La expectativa de la población reflejada en las redes sociales es ver en la cárcel lo antes posible al presidente Otto Pérez Molina por las sindicaciones de corrupción en su contra, de tal manera que la desinformación sobre los tiempos y el proceso legal que el mandatario afronta muchos lo desconocen y se forman criterios no muy claros al respecto.

De tal manera que esbozamos la ruta que marcará los próximos días en la coyuntura nacional con el retiro de la inmunidad al mandatario y al parecer, la prisión no está en el futuro inmediato.

El abogado Marco Antonio García, describe que tras recibir la certificación respectiva por parte del Congreso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se procede a nombrar un juez pesquisidor que puede ser de un juzgado de primera instancia del ramo penal o una sala.

El siguiente paso es que el juez pesquisidor estudia el caso y resuelve si ha lugar o no a dictar prisión y si en ese momento se dicta prisión preventiva, de acuerdo con la ley de antejuicio, el presidente cesaría en sus funciones.

Para García, este proceso podría ser entre el martes y miércoles de la próxima semana y por lo regular, los magistrados de la CSJ no tiene actividades en fin de semana. Recordó que el arraigo es una medida precautoria pero el envío a prisión debe ser con orden de juez competente.

“La decisión que tomó el presidente es enfrentar el proceso sin renunciar. Asume su responsabilidad y el debido proceso legal”, aseveró Jorge Ortega, vocero presidencial, quien expuso que se trata de una coyuntura atípica.

La Corte de Constitucionalidad (CC) no amparó al presidente quien buscaba frenar el proceso de antejuicio que se dio en el Congreso.

“El en este momento es presidente pero no tiene inmunidad”, especificó y agregó que el presidente en caso sea llamado, pueden detenerlo pero dijo “si se va a especular, no vamos a ningún lado. El juez determina qué decisión va a tomar con la persona que está siendo acusada”, puntualiza Ortega.

Un cable de la agencia de noticias AFP indica que una fuente del Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos apoya a la fiscalía de Guatemala y vigila de cerca la situación un día después de que el mandatrio fuera despojado de su inmunidad.