El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2016 asciende a un total de Q72,430 millones. Este monto se divide en: (i) funcionamiento (Q46,664 millones), (ii) inversión (Q13,316 millones) y (iii) servicio de la deuda pública (Q12,449 millones). Las fuentes de financiamiento provendrán de: (i) ingresos tributarios (Q54,556 millones), (ii) colocaciones de bonos y desembolso de prestamos (Q14,106 millones) y (iii) otros ingresos (Q 3,768 millones).
Aunque es positivo que dicho proyecto haya sido elaborado suponiendo un escenario macroeconómico moderado, es demasiado optimista sobre la recaudación fiscal y, por ende, sobre la cantidad de endeudamiento adicional que sería requerido. El proyecto supone un incremento en recaudación de 8%, a todas luces optimista por no decir inalcanzable. Este crecimiento es superior al de los últimos 5 años, que fue en promedio de 5%, y está muy por encima del 2% que se logró en el 2015. Tal aumento en la recaudación requiere un fortalecimiento institucional, sobretodo cambios en la estructura de la SAT y mejoras en su gestión además de fortalecer controles en aduanas, como agilizar el despacho, reducir discrecionalidad y promover la transparencia.
Únicamente con una estimación razonable de ingresos se podrá determinar un techo presupuestario que pueda ser compatible con el mantenimiento de una política macroeconómica prudente. Según analistas de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), el déficit no debe superar el 1.6% al año para prevenir que el endeudamiento de nuestro país se nos salga de las manos al entrar en un ciclo de crecimiento exponencial y desmesurado. El 1.9% actual depende de lograr el crecimiento en recaudación y es equivalente al déficit del 2015 por lo que, de no reducirse gradualmente al 1.6%, arriesgamos la estabilidad macroeconómica que Guatemala ha gozado por tantos años.
¿Por qué nos endeudamos? Nos endeudamos para obtener mayores capacidades de generación de ingreso y con tal crecimiento generar ingresos fiscales adicionales para pagar la deuda que se adquirió. Sin embargo, ese postulado en Guatemala tiene varias deficiencias. En primer lugar, porque la base tributaria de nuestro país es muy pequeña, derivado de que las personas individuales solo tributan 3.6% en impuestos directos, lo cual representa 0.4% del PIB. Por consiguiente el incremento en ingresos per cápita para las personas individuales no necesariamente reditúa en mayores ingresos al Estado. La suficiencia de recursos fiscales no puede depender de unos pocos contribuyentes (Según datos de SAT para el 2013, cerca del 2% de los contribuyentes aportó el 95% del impuesto sobre la renta). En segundo lugar, el postulado supone que el endeudamiento se utiliza para inversión y no para cubrir gasto corriente. Una persona no se endeuda para cubrir los gastos del supermercado, sino que lo hace para comprar un activo que le producirá un beneficio multianual tal como una vivienda. De la misma forma, el Estado no debiese de endeudarse para satisfacer gastos corrientes ya que no producen ingresos futuros ni generan una fuente de repago. Los escasos recursos tributarios se evaporan al tener que cubrir los desmedidos aumentos en el sistema de pensiones del Estado, pago de pactos colectivos, y muchos pecados del pasado, por lo que además habría que revisar la priorización del gasto público.
En el otro extremo, existen propuestas ridículas y totalmente anti-técnicas que pretenden reducir considerablemente el presupuesto. Estas propuestas merecen un fuerte reproche de parte de todos los ciudadanos, ya que causarían una desestabilización del gobierno. Me atrevo a decir que no representan el interés de los guatemaltecos, sino el interés de una agenda política muy mezquina y cuestionable.
En este momento, sería un error que el presupuesto fuese menor a lo que podemos pagar. Ciertamente merece la pena que se fomente el debate alrededor de cómo asignar esos recursos hacia las verdaderas prioridades e intereses de los guatemaltecas, para responder a esa agenda de desarrollo de país. Fuera de ese criterio de suficiencia presupuestaria, sería contraproducente ceder a los caprichos políticos al limitar un presupuesto que ya es el más pequeño a nivel per cápita de todo el continente.
Guatemala necesita una mayor y mejor inversión de recursos públicos para estimular el desarrollo incluyente. Para lograrlo, es necesaria la contribución de todos los guatemaltecos. Desde la ciudadanía podemos ser parte de la solución al promover iniciativas tales como contribuir al fisco con lo que la ley indica, exigiendo factura, dirigiendo nuestras compras a empresas formales, entre otras. Podemos aportar también hacia la discusión de priorización del gasto público. Somos nosotros los que podemos cambiar la dinámica de juego, pero para lograrlo necesitamos la colaboración de todos.
@salva_paiz
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2016 asciende a un total de Q72,430 millones. Este monto se divide en: (i) funcionamiento (Q46,664 millones), (ii) inversión (Q13,316 millones) y (iii) servicio de la deuda pública (Q12,449 millones). Las fuentes de financiamiento provendrán de: (i) ingresos tributarios (Q54,556 millones), (ii) colocaciones de bonos y desembolso de prestamos (Q14,106 millones) y (iii) otros ingresos (Q 3,768 millones).
Aunque es positivo que dicho proyecto haya sido elaborado suponiendo un escenario macroeconómico moderado, es demasiado optimista sobre la recaudación fiscal y, por ende, sobre la cantidad de endeudamiento adicional que sería requerido. El proyecto supone un incremento en recaudación de 8%, a todas luces optimista por no decir inalcanzable. Este crecimiento es superior al de los últimos 5 años, que fue en promedio de 5%, y está muy por encima del 2% que se logró en el 2015. Tal aumento en la recaudación requiere un fortalecimiento institucional, sobretodo cambios en la estructura de la SAT y mejoras en su gestión además de fortalecer controles en aduanas, como agilizar el despacho, reducir discrecionalidad y promover la transparencia.
Únicamente con una estimación razonable de ingresos se podrá determinar un techo presupuestario que pueda ser compatible con el mantenimiento de una política macroeconómica prudente. Según analistas de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), el déficit no debe superar el 1.6% al año para prevenir que el endeudamiento de nuestro país se nos salga de las manos al entrar en un ciclo de crecimiento exponencial y desmesurado. El 1.9% actual depende de lograr el crecimiento en recaudación y es equivalente al déficit del 2015 por lo que, de no reducirse gradualmente al 1.6%, arriesgamos la estabilidad macroeconómica que Guatemala ha gozado por tantos años.
¿Por qué nos endeudamos? Nos endeudamos para obtener mayores capacidades de generación de ingreso y con tal crecimiento generar ingresos fiscales adicionales para pagar la deuda que se adquirió. Sin embargo, ese postulado en Guatemala tiene varias deficiencias. En primer lugar, porque la base tributaria de nuestro país es muy pequeña, derivado de que las personas individuales solo tributan 3.6% en impuestos directos, lo cual representa 0.4% del PIB. Por consiguiente el incremento en ingresos per cápita para las personas individuales no necesariamente reditúa en mayores ingresos al Estado. La suficiencia de recursos fiscales no puede depender de unos pocos contribuyentes (Según datos de SAT para el 2013, cerca del 2% de los contribuyentes aportó el 95% del impuesto sobre la renta). En segundo lugar, el postulado supone que el endeudamiento se utiliza para inversión y no para cubrir gasto corriente. Una persona no se endeuda para cubrir los gastos del supermercado, sino que lo hace para comprar un activo que le producirá un beneficio multianual tal como una vivienda. De la misma forma, el Estado no debiese de endeudarse para satisfacer gastos corrientes ya que no producen ingresos futuros ni generan una fuente de repago. Los escasos recursos tributarios se evaporan al tener que cubrir los desmedidos aumentos en el sistema de pensiones del Estado, pago de pactos colectivos, y muchos pecados del pasado, por lo que además habría que revisar la priorización del gasto público.
En el otro extremo, existen propuestas ridículas y totalmente anti-técnicas que pretenden reducir considerablemente el presupuesto. Estas propuestas merecen un fuerte reproche de parte de todos los ciudadanos, ya que causarían una desestabilización del gobierno. Me atrevo a decir que no representan el interés de los guatemaltecos, sino el interés de una agenda política muy mezquina y cuestionable.
En este momento, sería un error que el presupuesto fuese menor a lo que podemos pagar. Ciertamente merece la pena que se fomente el debate alrededor de cómo asignar esos recursos hacia las verdaderas prioridades e intereses de los guatemaltecas, para responder a esa agenda de desarrollo de país. Fuera de ese criterio de suficiencia presupuestaria, sería contraproducente ceder a los caprichos políticos al limitar un presupuesto que ya es el más pequeño a nivel per cápita de todo el continente.
Guatemala necesita una mayor y mejor inversión de recursos públicos para estimular el desarrollo incluyente. Para lograrlo, es necesaria la contribución de todos los guatemaltecos. Desde la ciudadanía podemos ser parte de la solución al promover iniciativas tales como contribuir al fisco con lo que la ley indica, exigiendo factura, dirigiendo nuestras compras a empresas formales, entre otras. Podemos aportar también hacia la discusión de priorización del gasto público. Somos nosotros los que podemos cambiar la dinámica de juego, pero para lograrlo necesitamos la colaboración de todos.
@salva_paiz