La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que a la una de la madrugada de este lunes vecinos del movimiento “La Puya” que se oponen a la actividad minera en el municipio de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, bloquearon el paso de los camiones a la mina Progreso VII Derivada.
Por esa razón elementos de la Fuerza Especial Policial se hicieron presentes y esto provocó tensión en el lugar por el posible desalojo de los vecinos que se oponen al proyecto.
Por su parte la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) escribió en su cuenta de Twitter que delegados de la institución llegaron al lugar desde las 3 de la mañana, por la denuncia de los vecinos sobre la presencia de los antimotines.
Pobladores del movimiento “La Puya” mantienen bloqueada la entrada a la compañía desde el 2 de marzo del 2012, esto como medida de presión y en rechazo a la actividad minera en los dos municipios. Esto ha provocado que en varias ocasiones se registren enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los activistas que no han podido ser desalojados del sector.
Los vecinos piden que se realice una consulta para saber si el pueblo acepta o no este proyecto. Además aseguran que en julio pasado el Juzgado Tercero del Ramo Civil ordenó la suspensión de operaciones en la mina Progreso VII Derivada, conocida como El Tambor.
Sin embargo, Maribel Diéguez, de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (Exmigua), explica que el amparo otorgado a los pobladores es de forma provisional y es por la licencia de construcción de un inmueble que contiene, módulos dormitorios, bodega, planta de proceso, comedor, oficina, baños y garita de control, y no así en contra de la licencia de explotación que fue otorgada por el Ministerio de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales.
Según Diéguez el amparo interpuesto por abogados Mayas y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), fue en contra de la municipalidad de San Pedro Ayampuc por haber emitido una licencia de construcción sin consultarle a los vecinos, cuando la consulta está establecida en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), pero para la licencia de explotación o megaproyectos.
“Ninguna municipalidad pide que consulte a los vecinos por realizar una construcción en propiedad privada, es una estrategia de CALAS”, asegura la empresaria. Además refiere que la suspensión de la construcción es hasta que se encuentre en firme la sentencia, por lo que se han presentado las acciones correspondientes contra la municipalidad y un recurso en la Corte de Constitucionalidad.
“Lo que hay aquí es una ilegalidad, una estrategia de CALAS para poder desestabilizar el sector y la actividad empresarial”, señaló Diéguez.
A las 11:10 de este lunes horas se hizo presente el Juez de Paz Penal de San Pedro Ayampuc, Leonel Boza Reyes, a petición de la PDH por intimidación a los resistentes de la Puya. Sin embargo el Juez llegó a redactar un acta donde hacía constar que no había tal acción y a que estaban vedando el derecho de locomoción a los trabajadores de la mina para poder trabajar. Con esta acción se liberó el paso para dejar ingresar los camiones.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que a la una de la madrugada de este lunes vecinos del movimiento “La Puya” que se oponen a la actividad minera en el municipio de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, bloquearon el paso de los camiones a la mina Progreso VII Derivada.
Por esa razón elementos de la Fuerza Especial Policial se hicieron presentes y esto provocó tensión en el lugar por el posible desalojo de los vecinos que se oponen al proyecto.
Por su parte la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) escribió en su cuenta de Twitter que delegados de la institución llegaron al lugar desde las 3 de la mañana, por la denuncia de los vecinos sobre la presencia de los antimotines.
Pobladores del movimiento “La Puya” mantienen bloqueada la entrada a la compañía desde el 2 de marzo del 2012, esto como medida de presión y en rechazo a la actividad minera en los dos municipios. Esto ha provocado que en varias ocasiones se registren enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los activistas que no han podido ser desalojados del sector.
Los vecinos piden que se realice una consulta para saber si el pueblo acepta o no este proyecto. Además aseguran que en julio pasado el Juzgado Tercero del Ramo Civil ordenó la suspensión de operaciones en la mina Progreso VII Derivada, conocida como El Tambor.
Sin embargo, Maribel Diéguez, de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (Exmigua), explica que el amparo otorgado a los pobladores es de forma provisional y es por la licencia de construcción de un inmueble que contiene, módulos dormitorios, bodega, planta de proceso, comedor, oficina, baños y garita de control, y no así en contra de la licencia de explotación que fue otorgada por el Ministerio de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales.
Según Diéguez el amparo interpuesto por abogados Mayas y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), fue en contra de la municipalidad de San Pedro Ayampuc por haber emitido una licencia de construcción sin consultarle a los vecinos, cuando la consulta está establecida en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), pero para la licencia de explotación o megaproyectos.
“Ninguna municipalidad pide que consulte a los vecinos por realizar una construcción en propiedad privada, es una estrategia de CALAS”, asegura la empresaria. Además refiere que la suspensión de la construcción es hasta que se encuentre en firme la sentencia, por lo que se han presentado las acciones correspondientes contra la municipalidad y un recurso en la Corte de Constitucionalidad.
“Lo que hay aquí es una ilegalidad, una estrategia de CALAS para poder desestabilizar el sector y la actividad empresarial”, señaló Diéguez.
A las 11:10 de este lunes horas se hizo presente el Juez de Paz Penal de San Pedro Ayampuc, Leonel Boza Reyes, a petición de la PDH por intimidación a los resistentes de la Puya. Sin embargo el Juez llegó a redactar un acta donde hacía constar que no había tal acción y a que estaban vedando el derecho de locomoción a los trabajadores de la mina para poder trabajar. Con esta acción se liberó el paso para dejar ingresar los camiones.