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Relato de una injusticia: sentencia DE FACTO contra el Cnel. Juan Chiroy

Redacción
25 de abril, 2016

En Guatemala portar el uniforme del Ejército y ser acusado de cualquier supuesto delito, significa ya estar sentenciado. Pienso en esta comparación: un marero asesina a un tendero por no pagar extorsión, es capturado y sale en unos pocos días de la cárcel, la PDH lo apoya y certifica que se le respeten las garantías; un soldado haciendo valer los derechos constitucionales de los ciudadanos, defiende su vida de delincuentes que lo atacan por la espalda, y es “castigado” con 3 años y medio de prisión ilegal, sin que lo lleven a juicio, por un de delito que goza de medida sustitutiva y cuya pena máxima es de 3 años.

En 2012 se desarrolló una secuencia de hechos que vale la pena recordar, para comprender el contexto del caso que abordo en este artículo. Muchos desconocen la verdadera causa de los bloqueos llevados a cabo en los accesos del departamento de Totonicapán, los cuales fueron organizados por la Junta Directiva de los denominados 48 cantones. Como declararon algunos integrantes de este Consejo en una primera entrevista a Emisoras Unidas, se quería evitar a toda costa que se ejecutara una orden de captura en contra de Juana Tacam. Semanas antes de estos incidentes, la señora Tacam, expresidenta de dicho Consejo -según denuncia penal y declaraciones de las víctimas-, participó en el secuestro de un grupo de funcionarios y empresarios que trataron de dialogar con ellos para llevar a cabo proyectos de y desarrollo en esa región. No sólo no lograron esto último, sino que la respuesta que recibieron fue violenta, permanecieron encerrados varias horas en el Salón Municipal y luego fueron liberados al coaccionarlos para firmar un documento en el que se comprometen a no construir hidroeléctricas, ni llevar a cabo inversiones en monocultivos, extracción minera o megaproyectos.

Imagine por un momento esta situación para exigir impunidad a favor de dicha dirigente: bloqueos de carreteras internacionales en varios puntos del occidente del país desde el amanecer. El principal, en la Cumbre de Alaska. Después de 12 horas de violar la Libertad de Locomoción de los ciudadanos, luego de saquear un camión de cemento que se encontraba atrapado y de prenderle fuego, posterior a los ataques de los “pacíficos” manifestantes contra la policía, se pidieron refuerzos para someterlos al orden y despejar las vías como ha ordenado incluso la CC en varias resoluciones de amparo. Un camión con soldados que pasaba por el lugar y que no estaba participando más que de apoyo, fue emboscado por una turba en la que sus integrantes, cual terroristas, actuaban con la cara cubierta, con machetes y gasolina en sus manos. Durante este ataque, una mujer reservista del Ejército fue salvajemente golpeada y herida, obviamente sus compañeros no podían dejarla morir. La respuesta normal y previsible no se hizo esperar, se defendieron con los medios a su alcance y sobrevivieron a este ataque, paradójicamente para hoy estar encerrados ilegalmente e inmersos en un proceso retrasado maliciosamente por juzgadores y fiscales miedosos, que no se atreven a resolver apegados a la Ley y que ahora deberán ser procesados penalmente por sus abusos.

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La injusticia contra el Cnel. Chiroy tiene responsables, nombres y apellidos como el de la juez de primera instancia de mayor riesgo Claudette Domínguez contralora del proceso; el presidente de la Cámara Penal es el magistrado Nery Medina; la fiscal del caso se llama Isabel Granillo Jordán, de quien cabe destacar, interpuso en representación del MP un recurso ridículo de casación, más como un retardo del proceso ya que evidentemente no tiene materia ni respaldo jurídico. Éste recursos sirve para revisar una sentencia ya dictada, lo presentan abogados defensores, no el MP porque estaría poniendo su propio trabajo en duda.

Otro dato, desde el dia de la aprehensión hasta hoy, los procesados no han interpuesto ningún recurso para evitar entorpecer el proceso. Está claro que los soldados quieren ir al debate oral y público para que se establezca su inocencia; sin embargo el MP y los querellantes han logrado mediante artimañas suspender 23 audiencias ya que saben que serían absueltos en un juicio imparcial. La única excepción de lo anterior, es un amparo que un abogado de la defensa interpuso hace un mes y medio en la Cámara de Amparos y Antejuicios, pero que no afecta en nada al proceso ya que exige que cese la prisión preventiva y que se establezca una medida sustitutiva de acuerdo al supuesto delito de “incumplimiento de deberes” del que se le acusa al Cnel. Chiroy. Pero a la fecha no han resuelto ni siquiera el amparo provisional, contraviniendo el plazo de 3 días que manda la Ley. También se presentó una denuncia ante la PDH, que fue archivada, como era de esperarse. Además, ya se pagaron Q6,500,000 de los impuestos de los guatemaltecos para “resarcir” a los familiares de los bochincheros de los 48 cantones que fallecieron en el incidente, otra vez sin que nadie rinda un informe del reparto de esos fondos.

Un último recordatorio sobre este caso: luego de los lamentables hechos de ese día, cual buitre carroñero que sobrevive gracias a cadáveres, apareció en escena Rigoberta Menchú manoseando casquillos y huellas frente a las cámaras en plena flagrancia, cometiendo varios graves delitos impunemente. Sólo se percibe ante esto, un silencio cómplice y encubrimiento de parte del MP, CICIG y la Prensa cobarde.

¿Quiénes entonces deberían estar en prisión, los que provocaron este enfrentamiento con las Fuerzas de Seguridad y los que alteraron supuesta evidencia, o los que defendieron legítimamente su vida de asesinos que pretendían descuartizarlos a machetazos y rociarles gasolina para luego quemarlos?

Yo lo tengo claro, y por eso exijo #LibertadChiroyYA

@jdrodriguez9

Relato de una injusticia: sentencia DE FACTO contra el Cnel. Juan Chiroy

Redacción
25 de abril, 2016

En Guatemala portar el uniforme del Ejército y ser acusado de cualquier supuesto delito, significa ya estar sentenciado. Pienso en esta comparación: un marero asesina a un tendero por no pagar extorsión, es capturado y sale en unos pocos días de la cárcel, la PDH lo apoya y certifica que se le respeten las garantías; un soldado haciendo valer los derechos constitucionales de los ciudadanos, defiende su vida de delincuentes que lo atacan por la espalda, y es “castigado” con 3 años y medio de prisión ilegal, sin que lo lleven a juicio, por un de delito que goza de medida sustitutiva y cuya pena máxima es de 3 años.

En 2012 se desarrolló una secuencia de hechos que vale la pena recordar, para comprender el contexto del caso que abordo en este artículo. Muchos desconocen la verdadera causa de los bloqueos llevados a cabo en los accesos del departamento de Totonicapán, los cuales fueron organizados por la Junta Directiva de los denominados 48 cantones. Como declararon algunos integrantes de este Consejo en una primera entrevista a Emisoras Unidas, se quería evitar a toda costa que se ejecutara una orden de captura en contra de Juana Tacam. Semanas antes de estos incidentes, la señora Tacam, expresidenta de dicho Consejo -según denuncia penal y declaraciones de las víctimas-, participó en el secuestro de un grupo de funcionarios y empresarios que trataron de dialogar con ellos para llevar a cabo proyectos de y desarrollo en esa región. No sólo no lograron esto último, sino que la respuesta que recibieron fue violenta, permanecieron encerrados varias horas en el Salón Municipal y luego fueron liberados al coaccionarlos para firmar un documento en el que se comprometen a no construir hidroeléctricas, ni llevar a cabo inversiones en monocultivos, extracción minera o megaproyectos.

Imagine por un momento esta situación para exigir impunidad a favor de dicha dirigente: bloqueos de carreteras internacionales en varios puntos del occidente del país desde el amanecer. El principal, en la Cumbre de Alaska. Después de 12 horas de violar la Libertad de Locomoción de los ciudadanos, luego de saquear un camión de cemento que se encontraba atrapado y de prenderle fuego, posterior a los ataques de los “pacíficos” manifestantes contra la policía, se pidieron refuerzos para someterlos al orden y despejar las vías como ha ordenado incluso la CC en varias resoluciones de amparo. Un camión con soldados que pasaba por el lugar y que no estaba participando más que de apoyo, fue emboscado por una turba en la que sus integrantes, cual terroristas, actuaban con la cara cubierta, con machetes y gasolina en sus manos. Durante este ataque, una mujer reservista del Ejército fue salvajemente golpeada y herida, obviamente sus compañeros no podían dejarla morir. La respuesta normal y previsible no se hizo esperar, se defendieron con los medios a su alcance y sobrevivieron a este ataque, paradójicamente para hoy estar encerrados ilegalmente e inmersos en un proceso retrasado maliciosamente por juzgadores y fiscales miedosos, que no se atreven a resolver apegados a la Ley y que ahora deberán ser procesados penalmente por sus abusos.

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La injusticia contra el Cnel. Chiroy tiene responsables, nombres y apellidos como el de la juez de primera instancia de mayor riesgo Claudette Domínguez contralora del proceso; el presidente de la Cámara Penal es el magistrado Nery Medina; la fiscal del caso se llama Isabel Granillo Jordán, de quien cabe destacar, interpuso en representación del MP un recurso ridículo de casación, más como un retardo del proceso ya que evidentemente no tiene materia ni respaldo jurídico. Éste recursos sirve para revisar una sentencia ya dictada, lo presentan abogados defensores, no el MP porque estaría poniendo su propio trabajo en duda.

Otro dato, desde el dia de la aprehensión hasta hoy, los procesados no han interpuesto ningún recurso para evitar entorpecer el proceso. Está claro que los soldados quieren ir al debate oral y público para que se establezca su inocencia; sin embargo el MP y los querellantes han logrado mediante artimañas suspender 23 audiencias ya que saben que serían absueltos en un juicio imparcial. La única excepción de lo anterior, es un amparo que un abogado de la defensa interpuso hace un mes y medio en la Cámara de Amparos y Antejuicios, pero que no afecta en nada al proceso ya que exige que cese la prisión preventiva y que se establezca una medida sustitutiva de acuerdo al supuesto delito de “incumplimiento de deberes” del que se le acusa al Cnel. Chiroy. Pero a la fecha no han resuelto ni siquiera el amparo provisional, contraviniendo el plazo de 3 días que manda la Ley. También se presentó una denuncia ante la PDH, que fue archivada, como era de esperarse. Además, ya se pagaron Q6,500,000 de los impuestos de los guatemaltecos para “resarcir” a los familiares de los bochincheros de los 48 cantones que fallecieron en el incidente, otra vez sin que nadie rinda un informe del reparto de esos fondos.

Un último recordatorio sobre este caso: luego de los lamentables hechos de ese día, cual buitre carroñero que sobrevive gracias a cadáveres, apareció en escena Rigoberta Menchú manoseando casquillos y huellas frente a las cámaras en plena flagrancia, cometiendo varios graves delitos impunemente. Sólo se percibe ante esto, un silencio cómplice y encubrimiento de parte del MP, CICIG y la Prensa cobarde.

¿Quiénes entonces deberían estar en prisión, los que provocaron este enfrentamiento con las Fuerzas de Seguridad y los que alteraron supuesta evidencia, o los que defendieron legítimamente su vida de asesinos que pretendían descuartizarlos a machetazos y rociarles gasolina para luego quemarlos?

Yo lo tengo claro, y por eso exijo #LibertadChiroyYA

@jdrodriguez9