El debate sobre la pena de muerte ha vuelto a la mesa a raíz de una iniciativa de ley presentada por miembros de la fundación Hoy por Guatemala que busca reactivar la aplicación de la misma. Las integrantes de la fundación argumentan que es necesaria su implementación pues sicarios y extorsionistas han ocasionado la muerte de más de 23 mil personas desde el 2012 hasta la fecha.
En Guatemala son asesinadas aproximadamente 15 personas por día y en la mayoría de los casos los antisociales que le quitaron la vida a esas personas quedan en la impunidad. Es totalmente legítimo el perpetuo sentimiento de hartazgo generalizado al que hemos llegado como producto de la situación actual y la incertidumbre en la que vivimos. Sin embargo, las soluciones para esta situación no deben estar ligadas a la emotividad pues de ser así podemos obtener consecuencias no deseadas.
Es por ello que en esta ocasión reflexionaré sobre la racionalidad de la propuesta de asesinar a asesinos con la garantía de un decreto como solución a los altos índices de homicidio en el país.
Todo individuo tiene un derecho inalienable a la vida, la libertad y la propiedad, lo que significa que cada uno tiene el derecho a disponer de su cuerpo, su mente, su capacidades y su recursos a voluntad sin que nadie más pueda impedirlo siempre y cuando no iniciemos el uso de la fuerza en contra de esos mismos derechos que poseen los demás. Es por ello que Ayn Rand los define como “principios que limitan y sancionan la libertad de acción de otro hombre en un contexto social”.
Con el objetivo de garantizar tales derechos hemos delegado el monopolio de la fuerza al gobierno para que este la utilice como represalia contra quienes inicien el uso de la fuerza contra otros individuos, sancionándolos por su actuar y forzándolos a compensar el agravio cometido. Es por ello que la funciones primordiales de un gobierno son garantizar la seguridad y la justicia.
Bajo la perspectiva anterior, moralmente los asesinos merecen morir pues le han arrebatado el derecho a vivir a otro individuo, de la misma forma en que se pierde el derecho a la libertad y la propiedad cuando se violentan los de otro. Sin embargo, el problema radica en la aplicación.
En primer lugar, debemos recordar que las instituciones gubernamentales están conformadas por hombres y como tal, las decisiones de cada uno no son infalibles, están sujetas al error y también a sus buenas o malas intenciones. Basta con pensar en el 40% de los reclusos en Guatemala que han sido sometidos a servilismo involuntario por la potencialidad de haber cometido un crimen, de ese porcentaje habrá quienes son culpables y quienes inocentes. A pesar de lo perverso que es mantener en reclusión a un inocente, este al menos tiene la posibilidad de recuperar la libertad ante el error del funcionario púbico que lo condenó, pero ante un error en la condena a muerte no hay vuelta atrás.
Errores que por cierto, son bastante comunes. En Estados Unidos, un país en el que la pena de muerte se aplica en 31 Estados, desde 1973 hasta la fecha se han ejecutado mil doscientos prisioneros y ciento cuarenta han sido exonerados. Según un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, el cuatro por ciento de los convictos que se encuentran en “la fila de la muerte” esperando a ser ejecutados son inocentes.
Si en Estados Unidos, una nación con un sistema judicial criminal y civil independiente que todavía conserva su eficiencia en la aplicación de la ley y en el que se respeta el debido proceso, se cometen esos errores, ¿cómo pretendemos promover la pena de muerte en un país como el nuestro en el que el Estado de Derecho es increíblemente débil, la institucionalidad es mínima, la corrupción es omnipresente y el debido proceso se respeta a conveniencia?
Como guinda para el pastel, vale mencionar que no hay evidencia empírica que demuestre que alguno de los países en los que la pena de muerte se aplica existe una disminución en los índices de criminalidad. Por el contrario, un estudio realizado por el Death Penalty Informatin Center llegó a la conclusión de que el promedio de asesinatos en los Estados de EEUU en los que se aplica la pena de muerte es mayor al promedio de los Estados en los que no se aplica.
En mi siguiente artículo escribiré sobre las soluciones que en mi opinión se pueden tomar para reducir las altas tasas de homicidio en nuestro país y para asegurar el castigo de los criminales. Por el momento solo mencionaré que lo necesario es fortalecer el sistema de justicia (lo cual incluye una mayor asignación presupuestaria para el Organismo Judicial que actualmente posee un presupuesto absurdamente menor al de Deportes y la Universidad estatal), invertir en el sistema penitenciario y poner a los convictos a trabajar para que ellos paguen por su propia manutención tal como se hace en Colorado.
La aplicación de la pena no se justifica ni aquí ni en Estados Unidos ni ningún otro país mientras esta sea a expensas de inocentes que sean ejecutados en el proceso y ni siquiera la muerte de todos los sicarios y asesinos de un país vale por la vida de un inocente.
Continuará.
El debate sobre la pena de muerte ha vuelto a la mesa a raíz de una iniciativa de ley presentada por miembros de la fundación Hoy por Guatemala que busca reactivar la aplicación de la misma. Las integrantes de la fundación argumentan que es necesaria su implementación pues sicarios y extorsionistas han ocasionado la muerte de más de 23 mil personas desde el 2012 hasta la fecha.
En Guatemala son asesinadas aproximadamente 15 personas por día y en la mayoría de los casos los antisociales que le quitaron la vida a esas personas quedan en la impunidad. Es totalmente legítimo el perpetuo sentimiento de hartazgo generalizado al que hemos llegado como producto de la situación actual y la incertidumbre en la que vivimos. Sin embargo, las soluciones para esta situación no deben estar ligadas a la emotividad pues de ser así podemos obtener consecuencias no deseadas.
Es por ello que en esta ocasión reflexionaré sobre la racionalidad de la propuesta de asesinar a asesinos con la garantía de un decreto como solución a los altos índices de homicidio en el país.
Todo individuo tiene un derecho inalienable a la vida, la libertad y la propiedad, lo que significa que cada uno tiene el derecho a disponer de su cuerpo, su mente, su capacidades y su recursos a voluntad sin que nadie más pueda impedirlo siempre y cuando no iniciemos el uso de la fuerza en contra de esos mismos derechos que poseen los demás. Es por ello que Ayn Rand los define como “principios que limitan y sancionan la libertad de acción de otro hombre en un contexto social”.
Con el objetivo de garantizar tales derechos hemos delegado el monopolio de la fuerza al gobierno para que este la utilice como represalia contra quienes inicien el uso de la fuerza contra otros individuos, sancionándolos por su actuar y forzándolos a compensar el agravio cometido. Es por ello que la funciones primordiales de un gobierno son garantizar la seguridad y la justicia.
Bajo la perspectiva anterior, moralmente los asesinos merecen morir pues le han arrebatado el derecho a vivir a otro individuo, de la misma forma en que se pierde el derecho a la libertad y la propiedad cuando se violentan los de otro. Sin embargo, el problema radica en la aplicación.
En primer lugar, debemos recordar que las instituciones gubernamentales están conformadas por hombres y como tal, las decisiones de cada uno no son infalibles, están sujetas al error y también a sus buenas o malas intenciones. Basta con pensar en el 40% de los reclusos en Guatemala que han sido sometidos a servilismo involuntario por la potencialidad de haber cometido un crimen, de ese porcentaje habrá quienes son culpables y quienes inocentes. A pesar de lo perverso que es mantener en reclusión a un inocente, este al menos tiene la posibilidad de recuperar la libertad ante el error del funcionario púbico que lo condenó, pero ante un error en la condena a muerte no hay vuelta atrás.
Errores que por cierto, son bastante comunes. En Estados Unidos, un país en el que la pena de muerte se aplica en 31 Estados, desde 1973 hasta la fecha se han ejecutado mil doscientos prisioneros y ciento cuarenta han sido exonerados. Según un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, el cuatro por ciento de los convictos que se encuentran en “la fila de la muerte” esperando a ser ejecutados son inocentes.
Si en Estados Unidos, una nación con un sistema judicial criminal y civil independiente que todavía conserva su eficiencia en la aplicación de la ley y en el que se respeta el debido proceso, se cometen esos errores, ¿cómo pretendemos promover la pena de muerte en un país como el nuestro en el que el Estado de Derecho es increíblemente débil, la institucionalidad es mínima, la corrupción es omnipresente y el debido proceso se respeta a conveniencia?
Como guinda para el pastel, vale mencionar que no hay evidencia empírica que demuestre que alguno de los países en los que la pena de muerte se aplica existe una disminución en los índices de criminalidad. Por el contrario, un estudio realizado por el Death Penalty Informatin Center llegó a la conclusión de que el promedio de asesinatos en los Estados de EEUU en los que se aplica la pena de muerte es mayor al promedio de los Estados en los que no se aplica.
En mi siguiente artículo escribiré sobre las soluciones que en mi opinión se pueden tomar para reducir las altas tasas de homicidio en nuestro país y para asegurar el castigo de los criminales. Por el momento solo mencionaré que lo necesario es fortalecer el sistema de justicia (lo cual incluye una mayor asignación presupuestaria para el Organismo Judicial que actualmente posee un presupuesto absurdamente menor al de Deportes y la Universidad estatal), invertir en el sistema penitenciario y poner a los convictos a trabajar para que ellos paguen por su propia manutención tal como se hace en Colorado.
La aplicación de la pena no se justifica ni aquí ni en Estados Unidos ni ningún otro país mientras esta sea a expensas de inocentes que sean ejecutados en el proceso y ni siquiera la muerte de todos los sicarios y asesinos de un país vale por la vida de un inocente.
Continuará.