El recién nombrado ministro de Economía, el abogado Ricardo Sagastume hace dos días criticó en su página de Facebook al actual presidente Otto Pérez Molina y posteó: “Exijamos al MP y a la CICIG que este presidente corrupto y ladrón debe ir a la cárcel!! ¡¡¡NO AL EXILIO DE OPM!!!”.
Ante la crisis institucional que sufre el Ejecutivo, expertos han comentado sus dudas sobre que personas externas al partido acepten un reto “muy desgastante” para llenar las plazas ante la renuncia de la mayor parte del gabinete. De tal manera que aumentan las dudas sobre ¿qué hay detrás del nombramiento de Sagastume y Valladares?
Surgen algunas respuestas: se comenta que puede ser un pago de favores a la empresa Tigo, interesada en la tecnología 4G, frecuencia que la Superintenencia de Telecomunicaciones (SIT) tiene detenida su subasta por acciones legales interpuestas contra el proceso, donde también se se mencionó como parte interesada a las exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Se tiene conocimiento que el proceso de adjudicación fue denunciado por vicios en el procedimiento y que incluso se suspendió cuando estalló el escándalo del caso La Línea, por el cual es procesada en estos momentos Baldetti y hay señalamientos hacia el presidente Otto Pérez Molina.
República.gt informó el pasado 19 de junio que “El proceso de adjudicación de las bandas para implementar la tecnología 4G, que permitiría tener más velocidad a los usuarios de teléfonos móviles, está detenida pese a que se publicó la resolución para los interesados a adquirir derecho de usufructo”.
En su momento, Sagastume fue director general del CETEL, que no cuenta actualmente con la participación de Telefónica, y se se tiene conocimiento que CLARO renunció públicamente por la aprobación de la conocida como Ley Tigo en el Congreso que pretendía bloquear la señal en centros penales y que es considerada “una monstruosidad jurídica”.
Se trata de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos aprobada en abril del año pasado. Sagastume indicó como necesario adquirir esas frecuencias para mejorar el servicio a los usuarios que en la actualidad poseen alrededor de 21 millones de líneas de teléfonos móviles en Guatemala.
Las frecuencias de 1710 a 1755 Mhz y la de 2110 a 2155 mundialmente son identificadas como frecuencias AWS y utilizadas para la tecnología 4G y están reservadas para uso estatal, pero el 24 de abril de este año, la Superintendencia de Telecomunicaciones las transformó en frecuencias reguladas y por lo tanto, pueden ser utilizadas por particulares.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) no avaló la medida y la SIT revocó el proceso de transformación de frecuencia el 14 de mayo de este año y ha manifestado su interés por llevar el proceso en ley, tras las revocatorias planteadas por Guatel que reclama las frecuencias para ellos, una persona que asegura que el proceso fue inconstitucional y una tercera empresa, extranjera, que denunció anomalías porque quería participar.
Aunado a lo anterior, una investigación de Republica.gt sacó a luz los contratos millonarios que el ministerio de Gobernación otorgó para las videocamaras de vigilancia, cuando fueron adjudicados siete contratos por un monto Q1,802 millones 992 mil 578 y por un periodo de 5 años. Del total de los contratos son 7 mil 316 cámaras de video utilizadas para estos sistemas de vigilancia y tienen un precio de Q428.7 millones por arrendamiento de las mismas, en el mismo periodo. Sin embargo, esta cantidad tiene una sobrevaloración de Q184.7 millones lo que significa un 75% del precio real.
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: el costo promedio de una cámara en el mercado es de Q2,345, mientras que el alquiler de la misma en un plazo de 60 meses habrá costado Q27, 574; es decir, una sobrevaloración por cámara de Q25,229.
De los siete contratos de arrendamiento de cámaras, cuatro fueron adjudicadas a Comunicaciones Celulares, S.A. por un monto de Q1 mil 232.2 millones. Se intentó conocer la versión del recién nombrado ministro y del Coordinador de PRONACOM pero no contestaron las llamadas hechas a su movíles.
Lo sorprenden en el muro de Facebook
https://twitter.com/josejoaking/status/636658886011830272
El recién nombrado ministro de Economía, el abogado Ricardo Sagastume hace dos días criticó en su página de Facebook al actual presidente Otto Pérez Molina y posteó: “Exijamos al MP y a la CICIG que este presidente corrupto y ladrón debe ir a la cárcel!! ¡¡¡NO AL EXILIO DE OPM!!!”.
Ante la crisis institucional que sufre el Ejecutivo, expertos han comentado sus dudas sobre que personas externas al partido acepten un reto “muy desgastante” para llenar las plazas ante la renuncia de la mayor parte del gabinete. De tal manera que aumentan las dudas sobre ¿qué hay detrás del nombramiento de Sagastume y Valladares?
Surgen algunas respuestas: se comenta que puede ser un pago de favores a la empresa Tigo, interesada en la tecnología 4G, frecuencia que la Superintenencia de Telecomunicaciones (SIT) tiene detenida su subasta por acciones legales interpuestas contra el proceso, donde también se se mencionó como parte interesada a las exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Se tiene conocimiento que el proceso de adjudicación fue denunciado por vicios en el procedimiento y que incluso se suspendió cuando estalló el escándalo del caso La Línea, por el cual es procesada en estos momentos Baldetti y hay señalamientos hacia el presidente Otto Pérez Molina.
República.gt informó el pasado 19 de junio que “El proceso de adjudicación de las bandas para implementar la tecnología 4G, que permitiría tener más velocidad a los usuarios de teléfonos móviles, está detenida pese a que se publicó la resolución para los interesados a adquirir derecho de usufructo”.
En su momento, Sagastume fue director general del CETEL, que no cuenta actualmente con la participación de Telefónica, y se se tiene conocimiento que CLARO renunció públicamente por la aprobación de la conocida como Ley Tigo en el Congreso que pretendía bloquear la señal en centros penales y que es considerada “una monstruosidad jurídica”.
Se trata de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos aprobada en abril del año pasado. Sagastume indicó como necesario adquirir esas frecuencias para mejorar el servicio a los usuarios que en la actualidad poseen alrededor de 21 millones de líneas de teléfonos móviles en Guatemala.
Las frecuencias de 1710 a 1755 Mhz y la de 2110 a 2155 mundialmente son identificadas como frecuencias AWS y utilizadas para la tecnología 4G y están reservadas para uso estatal, pero el 24 de abril de este año, la Superintendencia de Telecomunicaciones las transformó en frecuencias reguladas y por lo tanto, pueden ser utilizadas por particulares.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) no avaló la medida y la SIT revocó el proceso de transformación de frecuencia el 14 de mayo de este año y ha manifestado su interés por llevar el proceso en ley, tras las revocatorias planteadas por Guatel que reclama las frecuencias para ellos, una persona que asegura que el proceso fue inconstitucional y una tercera empresa, extranjera, que denunció anomalías porque quería participar.
Aunado a lo anterior, una investigación de Republica.gt sacó a luz los contratos millonarios que el ministerio de Gobernación otorgó para las videocamaras de vigilancia, cuando fueron adjudicados siete contratos por un monto Q1,802 millones 992 mil 578 y por un periodo de 5 años. Del total de los contratos son 7 mil 316 cámaras de video utilizadas para estos sistemas de vigilancia y tienen un precio de Q428.7 millones por arrendamiento de las mismas, en el mismo periodo. Sin embargo, esta cantidad tiene una sobrevaloración de Q184.7 millones lo que significa un 75% del precio real.
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: el costo promedio de una cámara en el mercado es de Q2,345, mientras que el alquiler de la misma en un plazo de 60 meses habrá costado Q27, 574; es decir, una sobrevaloración por cámara de Q25,229.
De los siete contratos de arrendamiento de cámaras, cuatro fueron adjudicadas a Comunicaciones Celulares, S.A. por un monto de Q1 mil 232.2 millones. Se intentó conocer la versión del recién nombrado ministro y del Coordinador de PRONACOM pero no contestaron las llamadas hechas a su movíles.
Lo sorprenden en el muro de Facebook
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