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Cuando al gobierno no le alcanza ni para lo indispensable

Alfonso Muralles
06 de abril, 2016

Al gobierno no le alcanza para pagar lo indispensable pero si tiene para pagar por gastos innecesarios, puede ser la primera reacción al título de esta columna.  O quizás pudo surgir antes un comentario en el que se le atribuye a la corrupción una incidencia mayor que a la falta de racionalidad en el gasto público.  En este momento no importa el orden de las responsabilidades.  Hay cansancio de vivir en un país que parece no funcionar,  como que si una permanente crisis operativa del estado le redituara a algunos y a pocos les importa que perjudique a la mayoría, llegando a niveles de desnutrición infantil, para mencionar sólo el más pavoroso de los ejemplos de mal funcionamiento estatal.

Tenemos un serio problema de ineficiencia a niveles de inmovilización del aparato estatal.

Veamos a manera de ejemplo.  Una carretera que se construye con fondos de un préstamo, como no hay fondos para darle el debido mantenimiento, en cuestión de 4 años estará tan destruida que repararla costará tanto como hacerla de nuevo,  cuando el préstamo contratado para construirla todavía no se ha terminado de pagar.  Si se concesiona el manejo y mantenimiento de esa carretera a una empresa privada que cobre peaje, habrán sectores que saltarán con argumentos anti-privatizadores.  Eso a pesar de que hay un ejemplo que funciona bien con la Autopista Palín-Escuintla.  Si la negociación con esa única concesión no fue la más feliz, habría que hacerla objeto de una investigación o renegociación, pero ello no debiera paralizar otras oportunidades de quitarle a un estado ineficiente, el manejo de servicios y operaciones que estarían funcionando bien en manos privadas.   Que haya que pagar la misma carretera cada 4 años es perverso para con los guatemaltecos que más necesitan del estado para acceder a la salud, la educación y la seguridad.

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La ineficiencia genera desconfianza.  Es ineficiente a propósito?  O se fue haciendo más ineficiente con el paso de los años porque con esa forma de administrar recursos que son de todos y de nadie en particular, se fueron disimulando o escondiendo corruptelas que también fueron creciendo hasta salirse de control?

¿Por dónde podemos comenzar para construir confianza?

Tener confianza en el aparato estatal debe ir más allá de simpatías con un régimen electo para un período dado.  Puede ser que no tenga clara la ruta del desarrollo, o que sus alianzas no sean con los mejores sectores.  No será fácil encontrar a ese gobierno ideal en un país tan polarizado y ese objetivo, que debiera ser compartido por todos, no hay que perderlo aunque parezca un sueño lejano.

La confianza sólo se construirá sobre una base de certeza en la fiscalización del estado.  La exigencia ciudadana más que hacerla frente a las sedes de los organismos del estado, debiera de hacerse frente a la Contraloría General de Cuentas.   Que los empleados públicos, laboren éstos en entidades centralizadas, descentralizadas o autónomas, que teman al reparo que emane de la delegación de la CGC y sus consecuencias, debe ser el primer peldaño en una ruta hacia la anhelada confianza en el aparato estatal.

Fortalecer al ente que audita al estado es una tarea que traerá resultados que se traducirán en eficiencia.

¿Honradez por temor?   No importa.  Por ahí empecemos.

Cuando al gobierno no le alcanza ni para lo indispensable

Alfonso Muralles
06 de abril, 2016

Al gobierno no le alcanza para pagar lo indispensable pero si tiene para pagar por gastos innecesarios, puede ser la primera reacción al título de esta columna.  O quizás pudo surgir antes un comentario en el que se le atribuye a la corrupción una incidencia mayor que a la falta de racionalidad en el gasto público.  En este momento no importa el orden de las responsabilidades.  Hay cansancio de vivir en un país que parece no funcionar,  como que si una permanente crisis operativa del estado le redituara a algunos y a pocos les importa que perjudique a la mayoría, llegando a niveles de desnutrición infantil, para mencionar sólo el más pavoroso de los ejemplos de mal funcionamiento estatal.

Tenemos un serio problema de ineficiencia a niveles de inmovilización del aparato estatal.

Veamos a manera de ejemplo.  Una carretera que se construye con fondos de un préstamo, como no hay fondos para darle el debido mantenimiento, en cuestión de 4 años estará tan destruida que repararla costará tanto como hacerla de nuevo,  cuando el préstamo contratado para construirla todavía no se ha terminado de pagar.  Si se concesiona el manejo y mantenimiento de esa carretera a una empresa privada que cobre peaje, habrán sectores que saltarán con argumentos anti-privatizadores.  Eso a pesar de que hay un ejemplo que funciona bien con la Autopista Palín-Escuintla.  Si la negociación con esa única concesión no fue la más feliz, habría que hacerla objeto de una investigación o renegociación, pero ello no debiera paralizar otras oportunidades de quitarle a un estado ineficiente, el manejo de servicios y operaciones que estarían funcionando bien en manos privadas.   Que haya que pagar la misma carretera cada 4 años es perverso para con los guatemaltecos que más necesitan del estado para acceder a la salud, la educación y la seguridad.

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La ineficiencia genera desconfianza.  Es ineficiente a propósito?  O se fue haciendo más ineficiente con el paso de los años porque con esa forma de administrar recursos que son de todos y de nadie en particular, se fueron disimulando o escondiendo corruptelas que también fueron creciendo hasta salirse de control?

¿Por dónde podemos comenzar para construir confianza?

Tener confianza en el aparato estatal debe ir más allá de simpatías con un régimen electo para un período dado.  Puede ser que no tenga clara la ruta del desarrollo, o que sus alianzas no sean con los mejores sectores.  No será fácil encontrar a ese gobierno ideal en un país tan polarizado y ese objetivo, que debiera ser compartido por todos, no hay que perderlo aunque parezca un sueño lejano.

La confianza sólo se construirá sobre una base de certeza en la fiscalización del estado.  La exigencia ciudadana más que hacerla frente a las sedes de los organismos del estado, debiera de hacerse frente a la Contraloría General de Cuentas.   Que los empleados públicos, laboren éstos en entidades centralizadas, descentralizadas o autónomas, que teman al reparo que emane de la delegación de la CGC y sus consecuencias, debe ser el primer peldaño en una ruta hacia la anhelada confianza en el aparato estatal.

Fortalecer al ente que audita al estado es una tarea que traerá resultados que se traducirán en eficiencia.

¿Honradez por temor?   No importa.  Por ahí empecemos.