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Golpe de Estado a la República

José Carlos Ortega
09 de abril, 2016

Con asombro vemos el accionar de los diputados del Organismo Legislativo en estas últimas semanas, repitiendo las malas prácticas de legislaturas anteriores, y por supuesto, con muchos de los mismos viciados actores de la anterior legislatura. La citación de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien sale llorando de una reunión con diputados, entre ellos el diputado Óscar Corleto, a quien se le ha comprobado utilizar palabras soeces para comunicarse con ella, que no son propias para un representante de la patria, un caballero, para hablar con otra funcionaria y menos ante una dama. También el “chat” entre diputados sobre la citación del gobernador de San Marcos, Carlos Cardona, a quien pretendía poner de rodillas el “exdipukid”, y hoy récord del transfuguismo, Juan Manuel Giordano. A pocos días que entre en vigor una norma aprobada por ellos mismos, la cifra de diputados que ha cambiado de partido o tránsfugas, y a veces no una, sino varias veces desde el 14 de enero, es otra cifra récord. Intentos de aprobación de leyes como empresa de comida rápida, sin tomar el tiempo para analizar y seguir los principios que debe poseer toda ley, de ser universal, general, atemporal, que sea igual para todos, de beneficio para todos y que no viole los derechos fundamentales de las personas. Vemos que se declaran inconstitucionales dos leyes, la famosa Ley del Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, más conocida como Ley Tigo, y la Ley de Tarjetas de Crédito, aprobadas (o no) por el antiguo Congreso, por el detalle de no contar que tenían los votos suficientes, es decir, que no fueron correctamente aprobadas. Es decir, no solo no hicieron su trabajo enfrascados en interpelaciones sin sentido, sino lo que aprobaron, con indicios de dolo en el caso de la Ley Tigo, lo hicieron mal. También el fracaso en la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que refleje verdaderos principios democráticos de representación y participación, y de republicanismo en cuanto a la alternabilidad de elección, etc.

En un acto que debiera preocuparnos a todos por las implicaciones que tendría en el trabajo del Organismo Ejecutivo, se conoció que los diputados rechazaron el veto presidencial a la ley que obliga a los funcionarios del ejecutivo a asistir a las citaciones de estos, ¡so pena de cárcel! Es decir, todo funcionario del Organismo Ejecutivo tiene la obligación de asistir a las citaciones de los diputados del Congreso de la República, y si no lo hiciera comete un delito (penal) que lo hace meritorio a la cárcel. Desde mi punto de vista, esto es una violación grave al principio de republicanismo, a la división de poderes y a la no subordinación de un poder bajo otro. Contraviene también el artículo 281 de la Constitución que cita los artículos no reformables de la Constitución y dice que prohíbe reformar “ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno”. Desde ese criterio, al intentar subordinar al Organismo Ejecutivo por medio de la coerción de la amenaza de cárcel a los funcionarios de ese organismo, se le está dando un golpe de estado técnico al ejecutivo. Eso hace imputable a todos los diputados del Congreso de la República que aprobaron dicha ley, y que se opusieron al veto.

Es indispensable realizar acciones de amparo contra la mencionada ley y que la Corte de Constitucionalidad la rechace también. Imagínese usted que los legisladores citen a dos o tres funcionarios diarios del Ejecutivo, ¡paralizarían el trabajo del Ejecutivo!

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Para ninguno es secreto que la práctica de citar a los funcionarios del Ejecutivo y del Organismo Judicial, o candidatos a los puestos, es para “negociar” favores, intenciones, contratos, plazas, etc. y no para el mandato constitucional de fiscalizar, que es lo mínimo que hacen. En el caso de los gobernadores es de principal importancia por el papel que se da en los Consejos Departamentales de Desarrollo – CODEDES – en la asignación de la obra pública, y que ha sido motivo de corrupción y de asignación a empresas relacionadas con los diputados.

Motivos para seguir en la lucha para erradicar completamente la corrupción de los funcionarios públicos. Denunciemos y rechacemos esta ley que viola los principios republicanos de independencia de los tres poderes del Estado, y que prácticamente es un golpe de Estado desde el Legislativo.

Golpe de Estado a la República

José Carlos Ortega
09 de abril, 2016

Con asombro vemos el accionar de los diputados del Organismo Legislativo en estas últimas semanas, repitiendo las malas prácticas de legislaturas anteriores, y por supuesto, con muchos de los mismos viciados actores de la anterior legislatura. La citación de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien sale llorando de una reunión con diputados, entre ellos el diputado Óscar Corleto, a quien se le ha comprobado utilizar palabras soeces para comunicarse con ella, que no son propias para un representante de la patria, un caballero, para hablar con otra funcionaria y menos ante una dama. También el “chat” entre diputados sobre la citación del gobernador de San Marcos, Carlos Cardona, a quien pretendía poner de rodillas el “exdipukid”, y hoy récord del transfuguismo, Juan Manuel Giordano. A pocos días que entre en vigor una norma aprobada por ellos mismos, la cifra de diputados que ha cambiado de partido o tránsfugas, y a veces no una, sino varias veces desde el 14 de enero, es otra cifra récord. Intentos de aprobación de leyes como empresa de comida rápida, sin tomar el tiempo para analizar y seguir los principios que debe poseer toda ley, de ser universal, general, atemporal, que sea igual para todos, de beneficio para todos y que no viole los derechos fundamentales de las personas. Vemos que se declaran inconstitucionales dos leyes, la famosa Ley del Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, más conocida como Ley Tigo, y la Ley de Tarjetas de Crédito, aprobadas (o no) por el antiguo Congreso, por el detalle de no contar que tenían los votos suficientes, es decir, que no fueron correctamente aprobadas. Es decir, no solo no hicieron su trabajo enfrascados en interpelaciones sin sentido, sino lo que aprobaron, con indicios de dolo en el caso de la Ley Tigo, lo hicieron mal. También el fracaso en la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que refleje verdaderos principios democráticos de representación y participación, y de republicanismo en cuanto a la alternabilidad de elección, etc.

En un acto que debiera preocuparnos a todos por las implicaciones que tendría en el trabajo del Organismo Ejecutivo, se conoció que los diputados rechazaron el veto presidencial a la ley que obliga a los funcionarios del ejecutivo a asistir a las citaciones de estos, ¡so pena de cárcel! Es decir, todo funcionario del Organismo Ejecutivo tiene la obligación de asistir a las citaciones de los diputados del Congreso de la República, y si no lo hiciera comete un delito (penal) que lo hace meritorio a la cárcel. Desde mi punto de vista, esto es una violación grave al principio de republicanismo, a la división de poderes y a la no subordinación de un poder bajo otro. Contraviene también el artículo 281 de la Constitución que cita los artículos no reformables de la Constitución y dice que prohíbe reformar “ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno”. Desde ese criterio, al intentar subordinar al Organismo Ejecutivo por medio de la coerción de la amenaza de cárcel a los funcionarios de ese organismo, se le está dando un golpe de estado técnico al ejecutivo. Eso hace imputable a todos los diputados del Congreso de la República que aprobaron dicha ley, y que se opusieron al veto.

Es indispensable realizar acciones de amparo contra la mencionada ley y que la Corte de Constitucionalidad la rechace también. Imagínese usted que los legisladores citen a dos o tres funcionarios diarios del Ejecutivo, ¡paralizarían el trabajo del Ejecutivo!

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Motivos para seguir en la lucha para erradicar completamente la corrupción de los funcionarios públicos. Denunciemos y rechacemos esta ley que viola los principios republicanos de independencia de los tres poderes del Estado, y que prácticamente es un golpe de Estado desde el Legislativo.