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Desafío de solucionar diferendo territorial, insular y marítimo con Belice

Redacción
09 de febrero, 2016

Después de 160 años de transitar por una senda de altas y bajas para resolver el diferendo territorial entre Guatemala y Belice, y haber enfrentado una variedad de contrariedades y desencuentros, el nuevo gobierno tiene el mandato constitucional de resolver el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Es imperativo encontrar un instrumento que permita dirimir esta controversia y superar esta incómoda situación ventilando el caso en la Corte Internacional de Justicia.

Muchas cosas han pasado desde que todo este proceso dio inicio, pero a tenor del esfuerzo genuino de negociación llevado a cabo en la administración antepasada, conviene destacar el logro de haber firmado el “Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, firmado por la República de Guatemala y Belice en 2008 y aprobado por unanimidad en el Congreso en el 2010, lo cual refleja el interés de todos los sectores del país para resolver la controversia.

De hecho, en abril de 2012 los gobiernos de Guatemala y Belice, ante la presencia del Secretario General de la OEA, procedieron a fijar la fecha para celebrar las consultas populares en ambos países, escogiendo el 6 de octubre de 2013 para tal efecto. Sin embargo, a pesar del compromiso de buena fe para llevar a cabo esas consultas populares en la fecha prevista, Guatemala se enteró que Belice había modificado su Ley de Referéndum a espaldas de nuestro país y la comunidad internacional, lo cual hizo que Guatemala decidiera no celebrar su propia consulta y urgió a Belice a modificar la ley.

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Ciertamente, este hecho por parte de Belice viola la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que entre otras cuestiones preceptúa que todo Estado debe abstenerse de tomar acciones que derroten el objeto y fin del tratado, aborda el principio de buena fe y expone sobre la relación de todos los instrumentos firmados que llevaron a concluir un tratado. En este sentido, este cambio de reglas de juego de Belice, denota un comportamiento político que deja mucho que desear.

Aún así, después de esfuerzos diplomáticos para resguardar el Acuerdo Especial, ambos países se comprometieron a posponer las consultas populares, en una fecha aún pendiente de acordar, y firmando un protocolo adicional que se espera que el Congreso lo apruebe pronto. Sin embargo, es importante recordar que durante la Asamblea General de la ONU de 2013, el Canciller de Belice, Wilfred Elrington, formuló ante la comunidad internacional una serie de señalamientos en contra de Guatemala, que constituyó una contrariedad en el proceso. Entre estos, señaló a Guatemala de negarse a celebrar las consultas populares, denuncia que el reclamo nacional amenaza la integridad territorial de Belice y afecta sus inversiones, y llamó criminales a los campesinos guatemaltecos de la Zona de Adyacencia que ingresan a Belice. En otras palabras, se polarizó nuevamente la relación, pero esta vez en el marco de un evento internacional de suma importancia. Por eso, el Gobierno de Guatemala debe estar atento a lo que acontece en este tipo de foros, para evitar que se repitan estas lamentables situaciones que dejan mal parado al país ante la comunidad internacional.

Por lo tanto, en virtud del mandato constitucional que el Congreso de la República le confiere al Ejecutivo para resolver este diferendo, es importante que el nuevo gobierno restablezca la comisión encargada de resguardar la soberanía del país y dar seguimiento diplomático a este tema. De esta forma, se podrá definir un cronograma de acciones, que una vez cumplido permita dirigirse a la Corte Internacional de Justicia, en donde se podrá dirimir el diferendo. En todo caso, se espera que haya suficiente voluntad política de ambas partes para encontrar el camino de una solución definitiva.

Desafío de solucionar diferendo territorial, insular y marítimo con Belice

Redacción
09 de febrero, 2016

Después de 160 años de transitar por una senda de altas y bajas para resolver el diferendo territorial entre Guatemala y Belice, y haber enfrentado una variedad de contrariedades y desencuentros, el nuevo gobierno tiene el mandato constitucional de resolver el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Es imperativo encontrar un instrumento que permita dirimir esta controversia y superar esta incómoda situación ventilando el caso en la Corte Internacional de Justicia.

Muchas cosas han pasado desde que todo este proceso dio inicio, pero a tenor del esfuerzo genuino de negociación llevado a cabo en la administración antepasada, conviene destacar el logro de haber firmado el “Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, firmado por la República de Guatemala y Belice en 2008 y aprobado por unanimidad en el Congreso en el 2010, lo cual refleja el interés de todos los sectores del país para resolver la controversia.

De hecho, en abril de 2012 los gobiernos de Guatemala y Belice, ante la presencia del Secretario General de la OEA, procedieron a fijar la fecha para celebrar las consultas populares en ambos países, escogiendo el 6 de octubre de 2013 para tal efecto. Sin embargo, a pesar del compromiso de buena fe para llevar a cabo esas consultas populares en la fecha prevista, Guatemala se enteró que Belice había modificado su Ley de Referéndum a espaldas de nuestro país y la comunidad internacional, lo cual hizo que Guatemala decidiera no celebrar su propia consulta y urgió a Belice a modificar la ley.

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Ciertamente, este hecho por parte de Belice viola la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que entre otras cuestiones preceptúa que todo Estado debe abstenerse de tomar acciones que derroten el objeto y fin del tratado, aborda el principio de buena fe y expone sobre la relación de todos los instrumentos firmados que llevaron a concluir un tratado. En este sentido, este cambio de reglas de juego de Belice, denota un comportamiento político que deja mucho que desear.

Aún así, después de esfuerzos diplomáticos para resguardar el Acuerdo Especial, ambos países se comprometieron a posponer las consultas populares, en una fecha aún pendiente de acordar, y firmando un protocolo adicional que se espera que el Congreso lo apruebe pronto. Sin embargo, es importante recordar que durante la Asamblea General de la ONU de 2013, el Canciller de Belice, Wilfred Elrington, formuló ante la comunidad internacional una serie de señalamientos en contra de Guatemala, que constituyó una contrariedad en el proceso. Entre estos, señaló a Guatemala de negarse a celebrar las consultas populares, denuncia que el reclamo nacional amenaza la integridad territorial de Belice y afecta sus inversiones, y llamó criminales a los campesinos guatemaltecos de la Zona de Adyacencia que ingresan a Belice. En otras palabras, se polarizó nuevamente la relación, pero esta vez en el marco de un evento internacional de suma importancia. Por eso, el Gobierno de Guatemala debe estar atento a lo que acontece en este tipo de foros, para evitar que se repitan estas lamentables situaciones que dejan mal parado al país ante la comunidad internacional.

Por lo tanto, en virtud del mandato constitucional que el Congreso de la República le confiere al Ejecutivo para resolver este diferendo, es importante que el nuevo gobierno restablezca la comisión encargada de resguardar la soberanía del país y dar seguimiento diplomático a este tema. De esta forma, se podrá definir un cronograma de acciones, que una vez cumplido permita dirigirse a la Corte Internacional de Justicia, en donde se podrá dirimir el diferendo. En todo caso, se espera que haya suficiente voluntad política de ambas partes para encontrar el camino de una solución definitiva.