La semana pasada, se presentó la “Política criminal democrática del Estado de Guatemala 2015-2035” –PCDEG-. Este acto estuvo presidido por Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público –MP-, Jimmy Morales, presidente del Ejecutivo, Mario Taracena, presidente del Legislativo, Ranulfo Rojas, presidente del Organismo Judicial –OJ- y como testigo de honor Todd Robison, embajador de EEUU en Guatemala.
Si entendemos como política criminal: el conjunto de medidas que realizan los distintos organismos del gobierno para combatir y disminuir la criminalidad, entonces el esfuerzo de ponerse de acuerdo, de enfocarse en lo primordial –el combate a la criminalidad e impartición de la justicia- por parte de los titulares del MP, del Ejecutivo, del Congreso y del OJ debería ser no sólo una propuesta sino una exigencia de nuestra parte.
Las consecuencias de tener un gobierno distraído en otras funciones –repartir fertilizantes, remesas, bolsas y demás privilegios- las vivimos todos los días al subir o transbordar de bus, al esperar el verde del semáforo, al caminar por las calles, al abrir un negocio o vivir en “sectores peligrosos”. Es por eso que vale la pena analizar, poner atención y darle seguimiento a la PCDEG, ya que la seguridad y la justicia son la principal función de cualquier gobierno.
En lo personal, aún me genera reservas el nombre de dicha iniciativa, puesto que lo de “Política Criminal” me recuerda las leyes que con frecuencia se aprueban en el Congreso y lo de “Democrático” me hace pensar en los peligros de la “democracia de masas” de la que nos advierte L. Mises.
Esto me hace reflexionar en las “otras” políticas criminales que a menudo son aprobadas en el Congreso sin el más mínimo recato o decencia. Las “otras” políticas criminales son aquellas que a través del uso de la fuerza -que implica la Ley- buscan “redistribuir” la riqueza, le quitan a unos para darle a otros. Esos “unos” – ricos o pobres- por lo general están desorganizados para defenderse mientras que los “otros” –ricos o pobres- se organizan para promover o presionar por la promulgación de esas políticas criminales.
Las políticas realmente criminales son aquellas leyes que se aprueban para obstaculizar la generación de riqueza. Son aquellas que se aprueban para legalizar la expoliación, a través de permisos, tarifas, impuestos específicos, subsidios, fomentos, aranceles y pseudo- derechos, entre otros.
Es tan vieja esta práctica que en La Ley, Bastiat nos advierte de la perversión de la ley: la expoliación legal. Según Bastiat “A veces, la ley se hace cómplice de la expoliación. A veces, la propia ley se convierte en instrumento de expoliación, como si buscara eximir al beneficiario de la vergüenza, el peligro y el escrúpulo que los actos de expoliación llevan implícitos”.
Y así, se aprueban leyes o discuten iniciativas como la de vivienda que no sólo pretende que los demás –desorganizados- paguen la vivienda de los elegidos –organizados- por los burócratas sino que además se pague el sueldo y demás gastos de la burocracia creada para tal fin. O iniciativas como la del fomento al cine que pretende ser financiada con nuestros recursos. Sin contar que cada año se aprueba la repartición del presupuesto y el no tan despreciable listado geográfico de obras incluido.
La PCDEG combatirá –si es efectiva- a los criminales declarados y esperamos –por nuestro bien- reduzca los índices de violencia pero será incapaz de perseguir a quienes se amparan en la “legislorrea” para expoliarnos. Es por eso que necesitamos combatir la “otra” política criminal que atenta contra nuestra propiedad amparada en la legalidad.
Para poder vivir en paz debemos combatir con la misma intensidad tanto la expoliación ilegal que hacen los delincuentes como la expoliación legal que orquestan los burócratas y grupos de presión de cualquier índole.
@Md30
Facebook.com/Mda30
La semana pasada, se presentó la “Política criminal democrática del Estado de Guatemala 2015-2035” –PCDEG-. Este acto estuvo presidido por Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público –MP-, Jimmy Morales, presidente del Ejecutivo, Mario Taracena, presidente del Legislativo, Ranulfo Rojas, presidente del Organismo Judicial –OJ- y como testigo de honor Todd Robison, embajador de EEUU en Guatemala.
Si entendemos como política criminal: el conjunto de medidas que realizan los distintos organismos del gobierno para combatir y disminuir la criminalidad, entonces el esfuerzo de ponerse de acuerdo, de enfocarse en lo primordial –el combate a la criminalidad e impartición de la justicia- por parte de los titulares del MP, del Ejecutivo, del Congreso y del OJ debería ser no sólo una propuesta sino una exigencia de nuestra parte.
Las consecuencias de tener un gobierno distraído en otras funciones –repartir fertilizantes, remesas, bolsas y demás privilegios- las vivimos todos los días al subir o transbordar de bus, al esperar el verde del semáforo, al caminar por las calles, al abrir un negocio o vivir en “sectores peligrosos”. Es por eso que vale la pena analizar, poner atención y darle seguimiento a la PCDEG, ya que la seguridad y la justicia son la principal función de cualquier gobierno.
En lo personal, aún me genera reservas el nombre de dicha iniciativa, puesto que lo de “Política Criminal” me recuerda las leyes que con frecuencia se aprueban en el Congreso y lo de “Democrático” me hace pensar en los peligros de la “democracia de masas” de la que nos advierte L. Mises.
Esto me hace reflexionar en las “otras” políticas criminales que a menudo son aprobadas en el Congreso sin el más mínimo recato o decencia. Las “otras” políticas criminales son aquellas que a través del uso de la fuerza -que implica la Ley- buscan “redistribuir” la riqueza, le quitan a unos para darle a otros. Esos “unos” – ricos o pobres- por lo general están desorganizados para defenderse mientras que los “otros” –ricos o pobres- se organizan para promover o presionar por la promulgación de esas políticas criminales.
Las políticas realmente criminales son aquellas leyes que se aprueban para obstaculizar la generación de riqueza. Son aquellas que se aprueban para legalizar la expoliación, a través de permisos, tarifas, impuestos específicos, subsidios, fomentos, aranceles y pseudo- derechos, entre otros.
Es tan vieja esta práctica que en La Ley, Bastiat nos advierte de la perversión de la ley: la expoliación legal. Según Bastiat “A veces, la ley se hace cómplice de la expoliación. A veces, la propia ley se convierte en instrumento de expoliación, como si buscara eximir al beneficiario de la vergüenza, el peligro y el escrúpulo que los actos de expoliación llevan implícitos”.
Y así, se aprueban leyes o discuten iniciativas como la de vivienda que no sólo pretende que los demás –desorganizados- paguen la vivienda de los elegidos –organizados- por los burócratas sino que además se pague el sueldo y demás gastos de la burocracia creada para tal fin. O iniciativas como la del fomento al cine que pretende ser financiada con nuestros recursos. Sin contar que cada año se aprueba la repartición del presupuesto y el no tan despreciable listado geográfico de obras incluido.
La PCDEG combatirá –si es efectiva- a los criminales declarados y esperamos –por nuestro bien- reduzca los índices de violencia pero será incapaz de perseguir a quienes se amparan en la “legislorrea” para expoliarnos. Es por eso que necesitamos combatir la “otra” política criminal que atenta contra nuestra propiedad amparada en la legalidad.
Para poder vivir en paz debemos combatir con la misma intensidad tanto la expoliación ilegal que hacen los delincuentes como la expoliación legal que orquestan los burócratas y grupos de presión de cualquier índole.
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