Hace algunos días tuve ocasión de recibir de parte de una muy apreciada analista, una lección académica relacionada con los procesos de cambio políticos en un país. Me comentaba que hay dos variables importantes a tomar siempre en cuenta: la opinión de la élite y la opinión de la población. En su criterio, y basada en un ejercicio previo realizado con el auspicio de organizaciones internacionales para diagnosticar el caso de Guatemala, acá pueden darse diferentes escenarios dependiendo de si las élites y la población se alinean en objetivos y expectativas o si no lo hacen. En el caso que nos ocupa, y esa era la conclusión de la distinguida académica, el que hubiera una expectativa popular tan grande, con una élite desentendida o estática, podría dar lugar a procesos muy complicados. Era una especie de “doctrina del clamor popular”, que subraya que si no se tiene el cuidado de escuchar lo que la mayoría quiere y pide, se corre el riesgo de ser sepultado por los procesos históricos que se desaten.
El análisis es interesante y para la coyuntura es ciertamente de mucha actualidad. Por qué? He escuchado a muchos líderes en los medios de comunicación hablar en nombre del “clamor ciudadano” y colocar detrás de este slogan la más variada agenda político-social. Sin embargo, cuando se hace ese análisis de élites y población, hay que tener el especial cuidado de preguntarse al menos dos cosas: cómo mido lo que realmente la población está pidiendo, y luego a cuáles élites hago referencia. Es interesante pero tengo la sospecha de que en nombre de la segunda (las élites), algunos se arrogan el derecho de interpretar el sentimiento de la primera (la población).
Pongo algunos ejemplos: he escuchado que el “clamor popular” es pedir la suspensión de las elecciones. Detrás de este pedido se han alineado algunas columnas de prensa, opiniones de ciertos profesionales y una parte del movimiento social. Pero cuando vamos a los datos fríos, por ejemplo las encuestas que sobre el tema se han levantado a nivel nacional -una por Prensa Libre y otra por un consultor privado a la que pude tener acceso- , en ambos casos nos llevamos la sorpresa de ver que casi menos del 10% de los guatemaltecos piensan en esa ruta. Es decir, 9 de cada 10 ciudadanos quieren elecciones, y sin embargo en nombre de todos ellos, de ese “clamor Popular” algunas voces piden la suspensión. Cierto es que estas voces, por consistentes quieren pasar por representativas, pero como lo vemos con los datos en la mano, ese no es el caso.
Otros temas también son sujetos de similar análisis. La paridad electoral, que se presenta también como un “pedido ciudadano”, resulta no estar en el imaginario de casi nadie, salvo algunos grupos de interés que se han nucleado en torno a este tema. Otras sorpresas adicionales se las lleva el lector de estas mediciones cuando se descubre que en temas como la no reelección o la renuncia del presidente, donde uno podría suponer un consenso casi global, un poco más de la mayoría de los guatemaltecos no comparten esa opinión. Sin embargo otra cosa es lo que uno lee y percibe a través de los medios de comunicación. El punto aquí no es si tenemos o no derecho a expresar una opinión, por muy particular que ésta sea. Eso está fuera de toda discusión. Por supuesto que sí. Pero cosa muy diferente es quererla poner como la expresión del sentimiento de toda la población.
Y eso me lleva a la segunda parte de la ecuación. Si en el ejercicio de consultar a las élites, me limito a hacerlo a los ámbitos económicos o a los liderazgos del tercer sector, es decir a ciertos grupos de la organización social, los resultados nos pueden resultar muy estrechos, y arrojar en consecuencia, lecturas distorsionadas del país. Es como la diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada, que no son la misma cosa. Muy importante la segunda, pero no necesariamente significa la primera.
Vivimos tiempos muy complejos. La presión del tiempo, las amenazas reales que estamos enfrentando y las agendas específicas de ciertos grupos no nos deben llevar a lecturas y conclusiones precipitadas. Los ejercicios analíticos son positivos pero cuando las conclusiones a las que llegamos son demasiado evidentes o suenan mucho a lo que pensamos, es que ha llegado la hora de cuestionarse las premisas. Y el ejemplo que ha ofrecido esta crisis, para reexaminar lo que las voces sociales dicen en nombre de otros, es una oportunidad irresistible.
Hace algunos días tuve ocasión de recibir de parte de una muy apreciada analista, una lección académica relacionada con los procesos de cambio políticos en un país. Me comentaba que hay dos variables importantes a tomar siempre en cuenta: la opinión de la élite y la opinión de la población. En su criterio, y basada en un ejercicio previo realizado con el auspicio de organizaciones internacionales para diagnosticar el caso de Guatemala, acá pueden darse diferentes escenarios dependiendo de si las élites y la población se alinean en objetivos y expectativas o si no lo hacen. En el caso que nos ocupa, y esa era la conclusión de la distinguida académica, el que hubiera una expectativa popular tan grande, con una élite desentendida o estática, podría dar lugar a procesos muy complicados. Era una especie de “doctrina del clamor popular”, que subraya que si no se tiene el cuidado de escuchar lo que la mayoría quiere y pide, se corre el riesgo de ser sepultado por los procesos históricos que se desaten.
El análisis es interesante y para la coyuntura es ciertamente de mucha actualidad. Por qué? He escuchado a muchos líderes en los medios de comunicación hablar en nombre del “clamor ciudadano” y colocar detrás de este slogan la más variada agenda político-social. Sin embargo, cuando se hace ese análisis de élites y población, hay que tener el especial cuidado de preguntarse al menos dos cosas: cómo mido lo que realmente la población está pidiendo, y luego a cuáles élites hago referencia. Es interesante pero tengo la sospecha de que en nombre de la segunda (las élites), algunos se arrogan el derecho de interpretar el sentimiento de la primera (la población).
Pongo algunos ejemplos: he escuchado que el “clamor popular” es pedir la suspensión de las elecciones. Detrás de este pedido se han alineado algunas columnas de prensa, opiniones de ciertos profesionales y una parte del movimiento social. Pero cuando vamos a los datos fríos, por ejemplo las encuestas que sobre el tema se han levantado a nivel nacional -una por Prensa Libre y otra por un consultor privado a la que pude tener acceso- , en ambos casos nos llevamos la sorpresa de ver que casi menos del 10% de los guatemaltecos piensan en esa ruta. Es decir, 9 de cada 10 ciudadanos quieren elecciones, y sin embargo en nombre de todos ellos, de ese “clamor Popular” algunas voces piden la suspensión. Cierto es que estas voces, por consistentes quieren pasar por representativas, pero como lo vemos con los datos en la mano, ese no es el caso.
Otros temas también son sujetos de similar análisis. La paridad electoral, que se presenta también como un “pedido ciudadano”, resulta no estar en el imaginario de casi nadie, salvo algunos grupos de interés que se han nucleado en torno a este tema. Otras sorpresas adicionales se las lleva el lector de estas mediciones cuando se descubre que en temas como la no reelección o la renuncia del presidente, donde uno podría suponer un consenso casi global, un poco más de la mayoría de los guatemaltecos no comparten esa opinión. Sin embargo otra cosa es lo que uno lee y percibe a través de los medios de comunicación. El punto aquí no es si tenemos o no derecho a expresar una opinión, por muy particular que ésta sea. Eso está fuera de toda discusión. Por supuesto que sí. Pero cosa muy diferente es quererla poner como la expresión del sentimiento de toda la población.
Y eso me lleva a la segunda parte de la ecuación. Si en el ejercicio de consultar a las élites, me limito a hacerlo a los ámbitos económicos o a los liderazgos del tercer sector, es decir a ciertos grupos de la organización social, los resultados nos pueden resultar muy estrechos, y arrojar en consecuencia, lecturas distorsionadas del país. Es como la diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada, que no son la misma cosa. Muy importante la segunda, pero no necesariamente significa la primera.
Vivimos tiempos muy complejos. La presión del tiempo, las amenazas reales que estamos enfrentando y las agendas específicas de ciertos grupos no nos deben llevar a lecturas y conclusiones precipitadas. Los ejercicios analíticos son positivos pero cuando las conclusiones a las que llegamos son demasiado evidentes o suenan mucho a lo que pensamos, es que ha llegado la hora de cuestionarse las premisas. Y el ejemplo que ha ofrecido esta crisis, para reexaminar lo que las voces sociales dicen en nombre de otros, es una oportunidad irresistible.