Al Congreso de la República ingresó una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos como fruto de las “mesas de diálogo”. Dicha propuesta tiene básicamente cuatro focos: financiamiento de los partidos, democracia interna de los partidos, cuotas y voto nulo. Ha habido modificaciones durante las lecturas, pero a grandes rasgos esos son los temas centrales.
En cuanto a los temas de financiamiento, la propuesta se centra en prohibir el financiamiento anónimo, establecer una responsabilidad penal escalonada a los secretarios municipales, departamentales y nacionales, establecer como pena la cancelación del partido para quienes sobrepasen el techo de campaña, entre otras. Se establece también un acceso igualitario a los medios de comunicación que sería financiado por el Estado.
En el tema de democracia interna, se establecen una serie de requisitos que van desde obligar a los partidos a definir su posición ideológica, tolerar y aceptar el pluralismo, hasta otras de índole más procedimental. Por ejemplo, se establece el voto secreto en las asambleas del partido, se fija un quórum para la celebración de la misma y se establece la obligación de aplicar el sistema de representación proporcional de minorías para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
El tema de las cuotas es quizá uno de los más comentados. Se propone reformar el artículo 212 de la Ley Electoral y obligar a los partidos a postular, en forma igualitaria mujeres y hombres, “indígenas y ladinos”, en listas donde se alternen. Los criterios para saber qué etnias deben incluirse en cada región y en qué proporción, deben tomarse como referencia del censo poblacional. Del voto nulo, basta decir que tendría valor si representa la mitad más uno de los votos totales de la primera vuelta. Su efecto sería repetir la elección una sola vez.
¿Estos cambios son los factores clave para mejorar el sistema electoral que tenemos? En mi concepto, no lo son. En primer lugar, creo que el tema de financiamiento no se resolverá por dos razones. Una, porque el control y exigibilidad de las medidas que proponen hace su aplicación costosa y difícil de cuantificar. En segundo lugar, porque el incentivo más grande al modelo de “partidos franquicia” que tenemos hoy, está en la forma de elegir diputados. Mientras sostengamos el sistema de representación poroporcional de minorías, los incentivos estarán mal alineados.
El tema de las cuotas electorales también parece ser una medida sin sentido. El economista afroamericano Thomas Sowell realizó un estudio sobre la aplicación de los sistemas de cuotas y otras políticas similares comparando a países como Nigeria, India y Malasia. Encontró que en esos sitios estas políticas generaron efectos adversos.
En primer lugar, puestas en marcha, surgieron políticas nuevas que tendían a ampliar los privilegios inicialmente creados. En segundo lugar, los beneficiarios solían ser las personas más favorecidas dentro de los grupos teóricamente menos favorecidos. Es decir, las personas de mayor renta y mejor educación que se identificaban con “etnias desfavorecidas” eran quienes cosechaban los beneficios y, quienes previamente a estas políticas, ya lo hacían. En tercer lugar, la polarización aumentó considerablemente; y, por último, se incrementaron los “fraudes” en la autodeterminación de las etnias. Personas que tenían lazos de parentesco lejanos con etnias beneficiadas, aprovechaban las cuotas para auto-designarse como pertenecientes a dichas etnias.
Al Congreso de la República ingresó una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos como fruto de las “mesas de diálogo”. Dicha propuesta tiene básicamente cuatro focos: financiamiento de los partidos, democracia interna de los partidos, cuotas y voto nulo. Ha habido modificaciones durante las lecturas, pero a grandes rasgos esos son los temas centrales.
En cuanto a los temas de financiamiento, la propuesta se centra en prohibir el financiamiento anónimo, establecer una responsabilidad penal escalonada a los secretarios municipales, departamentales y nacionales, establecer como pena la cancelación del partido para quienes sobrepasen el techo de campaña, entre otras. Se establece también un acceso igualitario a los medios de comunicación que sería financiado por el Estado.
En el tema de democracia interna, se establecen una serie de requisitos que van desde obligar a los partidos a definir su posición ideológica, tolerar y aceptar el pluralismo, hasta otras de índole más procedimental. Por ejemplo, se establece el voto secreto en las asambleas del partido, se fija un quórum para la celebración de la misma y se establece la obligación de aplicar el sistema de representación proporcional de minorías para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
El tema de las cuotas es quizá uno de los más comentados. Se propone reformar el artículo 212 de la Ley Electoral y obligar a los partidos a postular, en forma igualitaria mujeres y hombres, “indígenas y ladinos”, en listas donde se alternen. Los criterios para saber qué etnias deben incluirse en cada región y en qué proporción, deben tomarse como referencia del censo poblacional. Del voto nulo, basta decir que tendría valor si representa la mitad más uno de los votos totales de la primera vuelta. Su efecto sería repetir la elección una sola vez.
¿Estos cambios son los factores clave para mejorar el sistema electoral que tenemos? En mi concepto, no lo son. En primer lugar, creo que el tema de financiamiento no se resolverá por dos razones. Una, porque el control y exigibilidad de las medidas que proponen hace su aplicación costosa y difícil de cuantificar. En segundo lugar, porque el incentivo más grande al modelo de “partidos franquicia” que tenemos hoy, está en la forma de elegir diputados. Mientras sostengamos el sistema de representación poroporcional de minorías, los incentivos estarán mal alineados.
El tema de las cuotas electorales también parece ser una medida sin sentido. El economista afroamericano Thomas Sowell realizó un estudio sobre la aplicación de los sistemas de cuotas y otras políticas similares comparando a países como Nigeria, India y Malasia. Encontró que en esos sitios estas políticas generaron efectos adversos.
En primer lugar, puestas en marcha, surgieron políticas nuevas que tendían a ampliar los privilegios inicialmente creados. En segundo lugar, los beneficiarios solían ser las personas más favorecidas dentro de los grupos teóricamente menos favorecidos. Es decir, las personas de mayor renta y mejor educación que se identificaban con “etnias desfavorecidas” eran quienes cosechaban los beneficios y, quienes previamente a estas políticas, ya lo hacían. En tercer lugar, la polarización aumentó considerablemente; y, por último, se incrementaron los “fraudes” en la autodeterminación de las etnias. Personas que tenían lazos de parentesco lejanos con etnias beneficiadas, aprovechaban las cuotas para auto-designarse como pertenecientes a dichas etnias.