Para poder condenar a alguien, debe ser antes citado, escuchado y vencido en un juicio imparcial. Nada de esto se cumple en el proceso por supuesto “genocidio” cometido en Guatemala, sino por el contrario, se pisotea cualquier garantía individual o procesal para lograr lo que los que viven –y muy bien, cabe decir- del discursito falaz de la “defensa de los DDHH” tanto necesitan como propaganda para su “lucha” y también para sus bolsillos: una condena contra el Estado, marcar a los guatemaltecos como “genocidas”

La juez presidente del tribunal B de alto impacto María Eugenia Castellanos, quien en este momento está ejecutando el segundo ajusticiamiento por “genocidio”, contra los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, recuerda por el mismo evidente sesgo hacia la zurda a Yassmín Barrios, principalmente porque también ha sido beneficiada con capacitación y entrenamiento en el extranjero para obtener condenas –y el resarcimiento respectivo, por supuesto- en contra de militares, respaldada nada más ni nada menos que por uno de los querellantes en este juicio, CALDH; pero asimismo, para colmo, por otra ONG eterna vividora de los resarcimientos y demandas contra Guatemala, la que dirige Helen Mack. Sus especializaciones se enfocan en “cómo juzgar casos del Conflicto Armado, violaciones a Derechos Humanos o litigio estratégico en DDHH”. Esto consta en su expediente como antecedentes académicos y entonces pregunto: ¿Cómo puede una juzgadora ser imparcial si le debe sus estudios de postgrado a entidades que actúan como acusadoras en procesos que ella tiene a su cargo? ¿Acaso debió inhibirse por estos motivos conociendo lo establecido la Constitución, Ley del Organismo judicial y el Código Procesal Penal? En la primera pregunta, la respuesta es que no puede ser imparcial porque ha tenido relación directa con los acusadores, vínculos de amistad y les debe gratitud. En la segunda, la respuesta es sí, debió inhibirse y por no haberlo hecho es que hay un recurso en la CC pendiente de resolver, nuevamente todo lo actuado está en duda y puede ser anulado al emitirse esta resolución.

El cinismo de los vividores que se ponen la máscara de “defensores de los DDHH”, llega al límite al ensañarse contra una persona de 80 años postrado en una cama, que ni siquiera comprende de qué lo acusan, ni mucho menos puede defenderse por sí mismo. A eso le llaman “juicio especial”; yo le llamo “ajusticiamiento sumario y revolucionario secreto”. En mi opinión, es ilegal esto que están haciendo al juzgar a alguien a través de sus abogados, habiendo sido ya establecido pericialmente que está permanentemente discapacitado física y mentalmente por su estado de salud para enfrentar un juicio, mucho menos un show mediático y linchamiento como este en donde la condena parece ya estar escrita desde la casona de la Avenida de la Reforma. Da asco la doble moral de estas organizaciones, ellos deberían velar porque se respete la condición médica de un octogenario enfermo.

Si bien se resolvió que este circo fuera a puerta cerrada y se ha negado el acceso a la Prensa, no se ha actuado de la misma forma con el embajador Robinson y representantes de varias entidades extranjeras que sí han tenido el privilegio de estar dentro de la sala presionando con su sola presencia. Por su parte, la Cámara Guatemalteca de Periodismo ya se ha pronunciado al respecto, y denunció mediante un comunicado que se está violando la Libertad de Expresión, especialmente el derecho a informar y estar informado, más aún si se trata de un caso de tanta trascendencia nacional e internacional.

En Guatemala no hubo genocidio, fuimos –y seguimos siendo- víctimas de organizaciones terroristas que provocaron un conflicto entre hermanos. No debemos olvidar que pretendían imponernos por la vía de la muerte, la miseria, la sangre y el dolor, un modelo totalitario comunista inspirados en la dictadura cubana. El Ejército de Guatemala cumplió con su mandato constitucional y no se los permitió. ¿Hubo excesos? Sí los hubo y de ambas partes, pero no hay ninguna guerra en la historia en la que no los hubo también, especialmente cuando se tiene claro que se luchó contra una guerrilla cobarde que emboscaba a soldados, robaba a los pobres, usaba disfraces, secuestraba civiles, usaba a mujeres y niños como escudo, cobraba “impuestos” ilegales como extorsión, destruía infraestructura, asesinaba por la espalda y colocaba bombas en lugares públicos.

Le damos la vuelta a esa página de nuestra historia, perdón y reconciliación como se pactó y vemos hacia a delante, o entonces, como ya lo he escrito, así de claro, así de simple: AMNISTÍA PARA TODOS, O ENTONCES PARA NADIE, Y ¡MANDEMOS LOS ACUERDOS DE PAZ AL CARAJO!.