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La Mafia de los Derechos Humanos y su Doble Moral

Redacción
31 de enero, 2016

Imaginemos por un momento esta puesta en escena, una romería de 150 personas individuales y jurídicas toca a la puerta del mal llamado “defensor del pueblo”, Jorge de León Duque. Llevan consigo una solicitud firmada para que se condene a Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, por “incitar al odio y desprestigiar a defensores de Derechos Humanos en sus publicaciones”. Tal como estaba previsto en el guión -redactado en algún país nórdico probablemente-, el flamante Procurador de los Derechos Humanos emite una resolución condenatoria equivalente a una “sentencia moral”, determinando que Ricardo Méndez-Ruiz debe dejar de emitir su opinión y de presentar evidencia ante los guatemaltecos, sobre las actividades -incluso criminales- de estos activistas. Además, Jorge de León Duque insta a los medios de comunicación a no otorgar espacio para las publicaciones de Ricardo Méndez-Ruiz.
Ante esta sentencia y censura de quien paradójicamente debería defender la Libertad de Expresión, se presentó ante la Corte de Constitucionalidad una solicitud de Amparo, la cual fue rechazada recientemente más por un sesgo hacia lo “políticamente correcto” y motivados por la coyuntura actual en la que se está seleccionando a los magistrados de esa misma corte, que basada en fundamentos jurídicos.
Vamos a repasar esta burda táctica de propaganda de los grupúsculos esos que no tienen ninguna representatividad en absoluto de los guatemaltecos, y que colectivamente se esconden tras la máscara de defensores de Derechos Humanos.
Iniciemos por analizar el memorial presentado por Claudia Samayoa de UDEFEGUA, una ex militante terrorista del PGT que goza de amnistía, el cual tiene en sí mismo datos falsos, que debieron ser investigados por la Procuraduría de los Derechos Humanos y al detectar anomalías debió presentarse denuncia ante el ministerio público por fraude y falsificación. Entre los firmantes aparece el representante de OACNUDH para Guatemala, Alberto Brunori, quien de ninguna manera puede actuar en contra de ciudadanos particulares. Este representante de la ONU emitió luego un comunicado publicado en algunos medios de prensa, desmintiendo a Samayoa y dejando claro que ni él ni la ONU respaldaron con su firma dicha solicitud de censura contra Méndez-Ruiz. En el documento aparece también la firma con el nombre del asesor del MP Javier Monterroso, quien de igual forma desmintió a Samayoa en entrevista de Emisoras Unidas, y dijo que él no había firmado dicha solicitud y negó tener tan siquiera conocimiento de esa acción planteada ante la PDH.
Lo que queda entonces de dicho documento son sólo preguntas: ¿Qué legitimidad tiene, si fue respaldado con firmas falsas? ¿A qué se refieren de forma tan cínica cuando plantean que Méndez-Ruiz “incita al odio y desprestigia a activistas de Derechos Humanos”, si son bien conocidos entre los guatemaltecos como sanguijuelas que, cual parásitos chupasangre, viven a costillas del trabajo de otros, de nuestros impuestos y de mendigar dinero en el extranjero difamando a nuestro país? ¿Acaso difundir evidencia de los millones que reciben estas organizaciones por sus mentiras, y desenmascarar el pasado terrorista de muchos de ellos es “incitar al odio”? Si los parásitos consideran que las publicaciones de la Fundación Contra el Terrorismo y de Mendez-Ruiz, su presidente, podrían ser constitutivas de delito, por qué no presentan una denuncia penal en el Ministerio Público? Esta es una pregunta compleja pero con una respuesta simple: Porque todo lo que Méndez-Ruiz denuncia es cierto, tiene respaldo, y en un tribunal sería expuesta la evidencia documental, fotográfica y testimonial que fundamenta cada uno de los suplementos La Farsa del Genocidio o el de CALAS que son el objeto de esta condena moral arbitraria.
Ahora veamos el proceso en la Procuraduría de Derechos Humanos y sus múltiples irregularidades. Todo ciudadano tiene como garantía individual que para ser condenado, antes debe ser citado, escuchado y vencido en un proceso imparcial. Nada de esto se cumplió, y por lo tanto el más reciente fallo moral y de propaganda de la PDH, puede considerarse un abuso de autoridad y una resolución violatoria a la Constitución.
Algo que también debe analizarse sobre estos vividores y sus ONG’s, es la sospecha de posible lavado de dinero a través de estas entidades, que ni siquiera pagan los impuestos que deberían de acuerdo a sus millonarios ingresos, ni mucho menos son fiscalizadas apropiadamente. Este es un tema en el cual la Intendencia de Verificación Especial, la Contraloría General de Cuentas y el mismo Ministerio Público deberían realizar investigaciones para determinar si no incurren dentro de la categoría de crimen organizado, ya que en muchas ocasiones son “empresas de cartón”, como la denominada pomposamente “Comisión Internacional de Juristas”, que dirige Ramón Cadena y que está integrada únicamente por él y su secretaria, pero que es intermediaria sin ninguna fiscalización de varios millones de euros, dólares y quetzales al año, provenientes en gran medida de resarcimientos por demandas espurias contra el Estado de Guatemala, pero también son producto de “donaciones” muy dudosas y de comisiones escondidas tras “gastos administrativos”
Lo que los parásitos que lucran del discurso falaz de la defensa de los Derechos Humanos pretenden es seguir difundiendo sus patrañas sin control, y sin que nadie les haga frente. Al menos yo no me callo, y este mensaje que tratan de enviar al “ajusticiar sumaria y revolucionariamente” a Méndez-Ruiz, dirigido para todos los que opinamos distinto, tampoco me asusta.
Cuando los medios de comunicación sesgados y cobardes callan, las redes sociales gritan la verdad en Libertad.

La Mafia de los Derechos Humanos y su Doble Moral

Redacción
31 de enero, 2016

Imaginemos por un momento esta puesta en escena, una romería de 150 personas individuales y jurídicas toca a la puerta del mal llamado “defensor del pueblo”, Jorge de León Duque. Llevan consigo una solicitud firmada para que se condene a Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, por “incitar al odio y desprestigiar a defensores de Derechos Humanos en sus publicaciones”. Tal como estaba previsto en el guión -redactado en algún país nórdico probablemente-, el flamante Procurador de los Derechos Humanos emite una resolución condenatoria equivalente a una “sentencia moral”, determinando que Ricardo Méndez-Ruiz debe dejar de emitir su opinión y de presentar evidencia ante los guatemaltecos, sobre las actividades -incluso criminales- de estos activistas. Además, Jorge de León Duque insta a los medios de comunicación a no otorgar espacio para las publicaciones de Ricardo Méndez-Ruiz.
Ante esta sentencia y censura de quien paradójicamente debería defender la Libertad de Expresión, se presentó ante la Corte de Constitucionalidad una solicitud de Amparo, la cual fue rechazada recientemente más por un sesgo hacia lo “políticamente correcto” y motivados por la coyuntura actual en la que se está seleccionando a los magistrados de esa misma corte, que basada en fundamentos jurídicos.
Vamos a repasar esta burda táctica de propaganda de los grupúsculos esos que no tienen ninguna representatividad en absoluto de los guatemaltecos, y que colectivamente se esconden tras la máscara de defensores de Derechos Humanos.
Iniciemos por analizar el memorial presentado por Claudia Samayoa de UDEFEGUA, una ex militante terrorista del PGT que goza de amnistía, el cual tiene en sí mismo datos falsos, que debieron ser investigados por la Procuraduría de los Derechos Humanos y al detectar anomalías debió presentarse denuncia ante el ministerio público por fraude y falsificación. Entre los firmantes aparece el representante de OACNUDH para Guatemala, Alberto Brunori, quien de ninguna manera puede actuar en contra de ciudadanos particulares. Este representante de la ONU emitió luego un comunicado publicado en algunos medios de prensa, desmintiendo a Samayoa y dejando claro que ni él ni la ONU respaldaron con su firma dicha solicitud de censura contra Méndez-Ruiz. En el documento aparece también la firma con el nombre del asesor del MP Javier Monterroso, quien de igual forma desmintió a Samayoa en entrevista de Emisoras Unidas, y dijo que él no había firmado dicha solicitud y negó tener tan siquiera conocimiento de esa acción planteada ante la PDH.
Lo que queda entonces de dicho documento son sólo preguntas: ¿Qué legitimidad tiene, si fue respaldado con firmas falsas? ¿A qué se refieren de forma tan cínica cuando plantean que Méndez-Ruiz “incita al odio y desprestigia a activistas de Derechos Humanos”, si son bien conocidos entre los guatemaltecos como sanguijuelas que, cual parásitos chupasangre, viven a costillas del trabajo de otros, de nuestros impuestos y de mendigar dinero en el extranjero difamando a nuestro país? ¿Acaso difundir evidencia de los millones que reciben estas organizaciones por sus mentiras, y desenmascarar el pasado terrorista de muchos de ellos es “incitar al odio”? Si los parásitos consideran que las publicaciones de la Fundación Contra el Terrorismo y de Mendez-Ruiz, su presidente, podrían ser constitutivas de delito, por qué no presentan una denuncia penal en el Ministerio Público? Esta es una pregunta compleja pero con una respuesta simple: Porque todo lo que Méndez-Ruiz denuncia es cierto, tiene respaldo, y en un tribunal sería expuesta la evidencia documental, fotográfica y testimonial que fundamenta cada uno de los suplementos La Farsa del Genocidio o el de CALAS que son el objeto de esta condena moral arbitraria.
Ahora veamos el proceso en la Procuraduría de Derechos Humanos y sus múltiples irregularidades. Todo ciudadano tiene como garantía individual que para ser condenado, antes debe ser citado, escuchado y vencido en un proceso imparcial. Nada de esto se cumplió, y por lo tanto el más reciente fallo moral y de propaganda de la PDH, puede considerarse un abuso de autoridad y una resolución violatoria a la Constitución.
Algo que también debe analizarse sobre estos vividores y sus ONG’s, es la sospecha de posible lavado de dinero a través de estas entidades, que ni siquiera pagan los impuestos que deberían de acuerdo a sus millonarios ingresos, ni mucho menos son fiscalizadas apropiadamente. Este es un tema en el cual la Intendencia de Verificación Especial, la Contraloría General de Cuentas y el mismo Ministerio Público deberían realizar investigaciones para determinar si no incurren dentro de la categoría de crimen organizado, ya que en muchas ocasiones son “empresas de cartón”, como la denominada pomposamente “Comisión Internacional de Juristas”, que dirige Ramón Cadena y que está integrada únicamente por él y su secretaria, pero que es intermediaria sin ninguna fiscalización de varios millones de euros, dólares y quetzales al año, provenientes en gran medida de resarcimientos por demandas espurias contra el Estado de Guatemala, pero también son producto de “donaciones” muy dudosas y de comisiones escondidas tras “gastos administrativos”
Lo que los parásitos que lucran del discurso falaz de la defensa de los Derechos Humanos pretenden es seguir difundiendo sus patrañas sin control, y sin que nadie les haga frente. Al menos yo no me callo, y este mensaje que tratan de enviar al “ajusticiar sumaria y revolucionariamente” a Méndez-Ruiz, dirigido para todos los que opinamos distinto, tampoco me asusta.
Cuando los medios de comunicación sesgados y cobardes callan, las redes sociales gritan la verdad en Libertad.