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Pensaron que quedarían impunes, así empezó su caída

Redacción República
13 de diciembre, 2015

No cabe duda que nuestro país cambió desde abril de este año. Una serie de eventos, que incluyen la caída de altos funcionarios del Gobierno y las movilizaciones masivas y pacíficas, hicieron que varios países elogiaran lo que ocurría llegando incluso a decir que “Guatemala les da envidia”.

Aunque aquella mañana del 16 de abril 2015 todo pareció cambiar repentinamente y desencadenar una serie de acontecimientos históricos, en realidad hacía meses que se incubaba lo que vendría.

La corrupción lamentablemente no era algo nuevo en nuestro país, se había vuelto junto a la violencia algo cotidiano al punto de ser “normalizado”. Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), considera que es un problema recurrente en las distintas décadas y gobiernos.

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“Hay momentos en la historia del país en los que estos temas han repuntando. Por ejemplo las gestiones de Ydígoras Fuentes 1958 y Fernando Lucas García en 1978 fueron en su momento episodios donde la corrupción fue el tema central de los procesos políticos de cambio”, señala. Lo vivido este 2015 sería un tercer momento muy similar.

Ardón opina que algo crucial fue que los guatemaltecos pudieron ver y escuchar pruebas de cómo funcionan las estructuras de corrupción. “Fue un bofetada al ciudadano, la indignación fue lo que movilizó a las personas”, opina.

En esta ocasión República.gt retrocede unos meses para revisar los antecedentes de la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Un cambio en la discusión de la migración

Sería largo y complejo analizar todos los factores que llevaron a la crisis política de este año. Pero podemos partir de un factor que provocó una reacción en cadena: los miles de niños migrantes que viajan solos a Estados Unidos. Aunque no era algo nuevo, a mediados del 2014 su situación fue noticia en los medios de comunicación donde se detallaba que los menores procedían principalmente del llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Dando un giro en la discusión de este tema, se hablaba de promover políticas que reactiven la economía de dichos países para incentivar a la población a no migrar. Así nació el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte que no solo impulsaría cambios, sino que implicaría de parte del gobierno de Estados Unidos una ayuda de hasta US$1 mil millones de dólares.

La iniciativa implicaba mucho trabajo entre los países involucrados, una amplia planificación y la anuencia del Congreso de los Estados Unidos de entregar la ayuda. Era obvio que esos fondos debían ser administrados con transparencia para que rindieran los frutos esperados. Analistas opinan que por esa razón el gobierno de Barack Obama se enfocó en primera instancia en apoyar la lucha contra la corrupción, en el caso de Guatemala por medio de la Comisión Internacional Contra Impunidad en Guatemala (CICIG).

Ardón agrega que no es la única causa que movió el cambio pues otros temas eran el paso de armas, drogas y dinero. “Había una preocupación por la falta de respuesta del Estado de Guatemala en todos los temas, incluidos los de seguridad y en los cuales Estados Unidos también tiene particular interés y estaba siendo afectado por la corrupción”, asegura.

Así es como inicia el apoyo de Estados Unidos a la “cirugía mayor” a la institucionalidad de Guatemala.

Iván Velásquez trabajaba calladito

La CICIG fue creada a finales del 2006, pero fue hasta en 2008 que los guatemaltecos pudieron oír acerca de sus pesquisas con el caso Rosenberg. Aunque a inicios del 2015 un alto porcentaje de la población apoyaba a esta entidad, otros dudaban acerca de su efectividad y mandato.

El colombiano Iván Velásquez fue nombrado Comisionado en septiembre 2013, según Ardón desde un inicio dejó bien claro que trabajaría los temas de contrabando y reformas en el Sistema de Justicia, cambiando así la dinámica del trabajo que se había hecho hasta ese momento.

Aunque inició con un perfil más bien bajo y sin muchas expectativas de parte de la población, Velásquez se arremangó la camisa y se puso a trabajar de inmediato. Como se pudo ver después, se trataba de un trabajo minucioso y profesional.

Un año y siete meses después Velásquez haría estallar una bomba que todavía retumba en los oídos de los guatemaltecos. Pero no nos adelantemos y sigamos analizando los antecedentes.

No cumplen metas, intentan subir impuestos

La situación de la macroeconomía de Guatemala ha sido aceptable y en crecimiento en los últimos años, pero es en la Finanzas Públicas donde surgen los problemas. Luego que el gobierno de Otto Pérez Molina tomara posesión la recaudación fiscal empezó a ir a la baja y nunca se recuperó. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) cada mes informaba la meta fiscal no se cumplía, provocando un hoyo fiscal tanto en 2012 y en 2013.

Aunque la meta fiscal para el 2014 era de Q51,500 millones, se recaudó solamente Q48,885.5 millones por lo que la meta establecida, quedó en Q2,615.2. 

Ese fracaso se atribuyó a los pocos resultados de la reforma tributaria y a estimaciones no realistas, pero ya se mencionaba el efecto en la corrupción en aduanas.

El Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para el 2015 fue Q70,600 millones pero tenía una “sorpresa”. Allí se aprobó la creación de un nuevo impuesto para la telefonía y un aumento en lo que tributan del cemento y minería.

El rechazo hacia lo actuado fue inmediato por parte de distintos sectores, entre ellos, el CACIF. “Cualquier esfuerzo que se hiciera para recaudar más sin combatir la corrupción no serviría de nada. Se sabía de estas estructuras de muchos años, considerábamos que había que combatirlas primero”, dice Ardón.

En el mes de enero de 2015, al iniciar el último año del gobierno de Pérez, fueron múltiples las impugnaciones en la Corte de Constitucionalidad a lo actuado por el Congreso. Aunque eventualmente se  suspendieron y luego quedaron sin efecto los cambios fiscales, este fue un factor desgastante.

Pérez entre la espada y la pared

El 2015 inició con el informe de gobierno de Otto Pérez que en lugar de llevarse a cabo en el Congreso de la República, tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Cultura. Un año antes se había llevado a cabo en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti había recibido un “harinazo” en la cara, que luego se descubrió era cal.

Ese 14 de enero la mayoría de las bancadas del Congreso estuvieron ausentes, contando con la participación más que todo de diputados del Partido Patriota (PP). Ante el cuerpo diplomático acreditado en el país e invitados especiales, el Presidente destacó como avances la lucha contra el hambre y la seguridad.

La popularidad del gobierno patriota ya tenía un serio declive. Según un estudio realizado por la Universidad Rafael Landívar (URL) en enero 2015, sus debilidades eran los altos índices de corrupción, los cuales consideran que aumentaron en los tres Organismos del Estado, así como la falta de autoridad de Pérez Molina.

La calificación obtenida en ese estudio fue del 3.7 sobre 10, reprobando en todas las acciones implementadas por el Ejecutivo.

Algo que sobresalía en el discurso del entonces presidente era la decisión de ya no renovar el mandato de la CICIG. Esto empezó a cambiar en marzo 2015 con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joel Biden, principal promotor del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. En Guatemala se reunió con los presidentes de los tres países involucrados para hablar del tema.

Antes de irse, Biden dejó claro que otorgar la ayuda dependía en el caso de Guatemala en parte de la continuidad de la CICIG. Pérez lo tomó de muy mala manera y sin poder ocultar su enojo dijo que no aceptaría presiones en este tema, pero con el tiempo cambiaría de decisión.

Baldetti mete la pata una y otra vez

El caso de Roxana Baldetti ha acaparado los medios nacionales e internacionales. Según opina Ardón, mientras Pérez Molina desde un inicio demostró deseo de trabajar y había comunicación, su vicepresidenta mostró cierta distancia. “Siempre hubo poco contacto, había poca agenda en común”, refiere.

A Baldetti, la primera mujer electa en ese cargo, desde que tomó posesión se le atribuyeron nexos con negocio ilícitos como el narcotráfico. Además, se criticaba la vida de lujos que tenía ella y su familia, así como las varias y costosas propiedades que poseía.

Sin embargo, la actitud de la exvicepresidenta era relajada, como si quisiera restarle importancia a los problemas. De esa cuenta, daba declaraciones controversiales y hasta incoherentes. Ejemplos son cuando juró por la vida de su madre “que ya está muerta”, cuando dijo que el hospital Federico Mora era “re bonito”, cuando se autonombró la mamá postiza de todos los guatemaltecos o llamó fisiquín al entonces ministro Alejandro Sinibaldi, también candidato presidencial del PP.

Pero detrás de sus “jocosas” palabras también había acciones dudosas. Un ejemplo fue cuando se interesó por “salvar” al Lago de Amatitlán e hizo un show mediático, invitando a comer mojarras a los periodistas e incluso metiéndose a bucear en sus aguas. Eventualmente se descubrió que el contrato que suscribió con una empresa para limpiar con una solución misteriosa era un fraude, pues se trataba de agua con sal.

La campaña electoral cambia

Para el malestar de la ciudadanía desde mediados de 2014, o incluso antes, se venía dando una campaña electoral anticipada e ilegal. El entonces candidato Manuel Baldizón, del Partido Libertad Democrática Revonada (Lider), no sólo gastaba millonarias sumas en propaganda sino que se sentía muy seguro de ganar la elección presidencial, incluso en primera vuelta.

Algunos al analizar el actuar tanto de Pérez Molina como de Baldizón pudieron ver una especie de “transición de gobierno” prematura. Tan seguros estaban de los resultados que se obtendrían.

Ya en diciembre 2014 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había suspendido por seis meses a once agrupaciones políticas por incurrir en campaña anticipada. Pero esto no detuvo a los políticos.

Por ejemplo, en la Semana Santa principalmente los partidos Lider y PP aprovecharon el éxodo de paseantes nacionales y colocaron mantas para promocionar precandidatos y regalaron agua, entre otros productos, a los veraneantes.

En este punto, a finales de marzo 2015, el clamor e inconformidad popular iba subiendo de tono. Las sanciones acumuladas sólo de enero a marzo de 2015 sumaron 213 e implicaba a 10 partidos políticos reincidentes que se promocionaban sin que el TSE hubiera convocado a elecciones generales.

Las multas impuestas en total fueron US$26 mil 625 durante el primer cuatrimestre de 2015. Los partidos Lider, Creo y PP fueron los más sancionados. Sin embargo, lejos estaban de saber que cuando la campaña ya fuera legal cambiaría totalmente hasta volverse atípica y desafiaría todos los vaticinios.

Se gestaba un movimiento

Se puede decir que los acontecimientos antes mencionados eran el “caldo de cultivo” de un movimiento que desembocaría en la Plaza Central del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala como no se había visto en muchos años.

Según Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, el país vivió una guerra interna que fue muy larga y violenta, por lo que cuando terminó había una generación que prefería mantener la supuesta estabilidad que se había logrado al tener un gobierno democrático. Fue así creciendo un grupo cada vez más grande de guatemaltecos que luego de votar dejaba a la deriva los resultados de su decisión electoral.

“Sin embargo, en los últimos gobiernos fue creciendo el rechazo ante los actos de corrupción, que eran cada vez más descarados de parte de los políticos, a quienes les dimos poder a través de nuestro voto”, señala.

Como veremos en los textos de esta serie, con el trabajo de la CICIG y en específico del comisionado Velásquez, se tuvo ya certeza de lo que ocurría. “Aunque se trate apenas de uno de los tantos casos de corrupción, fue un detonante”, afirma.

Y es que la ciudadanía actual ya no está dispuesta a quedarse callada y además está mejor informada. “Por años se dijo que teníamos que tocar fondo para que el pueblo saliera a las calles. Con los escándalos destapados eso pasó. Esto marca un antes y un después”, dice Fuentes.

Según una de los primeros miembros del movimiento #RenunciaYa, que prefiere el anonimato, la frustración venía de años atrás y se iba acumulando. Quienes componían este colectivo son personas comunes de toda edad que se dedican a muchas profesiones menos a la política, pero que pensaban que había que actuar.

No imaginaban que eran miles quienes sentían lo mismo y que sólo necesitarían una convocatoria para acudir e iniciar un movimiento histórico.

(No se pierda la siguiente entrega mañana)

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Pensaron que quedarían impunes, así empezó su caída

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13 de diciembre, 2015

No cabe duda que nuestro país cambió desde abril de este año. Una serie de eventos, que incluyen la caída de altos funcionarios del Gobierno y las movilizaciones masivas y pacíficas, hicieron que varios países elogiaran lo que ocurría llegando incluso a decir que “Guatemala les da envidia”.

Aunque aquella mañana del 16 de abril 2015 todo pareció cambiar repentinamente y desencadenar una serie de acontecimientos históricos, en realidad hacía meses que se incubaba lo que vendría.

La corrupción lamentablemente no era algo nuevo en nuestro país, se había vuelto junto a la violencia algo cotidiano al punto de ser “normalizado”. Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), considera que es un problema recurrente en las distintas décadas y gobiernos.

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“Hay momentos en la historia del país en los que estos temas han repuntando. Por ejemplo las gestiones de Ydígoras Fuentes 1958 y Fernando Lucas García en 1978 fueron en su momento episodios donde la corrupción fue el tema central de los procesos políticos de cambio”, señala. Lo vivido este 2015 sería un tercer momento muy similar.

Ardón opina que algo crucial fue que los guatemaltecos pudieron ver y escuchar pruebas de cómo funcionan las estructuras de corrupción. “Fue un bofetada al ciudadano, la indignación fue lo que movilizó a las personas”, opina.

En esta ocasión República.gt retrocede unos meses para revisar los antecedentes de la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Un cambio en la discusión de la migración

Sería largo y complejo analizar todos los factores que llevaron a la crisis política de este año. Pero podemos partir de un factor que provocó una reacción en cadena: los miles de niños migrantes que viajan solos a Estados Unidos. Aunque no era algo nuevo, a mediados del 2014 su situación fue noticia en los medios de comunicación donde se detallaba que los menores procedían principalmente del llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Dando un giro en la discusión de este tema, se hablaba de promover políticas que reactiven la economía de dichos países para incentivar a la población a no migrar. Así nació el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte que no solo impulsaría cambios, sino que implicaría de parte del gobierno de Estados Unidos una ayuda de hasta US$1 mil millones de dólares.

La iniciativa implicaba mucho trabajo entre los países involucrados, una amplia planificación y la anuencia del Congreso de los Estados Unidos de entregar la ayuda. Era obvio que esos fondos debían ser administrados con transparencia para que rindieran los frutos esperados. Analistas opinan que por esa razón el gobierno de Barack Obama se enfocó en primera instancia en apoyar la lucha contra la corrupción, en el caso de Guatemala por medio de la Comisión Internacional Contra Impunidad en Guatemala (CICIG).

Ardón agrega que no es la única causa que movió el cambio pues otros temas eran el paso de armas, drogas y dinero. “Había una preocupación por la falta de respuesta del Estado de Guatemala en todos los temas, incluidos los de seguridad y en los cuales Estados Unidos también tiene particular interés y estaba siendo afectado por la corrupción”, asegura.

Así es como inicia el apoyo de Estados Unidos a la “cirugía mayor” a la institucionalidad de Guatemala.

Iván Velásquez trabajaba calladito

La CICIG fue creada a finales del 2006, pero fue hasta en 2008 que los guatemaltecos pudieron oír acerca de sus pesquisas con el caso Rosenberg. Aunque a inicios del 2015 un alto porcentaje de la población apoyaba a esta entidad, otros dudaban acerca de su efectividad y mandato.

El colombiano Iván Velásquez fue nombrado Comisionado en septiembre 2013, según Ardón desde un inicio dejó bien claro que trabajaría los temas de contrabando y reformas en el Sistema de Justicia, cambiando así la dinámica del trabajo que se había hecho hasta ese momento.

Aunque inició con un perfil más bien bajo y sin muchas expectativas de parte de la población, Velásquez se arremangó la camisa y se puso a trabajar de inmediato. Como se pudo ver después, se trataba de un trabajo minucioso y profesional.

Un año y siete meses después Velásquez haría estallar una bomba que todavía retumba en los oídos de los guatemaltecos. Pero no nos adelantemos y sigamos analizando los antecedentes.

No cumplen metas, intentan subir impuestos

La situación de la macroeconomía de Guatemala ha sido aceptable y en crecimiento en los últimos años, pero es en la Finanzas Públicas donde surgen los problemas. Luego que el gobierno de Otto Pérez Molina tomara posesión la recaudación fiscal empezó a ir a la baja y nunca se recuperó. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) cada mes informaba la meta fiscal no se cumplía, provocando un hoyo fiscal tanto en 2012 y en 2013.

Aunque la meta fiscal para el 2014 era de Q51,500 millones, se recaudó solamente Q48,885.5 millones por lo que la meta establecida, quedó en Q2,615.2. 

Ese fracaso se atribuyó a los pocos resultados de la reforma tributaria y a estimaciones no realistas, pero ya se mencionaba el efecto en la corrupción en aduanas.

El Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para el 2015 fue Q70,600 millones pero tenía una “sorpresa”. Allí se aprobó la creación de un nuevo impuesto para la telefonía y un aumento en lo que tributan del cemento y minería.

El rechazo hacia lo actuado fue inmediato por parte de distintos sectores, entre ellos, el CACIF. “Cualquier esfuerzo que se hiciera para recaudar más sin combatir la corrupción no serviría de nada. Se sabía de estas estructuras de muchos años, considerábamos que había que combatirlas primero”, dice Ardón.

En el mes de enero de 2015, al iniciar el último año del gobierno de Pérez, fueron múltiples las impugnaciones en la Corte de Constitucionalidad a lo actuado por el Congreso. Aunque eventualmente se  suspendieron y luego quedaron sin efecto los cambios fiscales, este fue un factor desgastante.

Pérez entre la espada y la pared

El 2015 inició con el informe de gobierno de Otto Pérez que en lugar de llevarse a cabo en el Congreso de la República, tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Cultura. Un año antes se había llevado a cabo en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti había recibido un “harinazo” en la cara, que luego se descubrió era cal.

Ese 14 de enero la mayoría de las bancadas del Congreso estuvieron ausentes, contando con la participación más que todo de diputados del Partido Patriota (PP). Ante el cuerpo diplomático acreditado en el país e invitados especiales, el Presidente destacó como avances la lucha contra el hambre y la seguridad.

La popularidad del gobierno patriota ya tenía un serio declive. Según un estudio realizado por la Universidad Rafael Landívar (URL) en enero 2015, sus debilidades eran los altos índices de corrupción, los cuales consideran que aumentaron en los tres Organismos del Estado, así como la falta de autoridad de Pérez Molina.

La calificación obtenida en ese estudio fue del 3.7 sobre 10, reprobando en todas las acciones implementadas por el Ejecutivo.

Algo que sobresalía en el discurso del entonces presidente era la decisión de ya no renovar el mandato de la CICIG. Esto empezó a cambiar en marzo 2015 con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joel Biden, principal promotor del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. En Guatemala se reunió con los presidentes de los tres países involucrados para hablar del tema.

Antes de irse, Biden dejó claro que otorgar la ayuda dependía en el caso de Guatemala en parte de la continuidad de la CICIG. Pérez lo tomó de muy mala manera y sin poder ocultar su enojo dijo que no aceptaría presiones en este tema, pero con el tiempo cambiaría de decisión.

Baldetti mete la pata una y otra vez

El caso de Roxana Baldetti ha acaparado los medios nacionales e internacionales. Según opina Ardón, mientras Pérez Molina desde un inicio demostró deseo de trabajar y había comunicación, su vicepresidenta mostró cierta distancia. “Siempre hubo poco contacto, había poca agenda en común”, refiere.

A Baldetti, la primera mujer electa en ese cargo, desde que tomó posesión se le atribuyeron nexos con negocio ilícitos como el narcotráfico. Además, se criticaba la vida de lujos que tenía ella y su familia, así como las varias y costosas propiedades que poseía.

Sin embargo, la actitud de la exvicepresidenta era relajada, como si quisiera restarle importancia a los problemas. De esa cuenta, daba declaraciones controversiales y hasta incoherentes. Ejemplos son cuando juró por la vida de su madre “que ya está muerta”, cuando dijo que el hospital Federico Mora era “re bonito”, cuando se autonombró la mamá postiza de todos los guatemaltecos o llamó fisiquín al entonces ministro Alejandro Sinibaldi, también candidato presidencial del PP.

Pero detrás de sus “jocosas” palabras también había acciones dudosas. Un ejemplo fue cuando se interesó por “salvar” al Lago de Amatitlán e hizo un show mediático, invitando a comer mojarras a los periodistas e incluso metiéndose a bucear en sus aguas. Eventualmente se descubrió que el contrato que suscribió con una empresa para limpiar con una solución misteriosa era un fraude, pues se trataba de agua con sal.

La campaña electoral cambia

Para el malestar de la ciudadanía desde mediados de 2014, o incluso antes, se venía dando una campaña electoral anticipada e ilegal. El entonces candidato Manuel Baldizón, del Partido Libertad Democrática Revonada (Lider), no sólo gastaba millonarias sumas en propaganda sino que se sentía muy seguro de ganar la elección presidencial, incluso en primera vuelta.

Algunos al analizar el actuar tanto de Pérez Molina como de Baldizón pudieron ver una especie de “transición de gobierno” prematura. Tan seguros estaban de los resultados que se obtendrían.

Ya en diciembre 2014 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había suspendido por seis meses a once agrupaciones políticas por incurrir en campaña anticipada. Pero esto no detuvo a los políticos.

Por ejemplo, en la Semana Santa principalmente los partidos Lider y PP aprovecharon el éxodo de paseantes nacionales y colocaron mantas para promocionar precandidatos y regalaron agua, entre otros productos, a los veraneantes.

En este punto, a finales de marzo 2015, el clamor e inconformidad popular iba subiendo de tono. Las sanciones acumuladas sólo de enero a marzo de 2015 sumaron 213 e implicaba a 10 partidos políticos reincidentes que se promocionaban sin que el TSE hubiera convocado a elecciones generales.

Las multas impuestas en total fueron US$26 mil 625 durante el primer cuatrimestre de 2015. Los partidos Lider, Creo y PP fueron los más sancionados. Sin embargo, lejos estaban de saber que cuando la campaña ya fuera legal cambiaría totalmente hasta volverse atípica y desafiaría todos los vaticinios.

Se gestaba un movimiento

Se puede decir que los acontecimientos antes mencionados eran el “caldo de cultivo” de un movimiento que desembocaría en la Plaza Central del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala como no se había visto en muchos años.

Según Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, el país vivió una guerra interna que fue muy larga y violenta, por lo que cuando terminó había una generación que prefería mantener la supuesta estabilidad que se había logrado al tener un gobierno democrático. Fue así creciendo un grupo cada vez más grande de guatemaltecos que luego de votar dejaba a la deriva los resultados de su decisión electoral.

“Sin embargo, en los últimos gobiernos fue creciendo el rechazo ante los actos de corrupción, que eran cada vez más descarados de parte de los políticos, a quienes les dimos poder a través de nuestro voto”, señala.

Como veremos en los textos de esta serie, con el trabajo de la CICIG y en específico del comisionado Velásquez, se tuvo ya certeza de lo que ocurría. “Aunque se trate apenas de uno de los tantos casos de corrupción, fue un detonante”, afirma.

Y es que la ciudadanía actual ya no está dispuesta a quedarse callada y además está mejor informada. “Por años se dijo que teníamos que tocar fondo para que el pueblo saliera a las calles. Con los escándalos destapados eso pasó. Esto marca un antes y un después”, dice Fuentes.

Según una de los primeros miembros del movimiento #RenunciaYa, que prefiere el anonimato, la frustración venía de años atrás y se iba acumulando. Quienes componían este colectivo son personas comunes de toda edad que se dedican a muchas profesiones menos a la política, pero que pensaban que había que actuar.

No imaginaban que eran miles quienes sentían lo mismo y que sólo necesitarían una convocatoria para acudir e iniciar un movimiento histórico.

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