El temor de 200 familias que dependen de los ingresos que genera la Mina El Tambor se concretó. Se ejecutó el cierre ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y con ello, las implicaciones de una decisión de este tipo alcanzan nivel internacional.
El pasado 15 de abril, el presidente Jimmy Morales recibió una misiva con la firma de los trabajadores de la mina quienes se identificaron como pobladores de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
En ese momento, la angustia de los firmantes era que en la CSJ y Corte de Constitucionalidad (CC) les informaron que trabajaban en tomar una decisión, pero que esa podría ser a finales de este mes o “más tarde en el año”.
“Esa gente que se opone a que nosotros nos ganemos la vida honradamente aprovechan esa indecisión para bloquear ilegalmente la entrada a la Mina donde trabajamos”, expusieron.
[quote_center]”Sr. Presidente nosotros vemos que lo más probable es que la Mina cierre y nosotros y nuestras familias nos quedemos en la calle”. Trabajadores de El Tambor en una misiva dirigida a Jimmy Morales.[/quote_center]
El proyecto Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua), mejor conocido como El Tambor, es un proyecto minero a 41 kilómetros de la capital y a 1.2 kms. al sureste de la aldea El Guapinol, San Pedro Ayampuc.
Exmingua es subsidiada por Kappes Cassiday & Associates, compañía especializada en el desarrollo, ingeniería y ejecución de procesos metalúrgicos de extracción para la industria minera desde 1972. Esta es la carta que llegó a manos del mandatario:
Implicaciones para la industria
Alfredo Gálvez, director ejecutivo de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), refirió que ven difícil la situación para el país tras este cierre debido a que “se pierde la certeza jurídica de los proyectos”. Adelantó que esperarán a que se den las vistas públicas de los recursos que se interpusieron para frenar esa decisión.
Para el entrevistado, las acciones de hecho emitidas por los manifestantes contra el proyecto El Tambor, afectan no solo el sector de la industria sino a todos los usuarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM), porque se vienen otros temas aparte de la minería como gas propano y combustibles, entre otros.
“Si a usted le dieron una licencia hace cuatro años y luego por una acción de un grupo interesado viene la Corte y dictamina de manera antojadísima, es una mala señal para las inversiones en Guatemala”, aseveró.
El país firmó varios acuerdos internacionales como el de Protección de Inversiones así como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la empresa tendría derecho de demandar al Estado de Guatemala por daños y perjuicios.
[quote_center]”Hay cláusulas de protección a las inversiones. Esta es una empresa americana con sede en Río, Nevada. El perjuicio para el país no sólo es la pérdida de la inversión, sino el costo para el Estado”. Alfredo Gálvez, director ejecutivo Gremiext.[/quote_center]
Mal mensaje para los inversionistas
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) manifestó que están “altamente preocupados por esta acción, porque si bien obedece a una decisión de la CSJ, contraviene una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC)”.
Afirmó: “Creemos que si existe algún tipo de inconformidad debiera convocarse para hacer la consulta y hay que hacerla. Sin embargo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no dice que hay que cerrar los proyectos”.
[quote_right]”Hay socios nuestros que están preocupados por el precedente que es realmente nefasto para el país porque con el cierre de proyectos que generan empleo y desarrollo para el país, se genera una falta de certeza jurídica y claridad para los inversionistas”. Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG.[/quote_right]
Vía jurídica
El abogado de Exmingua Stuardo Ralòn describió los pormenores jurídicos del caso. Resulta que la mina se cerró en medio de un amparo provisional que se encuentra en apelación y que actualmente es conocido en la Corte de Constitucionalidad (CC).
El jurista especificó que esperan que siga el debido proceso. “Un aspecto importante es que no existan presiones con medidas de hecho que violenten la independencia judicial, es decir, la CSJ tiene un caso que está en trámite, no ha emitido una resolución definitiva y hay una vista pública programada para el próximo 16 de mayo y hasta ahí se puede emitir sentencia”, mencionó.
Personas en resistencia al proyecto en alrededores de la mina.
Ralón recomendó evitar medidas de hecho como bloqueos y esperar que el caso siga su curso por el momento. Eso sí, añadió que la CC incumplió los plazos para resolver y debería dar prioridad a este recurso de apelación para evitar más incertidumbre entre los interesados.
Quienes promovieron la acción de amparo que frenó el avance del proyecto argumentan que no se efectuó el proceso de consulta; sin embargo, los representantes de la mina aseguran que sí hubo aunque no de la manera tradicional de plebiscito.
El abogado Alexander Aizenstatd, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), añadió que efectivamente, un proceso de consulta no se trata específicamente de una papeleta con un “sí” y un “no”, sino, que puede ser un proceso de diálogo.
Según los personeros de la mina, así se hizo la consulta en La Puya. “Hubo un proceso de información de un proceso minero autorizado desde 2011 y no puede ser que cinco años después se firme una sentencia para suspender una licencia que fue emitida con todos los requisitos legales”, argumentó Ralón.
[quote_right]”El precedente nefasto en todo esto es que a partir de este hecho no haya una resolución firme en Guatemala y cualquier proyecto que cumpla con los requisitos y tenga licencia, pueda ser suspendido”. Stuardo Ralón, abogado de Exmingua. [/quote_right]
Comunidades perderían apoyo
El proyecto El Tambor tenía como objetivo general, extraer el mineral oro a través de un eficiente proceso productivo en una forma inocua y económicamente viable.
Entre las actividades en el marco de Responsabilidad Social Empresarial, destaca que en 2014 se apoyó a las comunidades de Prados de San Pedro La Lagunilla y la aldea La Lagunilla (San José del Golfo), que se traducen en 704 familias beneficiadas con construcciones como 2 mil metros de área de balastro, ocho rellenos para lotes nuevos, 20 camionadas para relleno de barranco, trece plataformas para lotes nuevos, se construyó una cancha de futbol y se ejecutaron 400 metros de zanjas para drenajes.
Otro apoyo reportado para El Carrizal, San Antonio El Ángel y El Guapinol de San Pedro Ayampuc así como La Choleña, Cabecera San José y El Javillal de San José del Golfo fue la entrega de 890 láminas, también hubo asistencia médica, implementación del servicio de agua potable y otras actividades. Como se puede observar en los siguientes documentos: 7.Comunidades beneficiadas con AGUA POTABLE 8. VISITAS DOMICILIARIAS junio-diciembre 2015
La ayuda para las comunidades se amplió en 2015 en donde hubo actividades médicas, entrega de canastas y víveres, como se puede consultar en este informe: 13. CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES 2015
Wilson Cáceres, quien trabaja en el àrea social de la mina, describe que apoyaron a las comunidades y tenían planes de educación y se enfrentaron a 18 cierres los últimos meses que terminaron en esta situación. “Nos cierran la puerta para trabajar”, especificó.
El experto comentó que lamenta el cierre de los proyectos sociales y con ello el cese de los beneficios, mismos que ni siquiera las municipalidades pueden conceder a la población. Añadió que con esta disposición estarían por perder 200 plazas y muchas de estas, de obreros, personas que con anterioridad no trabajaban en el sector formal (con prestaciones, pago puntual y de horas extra) y varios de ellos, personas de la tercera edad si ellos lo necesitaban.
Describió que llegaron a la CC para platicar sobre su situación con la magistrada Gloria Porras, pero no los quiso recibir. Una situación que describe casi lo lleva a las lágrimas.
Con información de M. Winter y J. Osorio
El temor de 200 familias que dependen de los ingresos que genera la Mina El Tambor se concretó. Se ejecutó el cierre ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y con ello, las implicaciones de una decisión de este tipo alcanzan nivel internacional.
El pasado 15 de abril, el presidente Jimmy Morales recibió una misiva con la firma de los trabajadores de la mina quienes se identificaron como pobladores de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
En ese momento, la angustia de los firmantes era que en la CSJ y Corte de Constitucionalidad (CC) les informaron que trabajaban en tomar una decisión, pero que esa podría ser a finales de este mes o “más tarde en el año”.
“Esa gente que se opone a que nosotros nos ganemos la vida honradamente aprovechan esa indecisión para bloquear ilegalmente la entrada a la Mina donde trabajamos”, expusieron.
[quote_center]”Sr. Presidente nosotros vemos que lo más probable es que la Mina cierre y nosotros y nuestras familias nos quedemos en la calle”. Trabajadores de El Tambor en una misiva dirigida a Jimmy Morales.[/quote_center]
El proyecto Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua), mejor conocido como El Tambor, es un proyecto minero a 41 kilómetros de la capital y a 1.2 kms. al sureste de la aldea El Guapinol, San Pedro Ayampuc.
Exmingua es subsidiada por Kappes Cassiday & Associates, compañía especializada en el desarrollo, ingeniería y ejecución de procesos metalúrgicos de extracción para la industria minera desde 1972. Esta es la carta que llegó a manos del mandatario:
Implicaciones para la industria
Alfredo Gálvez, director ejecutivo de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), refirió que ven difícil la situación para el país tras este cierre debido a que “se pierde la certeza jurídica de los proyectos”. Adelantó que esperarán a que se den las vistas públicas de los recursos que se interpusieron para frenar esa decisión.
Para el entrevistado, las acciones de hecho emitidas por los manifestantes contra el proyecto El Tambor, afectan no solo el sector de la industria sino a todos los usuarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM), porque se vienen otros temas aparte de la minería como gas propano y combustibles, entre otros.
“Si a usted le dieron una licencia hace cuatro años y luego por una acción de un grupo interesado viene la Corte y dictamina de manera antojadísima, es una mala señal para las inversiones en Guatemala”, aseveró.
El país firmó varios acuerdos internacionales como el de Protección de Inversiones así como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la empresa tendría derecho de demandar al Estado de Guatemala por daños y perjuicios.
[quote_center]”Hay cláusulas de protección a las inversiones. Esta es una empresa americana con sede en Río, Nevada. El perjuicio para el país no sólo es la pérdida de la inversión, sino el costo para el Estado”. Alfredo Gálvez, director ejecutivo Gremiext.[/quote_center]
Mal mensaje para los inversionistas
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) manifestó que están “altamente preocupados por esta acción, porque si bien obedece a una decisión de la CSJ, contraviene una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC)”.
Afirmó: “Creemos que si existe algún tipo de inconformidad debiera convocarse para hacer la consulta y hay que hacerla. Sin embargo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no dice que hay que cerrar los proyectos”.
[quote_right]”Hay socios nuestros que están preocupados por el precedente que es realmente nefasto para el país porque con el cierre de proyectos que generan empleo y desarrollo para el país, se genera una falta de certeza jurídica y claridad para los inversionistas”. Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG.[/quote_right]
Vía jurídica
El abogado de Exmingua Stuardo Ralòn describió los pormenores jurídicos del caso. Resulta que la mina se cerró en medio de un amparo provisional que se encuentra en apelación y que actualmente es conocido en la Corte de Constitucionalidad (CC).
El jurista especificó que esperan que siga el debido proceso. “Un aspecto importante es que no existan presiones con medidas de hecho que violenten la independencia judicial, es decir, la CSJ tiene un caso que está en trámite, no ha emitido una resolución definitiva y hay una vista pública programada para el próximo 16 de mayo y hasta ahí se puede emitir sentencia”, mencionó.
Personas en resistencia al proyecto en alrededores de la mina.
Ralón recomendó evitar medidas de hecho como bloqueos y esperar que el caso siga su curso por el momento. Eso sí, añadió que la CC incumplió los plazos para resolver y debería dar prioridad a este recurso de apelación para evitar más incertidumbre entre los interesados.
Quienes promovieron la acción de amparo que frenó el avance del proyecto argumentan que no se efectuó el proceso de consulta; sin embargo, los representantes de la mina aseguran que sí hubo aunque no de la manera tradicional de plebiscito.
El abogado Alexander Aizenstatd, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), añadió que efectivamente, un proceso de consulta no se trata específicamente de una papeleta con un “sí” y un “no”, sino, que puede ser un proceso de diálogo.
Según los personeros de la mina, así se hizo la consulta en La Puya. “Hubo un proceso de información de un proceso minero autorizado desde 2011 y no puede ser que cinco años después se firme una sentencia para suspender una licencia que fue emitida con todos los requisitos legales”, argumentó Ralón.
[quote_right]”El precedente nefasto en todo esto es que a partir de este hecho no haya una resolución firme en Guatemala y cualquier proyecto que cumpla con los requisitos y tenga licencia, pueda ser suspendido”. Stuardo Ralón, abogado de Exmingua. [/quote_right]
Comunidades perderían apoyo
El proyecto El Tambor tenía como objetivo general, extraer el mineral oro a través de un eficiente proceso productivo en una forma inocua y económicamente viable.
Entre las actividades en el marco de Responsabilidad Social Empresarial, destaca que en 2014 se apoyó a las comunidades de Prados de San Pedro La Lagunilla y la aldea La Lagunilla (San José del Golfo), que se traducen en 704 familias beneficiadas con construcciones como 2 mil metros de área de balastro, ocho rellenos para lotes nuevos, 20 camionadas para relleno de barranco, trece plataformas para lotes nuevos, se construyó una cancha de futbol y se ejecutaron 400 metros de zanjas para drenajes.
Otro apoyo reportado para El Carrizal, San Antonio El Ángel y El Guapinol de San Pedro Ayampuc así como La Choleña, Cabecera San José y El Javillal de San José del Golfo fue la entrega de 890 láminas, también hubo asistencia médica, implementación del servicio de agua potable y otras actividades. Como se puede observar en los siguientes documentos: 7.Comunidades beneficiadas con AGUA POTABLE 8. VISITAS DOMICILIARIAS junio-diciembre 2015
La ayuda para las comunidades se amplió en 2015 en donde hubo actividades médicas, entrega de canastas y víveres, como se puede consultar en este informe: 13. CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES 2015
Wilson Cáceres, quien trabaja en el àrea social de la mina, describe que apoyaron a las comunidades y tenían planes de educación y se enfrentaron a 18 cierres los últimos meses que terminaron en esta situación. “Nos cierran la puerta para trabajar”, especificó.
El experto comentó que lamenta el cierre de los proyectos sociales y con ello el cese de los beneficios, mismos que ni siquiera las municipalidades pueden conceder a la población. Añadió que con esta disposición estarían por perder 200 plazas y muchas de estas, de obreros, personas que con anterioridad no trabajaban en el sector formal (con prestaciones, pago puntual y de horas extra) y varios de ellos, personas de la tercera edad si ellos lo necesitaban.
Describió que llegaron a la CC para platicar sobre su situación con la magistrada Gloria Porras, pero no los quiso recibir. Una situación que describe casi lo lleva a las lágrimas.
Con información de M. Winter y J. Osorio