Cada vez es más urgente hacer algo distinto respecto a la manera en que se administran las cárceles y la forma en que se lleva a cabo la gestión del sistema penitenciario. Según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (CIEN), en Guatemala existen 22 centros carcelarios con 6,412 espacios disponibles, sin embargo a junio de 2014 habían 17,942 personas privadas de libertad. Este hacinamiento está generando condiciones negativas, no solo para las personas que están dentro de las cárceles, sino efectos perversos para toda la población guatemalteca.
Existe además un déficit de personal operativo y falta de controles, que promueve que los centros penitenciarios sean bases de operación para delitos como extorciones o secuestros. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) “los presos deben recibir asistencia para su reintegración social, con el fin de estar en condiciones de vivir una vida de respeto a la ley en elperíodo posterior a su liberación”.
Mientras la situación en la mayoría de países de Latinoamérica respecto a los sistemas penitenciarios no tengan la inversión adecuada, promuevan el hacinamiento, generen violencia e incluso redes de organizaciones criminales que imponen su propia ley, es difícil pensar que nuestro país va a poder solventar la situación y reducir los niveles de corrupción que fomenta un régimen cada vez más anacrónico, en el que estamos promoviendo universidades para el crimen.
Otro factor que debemos tomar en cuenta es en el caso de los centros de detención para mujeres, existen alrededor de 200 niños menores de cuatro años en las cárceles, debido a que por ley deben estar en compañía de su madre hasta cumplir esa edad. Esto genera daños psicológicos severos en los pequeños, que incluso pueden haber sido recién nacidos y sólo han conocido la vida dentro de una cárcel y no conocen la libertad, hasta los cuatro años. Luego son trasladados a un orfanato, en el caso de que no tengan familiares que puedan cuidar de ellos, perpetuando un ciclo negativo en su desarrollo humano.
Debemos comenzar a trabajar en programas de formación para jueces y personal de los centros de detención para administrar sanciones y medidas alternativas en las penas, en vez de seguir llenando las cárceles. Adicionalmente es fundamental profundizar en los costos y beneficios de poder contar con presidios más eficientes, incluyendo el análisis y cambios legales necesarios para contar con un sistema que tome en cuenta acciones desde el ámbito público-privado,con el objetivo de reducir este flagelo que tanto daño le sigue causando a nuestro país. @jczapata_s
Cada vez es más urgente hacer algo distinto respecto a la manera en que se administran las cárceles y la forma en que se lleva a cabo la gestión del sistema penitenciario. Según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (CIEN), en Guatemala existen 22 centros carcelarios con 6,412 espacios disponibles, sin embargo a junio de 2014 habían 17,942 personas privadas de libertad. Este hacinamiento está generando condiciones negativas, no solo para las personas que están dentro de las cárceles, sino efectos perversos para toda la población guatemalteca.
Existe además un déficit de personal operativo y falta de controles, que promueve que los centros penitenciarios sean bases de operación para delitos como extorciones o secuestros. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) “los presos deben recibir asistencia para su reintegración social, con el fin de estar en condiciones de vivir una vida de respeto a la ley en elperíodo posterior a su liberación”.
Mientras la situación en la mayoría de países de Latinoamérica respecto a los sistemas penitenciarios no tengan la inversión adecuada, promuevan el hacinamiento, generen violencia e incluso redes de organizaciones criminales que imponen su propia ley, es difícil pensar que nuestro país va a poder solventar la situación y reducir los niveles de corrupción que fomenta un régimen cada vez más anacrónico, en el que estamos promoviendo universidades para el crimen.
Otro factor que debemos tomar en cuenta es en el caso de los centros de detención para mujeres, existen alrededor de 200 niños menores de cuatro años en las cárceles, debido a que por ley deben estar en compañía de su madre hasta cumplir esa edad. Esto genera daños psicológicos severos en los pequeños, que incluso pueden haber sido recién nacidos y sólo han conocido la vida dentro de una cárcel y no conocen la libertad, hasta los cuatro años. Luego son trasladados a un orfanato, en el caso de que no tengan familiares que puedan cuidar de ellos, perpetuando un ciclo negativo en su desarrollo humano.
Debemos comenzar a trabajar en programas de formación para jueces y personal de los centros de detención para administrar sanciones y medidas alternativas en las penas, en vez de seguir llenando las cárceles. Adicionalmente es fundamental profundizar en los costos y beneficios de poder contar con presidios más eficientes, incluyendo el análisis y cambios legales necesarios para contar con un sistema que tome en cuenta acciones desde el ámbito público-privado,con el objetivo de reducir este flagelo que tanto daño le sigue causando a nuestro país. @jczapata_s