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EE.UU. demanda redoblar esfuerzos contra la corrupción

Luis Gonzalez
03 de mayo, 2016

Avanzar en la lucha contra la corrupción, reducir la participación del Ejército en la seguridad ciudadana, aumentar los ingresos fiscales, promover el desarrollo social para disminuir la inmigración, y proteger a los defensores de los derechos humanos, fueron los temas abordados durante la reunión a puerta cerrada que sostuvieron los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El funcionario reconoció los avances puntuales de cada país, pero les pidió mayor compromiso para avanzar en estos temas. En el caso de Guatemala, Biden vio positivo que el mandatario Jimmy Morales haya pedido la extensión del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hasta 2019.

A Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador, le expresó su satisfacción por el plan implementado para mejorar la seguridad de la población, mientras que a Juan Orlando Hernández, mandatario de Honduras, le aplaudió la recién instalación de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) en ese país, según reportes de medios de comunicación que cubrieron el evento realizado en Washington.

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De acuerdo con los periodistas, no hubo conferencia de Prensa para conocer mayores detalles del encuentro y la escueta información la trasladó la Casa Blanca, aunque, en el caso de Jimmy Morales, sí dio algunos pormenores de la cita, resaltando la petición que hizo a Biden de mediar para que Guatemala obtenga el TPS para sus ciudadanos.

Las condiciones las pone Estados Unidos

Desde antes de la caída del gobierno presidido por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ambos encarcelados por actos de corrupción durante su administración, Estados Unidos fijó como condición la permanencia de la CICIG en Guatemala para facilitar fondos al país.

En marzo del año pasado, durante su vista al país, Biden fue enfático en que la entidad de la ONU debía continuar en Guatemala para que la nación fuera tomada en cuenta dentro del Plan Alianza para la Prosperidad. Este proyecto busca generar desarrollo económico y social en las áreas más afectadas por la migración, sobre todo de menores no acompañados, pues durante los últimos cinco años han cruzado la frontera estadounidense unos 140 mil niños provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza.

Situación desesperada

Eduardo Stein, excanciller y exvicepresidente de Guatemala, considera que estas naciones del llamado Triángulo Norte de Centroamérica son agobiadas por problemas comunes como los citados por Biden y, en particular, en el tema de inseguridad, se han visto forzadas a recurrir al Ejército para contrarrestar los ilícitos de las maras y el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico.

“Es un recurso desesperado porque las fuerzas policiales no dan el ancho para enfrentar a los grupos delincuenciales”, subrayó el entrevistado.

Stein especula que poner en la mesa de discusión este asunto de la reducción del Ejército en tareas de seguridad interna, podría ser porque hay congresistas y senadores de EE.UU. que pedirán cuentas de los US$750 millones de apoyo al Plan Alianza para la Prosperidad, destinados para estos tres países en el presupuesto de 2016.

“Mi opinión es que se debe profesionalizar a la Policía Nacional Civil, desinfectarla del crimen organizado y que sea, en efecto, una fuerza policial para seguridad pública de prevención y, de manera gradual, ir reduciendo la participación del Ejército en este tema”, comenta el exfuncionario.

Algunos municipios piden al Ejército

De acuerdo con el coronel Pedro Reyna, portavoz del Ejército, la institución solo obedece las disposiciones del Presidente como comandante general de las fuerzas armadas y mantienen la disposición de apoyar a las instituciones o autoridades que requieran su respaldo, tomando como base el Decreto 40-2000, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil.

Mencionó que en la actualidad, la institución cuenta con unos 19,500 soldados, más los 4,968 que conforman la Unidad de Seguridad Ciudadana, en nueve escuadrones y otro grupo que asiste al Sistema Penitenciario en el resguardo perimetral de algunas cárceles.

Por ahora el Ejército tiene 14 solicitudes de alcaldes que demandan la instalación de destacamentos en sus municipios y dos peticiones para protección en áreas de la Biosfera Maya, en Petén, y ya instalados hay 122, conformados, por lo menos, con 20 soldados y un oficial.

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EE.UU. demanda redoblar esfuerzos contra la corrupción

Luis Gonzalez
03 de mayo, 2016

Avanzar en la lucha contra la corrupción, reducir la participación del Ejército en la seguridad ciudadana, aumentar los ingresos fiscales, promover el desarrollo social para disminuir la inmigración, y proteger a los defensores de los derechos humanos, fueron los temas abordados durante la reunión a puerta cerrada que sostuvieron los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El funcionario reconoció los avances puntuales de cada país, pero les pidió mayor compromiso para avanzar en estos temas. En el caso de Guatemala, Biden vio positivo que el mandatario Jimmy Morales haya pedido la extensión del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hasta 2019.

A Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador, le expresó su satisfacción por el plan implementado para mejorar la seguridad de la población, mientras que a Juan Orlando Hernández, mandatario de Honduras, le aplaudió la recién instalación de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) en ese país, según reportes de medios de comunicación que cubrieron el evento realizado en Washington.

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De acuerdo con los periodistas, no hubo conferencia de Prensa para conocer mayores detalles del encuentro y la escueta información la trasladó la Casa Blanca, aunque, en el caso de Jimmy Morales, sí dio algunos pormenores de la cita, resaltando la petición que hizo a Biden de mediar para que Guatemala obtenga el TPS para sus ciudadanos.

Las condiciones las pone Estados Unidos

Desde antes de la caída del gobierno presidido por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ambos encarcelados por actos de corrupción durante su administración, Estados Unidos fijó como condición la permanencia de la CICIG en Guatemala para facilitar fondos al país.

En marzo del año pasado, durante su vista al país, Biden fue enfático en que la entidad de la ONU debía continuar en Guatemala para que la nación fuera tomada en cuenta dentro del Plan Alianza para la Prosperidad. Este proyecto busca generar desarrollo económico y social en las áreas más afectadas por la migración, sobre todo de menores no acompañados, pues durante los últimos cinco años han cruzado la frontera estadounidense unos 140 mil niños provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza.

Situación desesperada

Eduardo Stein, excanciller y exvicepresidente de Guatemala, considera que estas naciones del llamado Triángulo Norte de Centroamérica son agobiadas por problemas comunes como los citados por Biden y, en particular, en el tema de inseguridad, se han visto forzadas a recurrir al Ejército para contrarrestar los ilícitos de las maras y el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico.

“Es un recurso desesperado porque las fuerzas policiales no dan el ancho para enfrentar a los grupos delincuenciales”, subrayó el entrevistado.

Stein especula que poner en la mesa de discusión este asunto de la reducción del Ejército en tareas de seguridad interna, podría ser porque hay congresistas y senadores de EE.UU. que pedirán cuentas de los US$750 millones de apoyo al Plan Alianza para la Prosperidad, destinados para estos tres países en el presupuesto de 2016.

“Mi opinión es que se debe profesionalizar a la Policía Nacional Civil, desinfectarla del crimen organizado y que sea, en efecto, una fuerza policial para seguridad pública de prevención y, de manera gradual, ir reduciendo la participación del Ejército en este tema”, comenta el exfuncionario.

Algunos municipios piden al Ejército

De acuerdo con el coronel Pedro Reyna, portavoz del Ejército, la institución solo obedece las disposiciones del Presidente como comandante general de las fuerzas armadas y mantienen la disposición de apoyar a las instituciones o autoridades que requieran su respaldo, tomando como base el Decreto 40-2000, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil.

Mencionó que en la actualidad, la institución cuenta con unos 19,500 soldados, más los 4,968 que conforman la Unidad de Seguridad Ciudadana, en nueve escuadrones y otro grupo que asiste al Sistema Penitenciario en el resguardo perimetral de algunas cárceles.

Por ahora el Ejército tiene 14 solicitudes de alcaldes que demandan la instalación de destacamentos en sus municipios y dos peticiones para protección en áreas de la Biosfera Maya, en Petén, y ya instalados hay 122, conformados, por lo menos, con 20 soldados y un oficial.