Ni en la ciencia política ni en la economía alguien se ha atrevido a definir con exactitud el famoso socialismo del siglo veintiuno. Sin embargo, las experiencias prácticas han demostrado que dicho sistema se ha caracterizado por la adopción de medidas de tipo económico que profundizan los problemas, en lugar de darles solución. Por ejemplo, en busca de que todos tengan acceso a alimentos, se imponen precios tope, aumentando la demanda, pero a la vez, desincentivando la producción. El resultado: escasez.

Al observar la polémica sobre la Ley de Tarjetas de Crédito, no pude evitar pensar que dicha medida se asemeja a las políticas adoptada en un sistema socialista del siglo veintiuno. En este caso, con el objetivo de proteger al usuario de posibles incrementos injustificados en las tasas de interés, se impone un techo al porcentaje que el banco pueda cobrar por las tarjetas. Esta medida podría resultar popular (¡a mí también me gustan los créditos baratos!), pero técnicamente logra lo contrario al objetivo esperado.

El efecto inmediato será el retiro de un buen número de tarjetas, sobre todo la de aquellos consumidores cuyo costo de financiamiento sea más alto. Otro efecto no tomado en cuenta podría ser la reducción de consumo (¡benditas visa cuotas!), y por ende, la recaudación de IVA y otros impuestos. Por su parte, los diputados que defienden la medida argumentan que, “ahora que sea más barata la tasa de interés, habrá más demanda de tarjetas”. En efecto, un precio más bajo tiende a incrementar la demanda de cualquier producto. Pero, ¿Qué pasará con la oferta?

Es aquí cuando vemos la necesidad de conocimiento básico del manejo de las finanzas de una empresa. Si creemos, erróneamente, que el objetivo de la empresa es incrementar sus ventas, entonces sí, a más demanda, mayor sería el éxito. Sin embargo, el objetivo de la empresa no es precisamente el incremento de las ventas, sino de las utilidades (ganancias). Muchos podemos pensar que un incremento en ventas automáticamente genera mayores utilidades, pero esto no siempre es el caso.

Cuando el costo de producir un bien es mayor a su precio, la empresa incurre en pérdidas. Por ejemplo, un consumidor le puede costar al banco un 30 por ciento de lo prestado. Si el precio tope (interés) es 25 por ciento, entonces cada tarjeta representa un 5 por ciento de pérdidas. Por lo tanto, la decisión racional es dejar de proveer el bien, de manera que ni gano, pero tampoco pierdo. El afectado es el consumidor que no podrá tener acceso al bien.

Ciertamente, existen aspectos que deberían ser regulados y que fueron incluidos en la ley. Entre ellos prohibir el acoso a los usuarios, o referencias de estos, al momento del cobro. También es necesario que la información provista al usuario especifique los rubros de cobro y el porqué de los montos. Pero la regulación no puede llegar hasta el punto de fijar precios o crear medidas que desincentiven la emisión de tarjetas, pues el resultado será todo lo contrario a la intención inicial de los legisladores.

En efecto, yo no llegaría al extremo de calificar a dichos diputados como socialistas del siglo veintiuno ni mucho menos, pero sí considero que la medida impulsada muestra cierto desconocimiento de cómo se maneja el mercado y sobre todo, de cómo debería el Estado intervenir cuándo existen fallas del mismo. Definitivamente, la Ley de Tarjetas de Crédito aprobada no es la solución adecuada a un problema existente, y resultará afectando más a las personas que supuestamente se pretende proteger.