La Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala podría accionar contra la recién aprobada Ley de Tarjetas de Crédito, la cual regula las tasas de interés. La entidad está a la expectativa que el Presidente de la República la vete, de lo contrario presentarán acciones a la normativa, así lo señala una publicación de medio escrito.
El presidente de la instancia, Bernardo Rivera dijo que esperan que no se avale una normativa que dejaría sin tarjetas de crédito a más de 500 mil personas ya que con el nuevo marco legal sería difícil que alguien con ingresos inferiores a los Q12 mil puedan adquirir una.
La ley de tarjetas de crédito, aprobada la semana pasada por el Congreso de la República, establece que las tasas de interés no pueden superar el 26 por ciento anual.
Además crea el delito de clonación de tarjetas y prohíbe a las empresas de cobro hostigar y exigir a los familiares o referencias de las personas el pago respectivo. La normativa fue aprobada el pasado 5 de noviembre y cobrará vigencia tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.
La Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala podría accionar contra la recién aprobada Ley de Tarjetas de Crédito, la cual regula las tasas de interés. La entidad está a la expectativa que el Presidente de la República la vete, de lo contrario presentarán acciones a la normativa, así lo señala una publicación de medio escrito.
El presidente de la instancia, Bernardo Rivera dijo que esperan que no se avale una normativa que dejaría sin tarjetas de crédito a más de 500 mil personas ya que con el nuevo marco legal sería difícil que alguien con ingresos inferiores a los Q12 mil puedan adquirir una.
La ley de tarjetas de crédito, aprobada la semana pasada por el Congreso de la República, establece que las tasas de interés no pueden superar el 26 por ciento anual.
Además crea el delito de clonación de tarjetas y prohíbe a las empresas de cobro hostigar y exigir a los familiares o referencias de las personas el pago respectivo. La normativa fue aprobada el pasado 5 de noviembre y cobrará vigencia tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.