deben volver a ocupar una curul. Todo lo revelado por la Cicig no puede caer en saco roto. Los guatemaltecos estamos obligados, por la cultura de la información, a tomar decisiones responsables que nos permitan contar con verdaderos promotores del desarrollo. El Congreso de la República debe ser renovado y, a partir del 14 de enero de 2016, reorientar su labor y trabajar por recuperar la confianza de los ciudadanos.

Para que esto ocurra, es necesario llegar a las urnas sin ninguna presión de clientelismo o acarreo, con la plena convicción de que esa marca que se dibujará en la papeleta tiene el poder de darle al país nuevos bríos. El ciudadano debe reconocer que tiene la oportunidad de reconstruir una nación que se quiebra en pedazos a causa de los poderes paralelos.

Por lo anterior, también reconocemos todo esfuerzo que se hace desde las distintas instancias por fiscalizar al Congreso y a los otros poderes del Estado. También creemos que es imperativo que los guatemaltecos se involucren y denuncien, a fin de que todos los sectores se sumen a una cultura de legalidad.