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Así se calculan las regalías para el Estado en la minería

Redacción República
30 de marzo, 2016

Las empresas que se dedican a la extracción de metales en el país contribuyen con el Estado de Guatemala aportando los montos previstos en la ley, más regalías voluntarias y los impuestos requeridos para su funcionamiento. De tal cuenta, los pagos incluyen Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de empleados, no domiciliados, terceros y facturas especiales, según información proporcionada por varias empresas.

El Departamento de Comunicación Social de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), destacó que “es importante señalar que el Código Tributario no considera a las regalías un ingreso tributario”, ya que son ingresos del Estado y por esa razón el ente recaudador no los administra.

Citaron que lo anterior es en cumplimiento con los artículos 9, 10 y 11 del Código Tributario y hay dos tipos de regalías:  mineras y petroleras. En el caso de las primeras, es el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el que hace el control respectivo.

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Para el tema de hidrocarburos, hay una Comisión Nacional Petrolera y está integrada por el ministerio en mención, junto con el de Defensa Nacional, Finanzas, Economía, Ministerio Público (MP) y el Banco de Guatemala (Banguat).

“La SAT únicamente recibe la información y la unifica con los otros ingresos”, explican.

Sin minería, nada

Ramón Parellada, director del  Centro de Estudios Económicos Sociales de Guatemala (CEES), explicó que las regalías son un impuesto adicional a todas las empresas y refirió que incrementar esas cifras sería un serio problema, incluso, en el ámbito mundial no superarían el cinco por ciento.

“El problema con la minería, a mi juicio, es que como el subsuelo es del Estado, todo mundo se cree propietario de este. La idea es que sea privado y el dueño sea el único que decida si da el terreno para su explotación”, expuso.

[quote_center]El presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz del Vaticano, Peter Kodwo Turkson, manifestó en 2013 que la industria minera es la primera que aparece en la Biblia y nada de nuestro mundo podría existir sin ella. “Tomen por ejemplo su casa: ¡quiten lo que deriva de la extracción minera y les queda solo el préstamo que tienen que pagar!”, aseveró.[/quote_center]

El artículo 121 de la Constitución indica que son bienes del Estado el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo, así como las hidroeléctricas.

Parellada propone que se puede adaptar la modalidad que se sigue con los usufructos de radioeléctricas “porque son siempre propiedad del Estado y se otorga un título por 20 años renovable con un intercambio de cartas con el Gobierno”. También indica que esa modalidad permitiría la creación de una Superintendencia para los trámites respectivos y de esta manera, evitar conflictos.

Romeo Rodríguez, exministro de Energía y Minas, comentó que una regalía es un porcentaje que se cobra sobre el ingreso bruto, pero hasta donde recuerda, han cumplido con la entrega de estas al Estado.

Un estudio de la Gremial de Minas y el Central American Business Intelligence (CABI), reporta que si bien el régimen tributario actual no constituía una barrera de entrada, existen desventajas comparativas con respecto a los principales mercados Latinoamericanos.

Entre estos citan la incertidumbre creciente, sistema legal, regulación ambiental, inseguridad, inconsistencias en la regulación, condiciones socioeconómicas comunidades, inestabilidad política e incertidumbre sobre la interpretación de la ley.

“La industria extractiva ha demostrado que puede atraer capitales y generar empleos de calidad, principalmente en áreas rurales, respetando el medio ambiente”, refiere la Gremitex.

El caso de Minera San Rafael

Sólo en 2015, la Minera San Rafael pagó al Estado Q94.2 millones correspondientes al 5 por ciento de las ventas de los concentrados de plomo y zinc. Esa cifra se suma a los más de Q198 millones que esa empresa canceló el año pasado en concepto de impuestos. En total, la compañía entregó, durante este período, casi Q302 millones al país y a expropietarios, entre impuestos, regalías y contribuciones voluntarias.

“Esta es una muestra más del beneficio que una empresa como Minera San Rafael trae a las comunidades y al país en general, ya que además del pago de regalías, debemos cancelar impuestos como cualquier otra empresa que opera en el país”, indicó Andrés Dávila, Jefe de Comunicación de dicha empresa.

Desde que iniciaron operaciones en 2014, esa firma ha entregado al Estado Q204 millones en concepto de regalías y regalías voluntarias y más de Q650 millones sumados al pago de impuestos.

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30 de marzo, 2016

Las empresas que se dedican a la extracción de metales en el país contribuyen con el Estado de Guatemala aportando los montos previstos en la ley, más regalías voluntarias y los impuestos requeridos para su funcionamiento. De tal cuenta, los pagos incluyen Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de empleados, no domiciliados, terceros y facturas especiales, según información proporcionada por varias empresas.

El Departamento de Comunicación Social de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), destacó que “es importante señalar que el Código Tributario no considera a las regalías un ingreso tributario”, ya que son ingresos del Estado y por esa razón el ente recaudador no los administra.

Citaron que lo anterior es en cumplimiento con los artículos 9, 10 y 11 del Código Tributario y hay dos tipos de regalías:  mineras y petroleras. En el caso de las primeras, es el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el que hace el control respectivo.

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Para el tema de hidrocarburos, hay una Comisión Nacional Petrolera y está integrada por el ministerio en mención, junto con el de Defensa Nacional, Finanzas, Economía, Ministerio Público (MP) y el Banco de Guatemala (Banguat).

“La SAT únicamente recibe la información y la unifica con los otros ingresos”, explican.

Sin minería, nada

Ramón Parellada, director del  Centro de Estudios Económicos Sociales de Guatemala (CEES), explicó que las regalías son un impuesto adicional a todas las empresas y refirió que incrementar esas cifras sería un serio problema, incluso, en el ámbito mundial no superarían el cinco por ciento.

“El problema con la minería, a mi juicio, es que como el subsuelo es del Estado, todo mundo se cree propietario de este. La idea es que sea privado y el dueño sea el único que decida si da el terreno para su explotación”, expuso.

[quote_center]El presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz del Vaticano, Peter Kodwo Turkson, manifestó en 2013 que la industria minera es la primera que aparece en la Biblia y nada de nuestro mundo podría existir sin ella. “Tomen por ejemplo su casa: ¡quiten lo que deriva de la extracción minera y les queda solo el préstamo que tienen que pagar!”, aseveró.[/quote_center]

El artículo 121 de la Constitución indica que son bienes del Estado el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo, así como las hidroeléctricas.

Parellada propone que se puede adaptar la modalidad que se sigue con los usufructos de radioeléctricas “porque son siempre propiedad del Estado y se otorga un título por 20 años renovable con un intercambio de cartas con el Gobierno”. También indica que esa modalidad permitiría la creación de una Superintendencia para los trámites respectivos y de esta manera, evitar conflictos.

Romeo Rodríguez, exministro de Energía y Minas, comentó que una regalía es un porcentaje que se cobra sobre el ingreso bruto, pero hasta donde recuerda, han cumplido con la entrega de estas al Estado.

Un estudio de la Gremial de Minas y el Central American Business Intelligence (CABI), reporta que si bien el régimen tributario actual no constituía una barrera de entrada, existen desventajas comparativas con respecto a los principales mercados Latinoamericanos.

Entre estos citan la incertidumbre creciente, sistema legal, regulación ambiental, inseguridad, inconsistencias en la regulación, condiciones socioeconómicas comunidades, inestabilidad política e incertidumbre sobre la interpretación de la ley.

“La industria extractiva ha demostrado que puede atraer capitales y generar empleos de calidad, principalmente en áreas rurales, respetando el medio ambiente”, refiere la Gremitex.

El caso de Minera San Rafael

Sólo en 2015, la Minera San Rafael pagó al Estado Q94.2 millones correspondientes al 5 por ciento de las ventas de los concentrados de plomo y zinc. Esa cifra se suma a los más de Q198 millones que esa empresa canceló el año pasado en concepto de impuestos. En total, la compañía entregó, durante este período, casi Q302 millones al país y a expropietarios, entre impuestos, regalías y contribuciones voluntarias.

“Esta es una muestra más del beneficio que una empresa como Minera San Rafael trae a las comunidades y al país en general, ya que además del pago de regalías, debemos cancelar impuestos como cualquier otra empresa que opera en el país”, indicó Andrés Dávila, Jefe de Comunicación de dicha empresa.

Desde que iniciaron operaciones en 2014, esa firma ha entregado al Estado Q204 millones en concepto de regalías y regalías voluntarias y más de Q650 millones sumados al pago de impuestos.