Los representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentaron en el Congreso un pliego de reformas a la Ley en Materia de Antejuicio y la Ley de Amparo.
Las iniciativas contaron con el apoyo del Ministerio Público y fueron planteadas en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso a cargo del diputado Oliverio García Rodas.
El objetivo de los cambios a la ley que rige el tema de antejuicios en el país es “generar un procedimiento ágil y transparente” para la tramitación del proceso en mención y preservar su naturaleza para evitar que se afecte la función pública, entre otros detalles.
Respecto a la Ley de Amparo, se busca la agilización y simplificación de dicho trámite y armonizar la legislación nacional a los estándares internacionales sobre acceso a la justicia. La propuesta adiciona a la Procuraduría General de la Nación (PGN) como institución del Estado con legitimación activa para defender los derechos que le encomienden.
También se elimina la obligación del MP para comparecer en la primera audiencia como tercer interesado en todos los amparos que se plantean y se reconoce a los Tribunales de Amparo la facultad para enmendar de oficio el procedimiento, si a su juicio se cometió error sustancial que vulnere los derechos de alguna de las partes o el debido proceso.
La CICIG también especifica que la CC y los Tribunales en mención, podrán aplicar las tecnologías de información y comunicación para la recepción, gestión, resolución y notificación de las garantías constitucionales que conozcan por razón de competencia según el desarrollo tecnológico del que dispongan.
Los representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentaron en el Congreso un pliego de reformas a la Ley en Materia de Antejuicio y la Ley de Amparo.
Las iniciativas contaron con el apoyo del Ministerio Público y fueron planteadas en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso a cargo del diputado Oliverio García Rodas.
El objetivo de los cambios a la ley que rige el tema de antejuicios en el país es “generar un procedimiento ágil y transparente” para la tramitación del proceso en mención y preservar su naturaleza para evitar que se afecte la función pública, entre otros detalles.
Respecto a la Ley de Amparo, se busca la agilización y simplificación de dicho trámite y armonizar la legislación nacional a los estándares internacionales sobre acceso a la justicia. La propuesta adiciona a la Procuraduría General de la Nación (PGN) como institución del Estado con legitimación activa para defender los derechos que le encomienden.
También se elimina la obligación del MP para comparecer en la primera audiencia como tercer interesado en todos los amparos que se plantean y se reconoce a los Tribunales de Amparo la facultad para enmendar de oficio el procedimiento, si a su juicio se cometió error sustancial que vulnere los derechos de alguna de las partes o el debido proceso.
La CICIG también especifica que la CC y los Tribunales en mención, podrán aplicar las tecnologías de información y comunicación para la recepción, gestión, resolución y notificación de las garantías constitucionales que conozcan por razón de competencia según el desarrollo tecnológico del que dispongan.