La molestia resulta evidente a lo largo del istmo, las últimas publicaciones en los países fundadores: Guatemala, El Salvador y Honduras indican que existe inconformidad por los escasos aportes, límites sobre sus resoluciones (no vinculantes) y polémica porque el lugar es una opción para expresidentes que prefieren mantener su inmunidad.
En El Salvador indican que incrementaron el salario de los congresistas de ese organismo debido a que estos alegan el “alto costo de la vida y encarecimiento en los boletos aéreos”, situación que indignó a varios sectores de ese país.
En Honduras la situación es similar, y es que se estima que ese órgano le cuesta al erario de ese país más de 37 millones de lempiras anuales. En total, se estima que los aportes por país cada año rondan los US$2.5 millones. El Congreso de Guatemala aprobó el año pasado una asignación de Q12.8 millones para el Parlacen este año.
De Panamá se sabe que en 2009 anunció que dejaba esa instancia, el presidente de entonces Ricardo Martinelly se refirió al Parlacen como “una cueva de ladrores” aunque después tuvo que retractarse y solicitar su inclusión en el organismo, mientras que Costa Rica ni siquiera está adscrito.
El nuevo presidente es nicaraguense. Se trata de José Antonio Alvarado Correa, quien este miércoles tomó posesión en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala para prestar mandato de 2015 a 2016, junto al resto de integrantes de la Junta Directiva.
Alvarado propone fortalecer el Parlacen con una visión integracionista con el objetivo de lograr más incidencia en el proceso de la integración regional y aseguró darle continuidad a los procesos de sus antecesores, así como a los Convenios y Acuerdos Marcos suscritos con el Parlacen con diversas instancias.
Un boletín emitido por el ente indica que “en el tema de migrantes se ha propuesto poner en práctica la serie de resoluciones vigentes que ha adoptado la Asamblea Plenaria del Órgano Comunitario a efecto de impulsar una política regional para las migraciones que coadyuve a los esfuerzos que actualmente realizan organismos de la institucionalidad centroamericana y sectores civiles incluido el Consejo Parlamentario Regional de las Migraciones, (Coparem).
La molestia resulta evidente a lo largo del istmo, las últimas publicaciones en los países fundadores: Guatemala, El Salvador y Honduras indican que existe inconformidad por los escasos aportes, límites sobre sus resoluciones (no vinculantes) y polémica porque el lugar es una opción para expresidentes que prefieren mantener su inmunidad.
En El Salvador indican que incrementaron el salario de los congresistas de ese organismo debido a que estos alegan el “alto costo de la vida y encarecimiento en los boletos aéreos”, situación que indignó a varios sectores de ese país.
En Honduras la situación es similar, y es que se estima que ese órgano le cuesta al erario de ese país más de 37 millones de lempiras anuales. En total, se estima que los aportes por país cada año rondan los US$2.5 millones. El Congreso de Guatemala aprobó el año pasado una asignación de Q12.8 millones para el Parlacen este año.
De Panamá se sabe que en 2009 anunció que dejaba esa instancia, el presidente de entonces Ricardo Martinelly se refirió al Parlacen como “una cueva de ladrores” aunque después tuvo que retractarse y solicitar su inclusión en el organismo, mientras que Costa Rica ni siquiera está adscrito.
El nuevo presidente es nicaraguense. Se trata de José Antonio Alvarado Correa, quien este miércoles tomó posesión en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala para prestar mandato de 2015 a 2016, junto al resto de integrantes de la Junta Directiva.
Alvarado propone fortalecer el Parlacen con una visión integracionista con el objetivo de lograr más incidencia en el proceso de la integración regional y aseguró darle continuidad a los procesos de sus antecesores, así como a los Convenios y Acuerdos Marcos suscritos con el Parlacen con diversas instancias.
Un boletín emitido por el ente indica que “en el tema de migrantes se ha propuesto poner en práctica la serie de resoluciones vigentes que ha adoptado la Asamblea Plenaria del Órgano Comunitario a efecto de impulsar una política regional para las migraciones que coadyuve a los esfuerzos que actualmente realizan organismos de la institucionalidad centroamericana y sectores civiles incluido el Consejo Parlamentario Regional de las Migraciones, (Coparem).