De acuerdo con la opinión de un abogado penalista y un constitucionalista, la resolución que debe dictar el juez Miguel Ángel Gálvez por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el viernes, será ligar a proceso penal a los 12 implicados en el caso.
Francisco García Gudiel, abogado penalista, indica que el Juez debe evaluar si existen suficientes “indicios racionales” para determinar que los imputados posiblemente participaron en el ilícito imputado por parte del Ministerio Público. “La defensa tiene que decir que no se dan los elementos necesarios para ligar a proceso, entonces debe hacer su análisis fáctico-jurídico de este caso”, subrayó.
Gudiel dice que Gálvez ligará a proceso penal a todos los implicados. “Para los jueces lo más cómodo cuando un caso se vuelve mediático, efectivamente es ligarlos y que el MP investigue. En este caso existe una declaración de un colaborador eficaz, y al juez le solicitaron las órdenes de aprehensión y las otorgó. El Juez ya tuvo a la vista estos indicios y los analizó, entonces no se irá contra la razón, ni la lógica, diciendo, ´sí autoricé las capturas y ahora creo que no lo hicieron´, eso resulta irrisorio y ridículo”.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, coincide con Gudiel al indicar que el Juez debe resolver con indicios racionales que demuestren la comisión de un delito. “El Juez no puede arbitrariamente contra la sindicados, tomar una decisión adversa, de tal manera que todo se reduce a la calidad de prueba rendida”.
Orellana enfatiza que la decisión debe ser de ligarlos a proceso para que se brinde más prueba, que si fuera el caso, que se eximan de estas responsabilidades, mientras tanto, no correrá el riesgo de que estas personas se den a la fuga.
[quote_center]”Para los jueces lo más cómodo cuando un caso se vuelve mediático, efectivamente es ligarlos y que el MP investigue”. Francisco García Gudiel, abogado penalista.[/quote_center]
Defensa vs MP
Nefaly Barrientos, abogado defensor de Julio Zamora Alvarez y Julio Orellana, comenta que las acusaciones “son inconsistentes desde el punto de vista legal. El MP señala que a mis defendidos les dieron dinero para que se dejaran de oponer al proyecto de TCQ; sin embargo, el testigo no dice ni qué día, ni qué hora, la acusación tiene una serie de contradicciones”.
Además, asegura que a partir de 2012 sus defendidos han tenido una oposición permanente para que avance del proyecto, lo cual demuestra que no se ha recibido ninguna clase de dádivas, aunque sí hubo ofrecimiento, pero el mensaje fue: “si no lo reciben, su familia va a quedar mal, y recuerden que hay un sindicalista muerto” y ese sindicalista es hermano de uno de los dos que estoy defendiendo, por lo que se debe dictar falta de mérito”, sostiene el abogado.
Por su lado el abogado defensor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Fernando Guerra, apunta que la resolución que deberá emitir el Jue debe ser apegada a derecho y decretar falta de mérito a favor de los sindicados. Según el profesional, el delito de asociación ilícita del cual se le acusa a su cliente, no puede ser, porque un mismo delito no puede ser perseguido dos veces.
En relación con estas declaraciones, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, subraya que no existe una doble persecución, “A ella (Baldetti), en ningún otro caso se le había perseguido por el tema de TCQ, dentro de los otros dos procesos es por defraudación y el otro por el de Lago de Amatitlán, ella se asoció con otras personas con distinto propósito”
De acuerdo con la opinión de un abogado penalista y un constitucionalista, la resolución que debe dictar el juez Miguel Ángel Gálvez por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el viernes, será ligar a proceso penal a los 12 implicados en el caso.
Francisco García Gudiel, abogado penalista, indica que el Juez debe evaluar si existen suficientes “indicios racionales” para determinar que los imputados posiblemente participaron en el ilícito imputado por parte del Ministerio Público. “La defensa tiene que decir que no se dan los elementos necesarios para ligar a proceso, entonces debe hacer su análisis fáctico-jurídico de este caso”, subrayó.
Gudiel dice que Gálvez ligará a proceso penal a todos los implicados. “Para los jueces lo más cómodo cuando un caso se vuelve mediático, efectivamente es ligarlos y que el MP investigue. En este caso existe una declaración de un colaborador eficaz, y al juez le solicitaron las órdenes de aprehensión y las otorgó. El Juez ya tuvo a la vista estos indicios y los analizó, entonces no se irá contra la razón, ni la lógica, diciendo, ´sí autoricé las capturas y ahora creo que no lo hicieron´, eso resulta irrisorio y ridículo”.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, coincide con Gudiel al indicar que el Juez debe resolver con indicios racionales que demuestren la comisión de un delito. “El Juez no puede arbitrariamente contra la sindicados, tomar una decisión adversa, de tal manera que todo se reduce a la calidad de prueba rendida”.
Orellana enfatiza que la decisión debe ser de ligarlos a proceso para que se brinde más prueba, que si fuera el caso, que se eximan de estas responsabilidades, mientras tanto, no correrá el riesgo de que estas personas se den a la fuga.
[quote_center]”Para los jueces lo más cómodo cuando un caso se vuelve mediático, efectivamente es ligarlos y que el MP investigue”. Francisco García Gudiel, abogado penalista.[/quote_center]
Defensa vs MP
Nefaly Barrientos, abogado defensor de Julio Zamora Alvarez y Julio Orellana, comenta que las acusaciones “son inconsistentes desde el punto de vista legal. El MP señala que a mis defendidos les dieron dinero para que se dejaran de oponer al proyecto de TCQ; sin embargo, el testigo no dice ni qué día, ni qué hora, la acusación tiene una serie de contradicciones”.
Además, asegura que a partir de 2012 sus defendidos han tenido una oposición permanente para que avance del proyecto, lo cual demuestra que no se ha recibido ninguna clase de dádivas, aunque sí hubo ofrecimiento, pero el mensaje fue: “si no lo reciben, su familia va a quedar mal, y recuerden que hay un sindicalista muerto” y ese sindicalista es hermano de uno de los dos que estoy defendiendo, por lo que se debe dictar falta de mérito”, sostiene el abogado.
Por su lado el abogado defensor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Fernando Guerra, apunta que la resolución que deberá emitir el Jue debe ser apegada a derecho y decretar falta de mérito a favor de los sindicados. Según el profesional, el delito de asociación ilícita del cual se le acusa a su cliente, no puede ser, porque un mismo delito no puede ser perseguido dos veces.
En relación con estas declaraciones, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, subraya que no existe una doble persecución, “A ella (Baldetti), en ningún otro caso se le había perseguido por el tema de TCQ, dentro de los otros dos procesos es por defraudación y el otro por el de Lago de Amatitlán, ella se asoció con otras personas con distinto propósito”