El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Rojas, la fiscal General, Thelma Aldana, la Directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Nydia Arévalo, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara y el Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, firmaron un convenio para la utilización de vídeo conferencias en los procesos penales.
El objetivo primordial de la firma del acuerdo es que los reos de alta peligrosidad presten su declaración desde los centros de detención para evitar los traslados a Torre de Tribunales y órganos jurisdiccionales.
“Esto es muy importante para la historia de nuestro país en el ámbito de la justicia y para el cumplimiento de la investigación y justicia garantizando la seguridad de todos los actores que de alguna manera se ven involucrados en las acciones judiciales”, dijo el Ministro de Gobernación.
Añadió que este es un paso importante en la seguridad para todos los ciudadanos ya que con esto se podrán evitar fugas y acontecimientos lamentables que en algunas oportunidades se han dado. Asimismo, expresó que mediante el Sistema Penitenciario, la cartera del Interior se compromete a proporcionar las salas de audiencias y los espacios asignados para los equipos de las videoconferencias y a mantener el equipo en óptimas condiciones en los centros de detención seleccionados.
Por su parte, el Presidente del Organismo Judicial, señaló que el propósito de la aplicación de esta herramienta tecnológica es garantizar la seguridad de jueces, fiscales, defensores, peritos, auxiliares judiciales y de la población guatemalteca.
Mientras que la fiscal General, Thelma Aldana, indicó que la implementación de las videoconferencias permitirá optimizar el manejo de los recursos humanos y materiales favoreciendo notablemente la reducción de los tiempos de desplazamiento y la reducción de riesgos para todos los involucrados en los procesos penales.
El proyecto es fue apoyado por el programa de Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo (USAID) y de la Embajada de los Estados Unidos.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Rojas, la fiscal General, Thelma Aldana, la Directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Nydia Arévalo, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara y el Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, firmaron un convenio para la utilización de vídeo conferencias en los procesos penales.
El objetivo primordial de la firma del acuerdo es que los reos de alta peligrosidad presten su declaración desde los centros de detención para evitar los traslados a Torre de Tribunales y órganos jurisdiccionales.
“Esto es muy importante para la historia de nuestro país en el ámbito de la justicia y para el cumplimiento de la investigación y justicia garantizando la seguridad de todos los actores que de alguna manera se ven involucrados en las acciones judiciales”, dijo el Ministro de Gobernación.
Añadió que este es un paso importante en la seguridad para todos los ciudadanos ya que con esto se podrán evitar fugas y acontecimientos lamentables que en algunas oportunidades se han dado. Asimismo, expresó que mediante el Sistema Penitenciario, la cartera del Interior se compromete a proporcionar las salas de audiencias y los espacios asignados para los equipos de las videoconferencias y a mantener el equipo en óptimas condiciones en los centros de detención seleccionados.
Por su parte, el Presidente del Organismo Judicial, señaló que el propósito de la aplicación de esta herramienta tecnológica es garantizar la seguridad de jueces, fiscales, defensores, peritos, auxiliares judiciales y de la población guatemalteca.
Mientras que la fiscal General, Thelma Aldana, indicó que la implementación de las videoconferencias permitirá optimizar el manejo de los recursos humanos y materiales favoreciendo notablemente la reducción de los tiempos de desplazamiento y la reducción de riesgos para todos los involucrados en los procesos penales.
El proyecto es fue apoyado por el programa de Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo (USAID) y de la Embajada de los Estados Unidos.