En un mundo ideal, no deberíamos ni siquiera estar debatiendo un elemento tan triste y sombrío como el tema de la pena de muerte. Sin embargo, y desafortunadamente, no vivimos en un mundo ideal, sino en uno muy real, difícil, complejo, hermoso y nefasto a la vez, con casos extremos que requieren con frecuencia, medidas extremas.
Esta semana vino el ilustre presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decirnos que en Guatemala la corrupción generalizada y la impunidad sin límites son nuestros mayores problemas, menos mal porque “no nos habíamos percatado de ello”. Dijo también que debemos pagar las cuantiosas fortunas que su honorable comisión nos ha ordenado pagar como resarcimiento por varios casos relativos a supuestos abusos contra los derechos humanos, cometidos durante los 36 años de guerra de guerrillas que vivimos. Adicionalmente se pronunció contra la pena de muerte. Luego vi la noticia sobre un asesino en serie en Noruega cuyos derechos humanos estaban siendo violados al haber sido condenado a vivir en aislamiento en la cárcel de por vida. Los defensores de los derechos humanos en Noruega dijeron que condenar al pobre asesino en serie de ese modo era inhumano. Luego vi las declaraciones de un sacerdote Jesuita en Guatevisión del miércoles 16 por la mañana hablando de genocidio.
Me pregunto, todos estos defensores de derechos humanos, ¿qué harían si un marero entra a su casa a violar a sus hijas (o a la defensora misma), o a matar a su marido? Le harían cafecito, ofrecerían un traguito, se sentarían a conversar con el asesino, seguramente. O al menos eso nos quieren hacer creer los paladines de los asesinos. Los medios en Guatemala, cuando sucede una tragedia como la del maestro que fue asesinado frente a sus estudiantes, entrevista gente como Mario Polanco del GAM, quien por primera vez habló con algo de mesura, pero la periodista continuaba buscando que dijera algo para causar más sensacionalismo y asustar a la gente. Es así que entre los defensores de derechos humanos y el periodismo amarillista que sólo busca ratings y ventas están haciendo todo lo posible por influenciar a la opinión pública contra la implementación de la pena de muerte.
Si los sicarios, los secuestros, los mareros y los pedófilos tienen más derechos que usted y que yo, y merecen todas las consideraciones que ellos les negaran a sus víctimas luego de violarlas, descuartizarlas, desmembrarlas, o someterlas a cualquier cantidad de vejámenes y torturas, dice mucho de nuestra sociedad. Si eso es ser políticamente correcto, prefiero ser políticamente incorrecta. Me duele que mis impuestos sirvan para darles alimento y cuidados médicos a seres humanos que han perdido todo sentido de humanidad y cometido los actos más viles y bajos que un ser humano puede hacer. Es realmente inaudito que el Procurador de los Derechos Humanos o el flamante Presidente de la CIDH vengan a decirnos que la pena de muerte es inmoral e inhumana. Pero es lógico que digan esto, ya que deben justificar sus jugosos salarios. Inmoral e inhumano es pretender que tiene derecho alguno gente que ha tenido la falta más absoluta de humanidad y por ejemplo, violado a una niña de 4 años, o violado, torturado y asesinado a una mujer para iniciarse en una mara, o descuartizado a un repartidor de agua dentro de una prisión, o secuestrado a una persona y cortado una oreja o un dedo o lo que sea para enviarlo a la familia como prueba, o pasado disparando a alguien en una esquina llevándose de corbata no sólo a la víctima destinatario del contrato del sicario sino también a quienes pasaban por allí. Lo mismo digo de quienes se amarran una bomba para hacer volar en pedazos a quienes usan un autobús como medio de transporte, o quienes están reunidos en un restaurante para comer algo, o donde sea. Suicidas, terroristas, psicópatas, pedófilos, sicarios, mareros, y secuestradores son todos iguales y debieran ser juzgados con el máximo peso de la Ley, es decir, ejecutados a la mayor brevedad posible una vez emitido el juicio donde bajo ningún punto de vista haya duda razonable alguna. Como diría el escritor y periodista francés Jean-Baptiste Alphonse Karr, editor de Le Figaro, “si debemos abolir la pena de muerte, quiero ver que el primer paso lo den mis amigos los asesinos”. No estamos hablando de implementar la pena de muerte “a la Arafat” que condenaba a muerte a quienes vendieran tierras a los israelíes.
Que la pena de muerte sea o no un disuasivo para los criminales es ahora irrelevante. Con cárceles atestadas de reos, al menos si ejecutan unos cuantos que no están allí precisamente por ser unos angelitos de la caridad del cobre, harían un favor a la sociedad. Asesinos que están allí porque se ganaron a pulso estar tras las rejas. Mejor invertir el dinero que corresponde a sus alimentos y cuidados médicos en otros seres que si son humanos, que seguir malgastando en esos que de humanos ya no tienen nada. Es una ley constitucional, que debe ser implementada. No se está pidiendo que inventen la rueda. Guatemala tiene derecho a implementarla si el pueblo así lo desea, y con más del 80% de aprobación popular, queda claro dónde está el sentir de la gran mayoría de la población. Inclusive, la Biblia Cristiana la contempla.
El Señor Presidente dijo claramente, y diría hábilmente evadiendo la trampa que le ponían los periodistas, que el Congreso es quien debe legislar el tema de la pena de muerte, y que lo que dicte la Ley, será aplicado por el Ejecutivo. O sea que está en manos del Congreso evaluar si el clamor popular debe o no ser escuchado.
En un mundo ideal, no deberíamos ni siquiera estar debatiendo un elemento tan triste y sombrío como el tema de la pena de muerte. Sin embargo, y desafortunadamente, no vivimos en un mundo ideal, sino en uno muy real, difícil, complejo, hermoso y nefasto a la vez, con casos extremos que requieren con frecuencia, medidas extremas.
Esta semana vino el ilustre presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decirnos que en Guatemala la corrupción generalizada y la impunidad sin límites son nuestros mayores problemas, menos mal porque “no nos habíamos percatado de ello”. Dijo también que debemos pagar las cuantiosas fortunas que su honorable comisión nos ha ordenado pagar como resarcimiento por varios casos relativos a supuestos abusos contra los derechos humanos, cometidos durante los 36 años de guerra de guerrillas que vivimos. Adicionalmente se pronunció contra la pena de muerte. Luego vi la noticia sobre un asesino en serie en Noruega cuyos derechos humanos estaban siendo violados al haber sido condenado a vivir en aislamiento en la cárcel de por vida. Los defensores de los derechos humanos en Noruega dijeron que condenar al pobre asesino en serie de ese modo era inhumano. Luego vi las declaraciones de un sacerdote Jesuita en Guatevisión del miércoles 16 por la mañana hablando de genocidio.
Me pregunto, todos estos defensores de derechos humanos, ¿qué harían si un marero entra a su casa a violar a sus hijas (o a la defensora misma), o a matar a su marido? Le harían cafecito, ofrecerían un traguito, se sentarían a conversar con el asesino, seguramente. O al menos eso nos quieren hacer creer los paladines de los asesinos. Los medios en Guatemala, cuando sucede una tragedia como la del maestro que fue asesinado frente a sus estudiantes, entrevista gente como Mario Polanco del GAM, quien por primera vez habló con algo de mesura, pero la periodista continuaba buscando que dijera algo para causar más sensacionalismo y asustar a la gente. Es así que entre los defensores de derechos humanos y el periodismo amarillista que sólo busca ratings y ventas están haciendo todo lo posible por influenciar a la opinión pública contra la implementación de la pena de muerte.
Si los sicarios, los secuestros, los mareros y los pedófilos tienen más derechos que usted y que yo, y merecen todas las consideraciones que ellos les negaran a sus víctimas luego de violarlas, descuartizarlas, desmembrarlas, o someterlas a cualquier cantidad de vejámenes y torturas, dice mucho de nuestra sociedad. Si eso es ser políticamente correcto, prefiero ser políticamente incorrecta. Me duele que mis impuestos sirvan para darles alimento y cuidados médicos a seres humanos que han perdido todo sentido de humanidad y cometido los actos más viles y bajos que un ser humano puede hacer. Es realmente inaudito que el Procurador de los Derechos Humanos o el flamante Presidente de la CIDH vengan a decirnos que la pena de muerte es inmoral e inhumana. Pero es lógico que digan esto, ya que deben justificar sus jugosos salarios. Inmoral e inhumano es pretender que tiene derecho alguno gente que ha tenido la falta más absoluta de humanidad y por ejemplo, violado a una niña de 4 años, o violado, torturado y asesinado a una mujer para iniciarse en una mara, o descuartizado a un repartidor de agua dentro de una prisión, o secuestrado a una persona y cortado una oreja o un dedo o lo que sea para enviarlo a la familia como prueba, o pasado disparando a alguien en una esquina llevándose de corbata no sólo a la víctima destinatario del contrato del sicario sino también a quienes pasaban por allí. Lo mismo digo de quienes se amarran una bomba para hacer volar en pedazos a quienes usan un autobús como medio de transporte, o quienes están reunidos en un restaurante para comer algo, o donde sea. Suicidas, terroristas, psicópatas, pedófilos, sicarios, mareros, y secuestradores son todos iguales y debieran ser juzgados con el máximo peso de la Ley, es decir, ejecutados a la mayor brevedad posible una vez emitido el juicio donde bajo ningún punto de vista haya duda razonable alguna. Como diría el escritor y periodista francés Jean-Baptiste Alphonse Karr, editor de Le Figaro, “si debemos abolir la pena de muerte, quiero ver que el primer paso lo den mis amigos los asesinos”. No estamos hablando de implementar la pena de muerte “a la Arafat” que condenaba a muerte a quienes vendieran tierras a los israelíes.
Que la pena de muerte sea o no un disuasivo para los criminales es ahora irrelevante. Con cárceles atestadas de reos, al menos si ejecutan unos cuantos que no están allí precisamente por ser unos angelitos de la caridad del cobre, harían un favor a la sociedad. Asesinos que están allí porque se ganaron a pulso estar tras las rejas. Mejor invertir el dinero que corresponde a sus alimentos y cuidados médicos en otros seres que si son humanos, que seguir malgastando en esos que de humanos ya no tienen nada. Es una ley constitucional, que debe ser implementada. No se está pidiendo que inventen la rueda. Guatemala tiene derecho a implementarla si el pueblo así lo desea, y con más del 80% de aprobación popular, queda claro dónde está el sentir de la gran mayoría de la población. Inclusive, la Biblia Cristiana la contempla.
El Señor Presidente dijo claramente, y diría hábilmente evadiendo la trampa que le ponían los periodistas, que el Congreso es quien debe legislar el tema de la pena de muerte, y que lo que dicte la Ley, será aplicado por el Ejecutivo. O sea que está en manos del Congreso evaluar si el clamor popular debe o no ser escuchado.