En 2011 formé parte de la Comisión Organizadora del IX Congreso Forestal Nacional en Guatemala. Participé a título personal y ya consciente de las falsas premisas que sostenían toda la política ambiental nacional e internacional. Al Congreso acudirían todos los “actores” del sector; empresarios, líderes comunitarios, académicos, ambientalistas y burócratas. Poco podía hacer ante el influjo total de lo políticamente correcto. Insistí, sin embargo, en la oportunidad de tener como lección inaugural a la profesora Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel de Economía dos años antes (2009) por sus estudios en la administración de los “recursos de uso común”.
Recuerdo que por aquellos años se celebraba en los círculos académicos tradicionales aquel premio Nobel. Ostrom representaba la batalla ganada de los bienes comunes por sobre los proponentes de la tesis de la propiedad privada de los recursos naturales. Yo escéptico de aquella postura y más por curiosidad intelectual acudí al profesor Randal O’Toole, experto en bosques del Cato Institute. Le consulté sobre una posible pregunta para la profesora Ostrom. O’Toole me contó sobre sus discrepancias académicas con Ostrom y me sugirió preguntarle sobre el número de personas que podían disponer de un recurso natural en común sin caer en la denominada Tragedia de los Comunes, planteada por ecólogo estadunidense Garret Hardin en 1968.
La hora de mi pregunta llegaría en medio de aquella sala de un popular hotel en La Antigua Guatemala, donde más de 400 personas celebraban el Congreso: “Profesora, ¿cree usted que el número de personas que se benefician de la administración de un bien tenido en común, digamos un río, es importante para su sostenibilidad?” Su respuesta fue algo así como: “No. No es importante. Dejemos de pensar en el número de personas”.
La tesis de O’Toole me parecía por demás interesante; él sostenía que un bien común que fuese gestionado/aprovechado por más de 150 personas tendería al deterioro y escases. Su tesis estaba fundada en algunos parámetros neuro-científicos de reciente descubrimiento.
Cuatro años después de aquella interesante participación de un Premio Nobel en un Congreso Forestal Nacional—si al caso mi mejor y única contribución en aquellos años de conflicto de intereses, formé parte de una discusión académica sobre el mismo tema. Esta vez en el marco de la reunión anual de la prestigiosa sociedad académica Mont Pelerin. Michael De Alessi, economista estadunidense del Center for Private Conservation, planteaba una serie de interrogantes sobre la tesis de Ostrom. Una de ellas era lo “frágil” que resultaban ser las “reglas informales” de los recursos naturales tenidos en común. Frágiles ante la sanción legal y ante instrumentos financieros tales como el crédito ofrecido por el sistema bancario tradicional.
Ostrom y Hardin, a mí parecer, continúan planteando un gran desafío académico. Los derechos de propiedad evolucionan continuamente porque así evolucionan los intereses de los seres humanos, sus gustos y preferencias y su conocimiento. Hasta aquí no sé con certeza si deban ser parte importante de una ley, digamos de agua, de bosques o de minería, o más bien un Principio consignado desde una Constitución de naturaleza Republicana.
De lo que sí estoy seguro es que en este contexto de permanente conflicto ambiental es urgente que aquellos que tenemos el genuino interés de proponer soluciones diferentes a las tradicionales políticas públicas continuemos explorando el potencial de los derechos de propiedad. Sin ellos puestos en el centro de la escena, las soluciones pacíficas a los conflictos ambientales sencillamente nunca llegarán.
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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus opiniones se publican en República.gt, Rana, Diario AltaVoz (Perú) y NotiMinuto (Venezuela).
En 2011 formé parte de la Comisión Organizadora del IX Congreso Forestal Nacional en Guatemala. Participé a título personal y ya consciente de las falsas premisas que sostenían toda la política ambiental nacional e internacional. Al Congreso acudirían todos los “actores” del sector; empresarios, líderes comunitarios, académicos, ambientalistas y burócratas. Poco podía hacer ante el influjo total de lo políticamente correcto. Insistí, sin embargo, en la oportunidad de tener como lección inaugural a la profesora Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel de Economía dos años antes (2009) por sus estudios en la administración de los “recursos de uso común”.
Recuerdo que por aquellos años se celebraba en los círculos académicos tradicionales aquel premio Nobel. Ostrom representaba la batalla ganada de los bienes comunes por sobre los proponentes de la tesis de la propiedad privada de los recursos naturales. Yo escéptico de aquella postura y más por curiosidad intelectual acudí al profesor Randal O’Toole, experto en bosques del Cato Institute. Le consulté sobre una posible pregunta para la profesora Ostrom. O’Toole me contó sobre sus discrepancias académicas con Ostrom y me sugirió preguntarle sobre el número de personas que podían disponer de un recurso natural en común sin caer en la denominada Tragedia de los Comunes, planteada por ecólogo estadunidense Garret Hardin en 1968.
La hora de mi pregunta llegaría en medio de aquella sala de un popular hotel en La Antigua Guatemala, donde más de 400 personas celebraban el Congreso: “Profesora, ¿cree usted que el número de personas que se benefician de la administración de un bien tenido en común, digamos un río, es importante para su sostenibilidad?” Su respuesta fue algo así como: “No. No es importante. Dejemos de pensar en el número de personas”.
La tesis de O’Toole me parecía por demás interesante; él sostenía que un bien común que fuese gestionado/aprovechado por más de 150 personas tendería al deterioro y escases. Su tesis estaba fundada en algunos parámetros neuro-científicos de reciente descubrimiento.
Cuatro años después de aquella interesante participación de un Premio Nobel en un Congreso Forestal Nacional—si al caso mi mejor y única contribución en aquellos años de conflicto de intereses, formé parte de una discusión académica sobre el mismo tema. Esta vez en el marco de la reunión anual de la prestigiosa sociedad académica Mont Pelerin. Michael De Alessi, economista estadunidense del Center for Private Conservation, planteaba una serie de interrogantes sobre la tesis de Ostrom. Una de ellas era lo “frágil” que resultaban ser las “reglas informales” de los recursos naturales tenidos en común. Frágiles ante la sanción legal y ante instrumentos financieros tales como el crédito ofrecido por el sistema bancario tradicional.
Ostrom y Hardin, a mí parecer, continúan planteando un gran desafío académico. Los derechos de propiedad evolucionan continuamente porque así evolucionan los intereses de los seres humanos, sus gustos y preferencias y su conocimiento. Hasta aquí no sé con certeza si deban ser parte importante de una ley, digamos de agua, de bosques o de minería, o más bien un Principio consignado desde una Constitución de naturaleza Republicana.
De lo que sí estoy seguro es que en este contexto de permanente conflicto ambiental es urgente que aquellos que tenemos el genuino interés de proponer soluciones diferentes a las tradicionales políticas públicas continuemos explorando el potencial de los derechos de propiedad. Sin ellos puestos en el centro de la escena, las soluciones pacíficas a los conflictos ambientales sencillamente nunca llegarán.
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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus opiniones se publican en República.gt, Rana, Diario AltaVoz (Perú) y NotiMinuto (Venezuela).