El Presidente Jimmy Morales remitió el pasado 28 de abril una respuesta a un oficio emitido por la Procuraduría General de la Nación (PGN) en donde le instruye a realizar “todas las acciones judiciales ordinarias y extraordinarias, que sean necesarias y pertinentes, para defender los intereses del Estado” en el contrato de usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Sin embargo, existen dudas si debió proceder por medio de un Acuerdo Gubernativo con el respaldo de la totalidad de ministros del Gabinete, en atención al artículo 182 de la Constitución y la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo.

El argumento de la PGN es que “el Presidente de la República actuará siempre con los Ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellos; es el Comandante General del Ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República”, como indica el artículo citado de la Carta Magna; sin embargo, el oficio que recibió solo lleva la firma del presidente Morales.

IMG_20160428_205024También refieren que la Ley que rige el Ejecutivo, indica que el Consejo de Ministros tiene entre sus funciones “concurrir con el Presidente de la República a declarar o no la lesividad de los actos o contratos administrativos, para los efectos de la interposición del recurso de lo contencioso administrativo”.

Efectivamente, en agosto 2013, el Consejo de Ministros resolvió que rechazaba declarar lesivo el contrato de TCQ que había sido planteado en un memorial por el diputado Roberto Villate de Libertad Democrática Renovada (Lider).

El presidente Morales manifestó que “desde la Presidencia salió la solicitud a la PGN para que trabaje en la declaración de nulidad de este usufructo oneroso dado algunas evidencias de que no se otorgó un usufructo sino un beneficio de concesión”.

Respecto a enviar un oficio y no un acuerdo gubernativo, indicó que fue el primero y que eso se planteó ante los medios de comunicación.