Ni las súplicas de los trabajadores o los argumentos de los personeros de la compañía Exploraciones Mineras de Guatemala S.A., (Exmingua), lograron que el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera a favor de una apelación promovida contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que pretende el cierre del proyecto.
Stuardo Ralón, abogado de Exmingua S.A., calificó la resolución como “una extralimitación”, debido a que no se debía resolver cuando aún estaba pendiente el caso en la CSJ y había una audiencia pública programada para el próximo 16 de mayo.
“Confirmaron que hasta que se haga la consulta, se reactivará la licencia”, expuso. Mientras tanto, la mina no podrá funcionar. A criterio del abogado, la Corte resolvió como si fuera una sentencia, pese a que hay procesos en trámite.
Ralón fue notificado este jueves entre las 16:00 y 17:00 horas de la resolución de la CC. El secretario de ese organismo, Martín Guzmán, declaró el miércoles último que la apelación fue ingresada en agenda la semana pasada, pero algunos de los magistrados pidieron analizar las actuaciones porque no conocían el expediente.
El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) fue el que accionó contra el funcionamiento de la mina con el argumento de no haber realizado la consulta respectiva; sin embargo, los personeros de la empresa informaron que se emprendió un proceso de diálogo con la población para dar a conocer el proyecto.
Se estima que unos 300 trabajadores quedarían cesantes de concretarse el cierre del proyecto denominado Progreso VII Derivada, mejor conocido como El Tambor, ubicado en San Pedro Ayampuc.
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Stuardo Ralón, abogado de Exmingua S.A., calificó la resolución como “una extralimitación”, debido a que no se debía resolver cuando aún estaba pendiente el caso en la CSJ y había una audiencia pública programada para el próximo 16 de mayo.
“Confirmaron que hasta que se haga la consulta, se reactivará la licencia”, expuso. Mientras tanto, la mina no podrá funcionar. A criterio del abogado, la Corte resolvió como si fuera una sentencia, pese a que hay procesos en trámite.
Ralón fue notificado este jueves entre las 16:00 y 17:00 horas de la resolución de la CC. El secretario de ese organismo, Martín Guzmán, declaró el miércoles último que la apelación fue ingresada en agenda la semana pasada, pero algunos de los magistrados pidieron analizar las actuaciones porque no conocían el expediente.
El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) fue el que accionó contra el funcionamiento de la mina con el argumento de no haber realizado la consulta respectiva; sin embargo, los personeros de la empresa informaron que se emprendió un proceso de diálogo con la población para dar a conocer el proyecto.
Se estima que unos 300 trabajadores quedarían cesantes de concretarse el cierre del proyecto denominado Progreso VII Derivada, mejor conocido como El Tambor, ubicado en San Pedro Ayampuc.
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