Guatemala tiene dos grandes problemas que están relacionados entre sí. Estos han salido recurrentemente en todas las encuestas que se hacen antes de que un nuevo gobernante llegue al poder. Y estos problemas son el de la Seguridad y Justicia y el económico. La cantidad de pobreza y falta de oportunidades hace que muchos guatemaltecos busquen nuevos horizontes en el extranjero, ya sea legal o ilegalmente. Es cuestión de supervivencia. Y la falta de justicia y seguridad hace que las inversiones extranjeras que tanto nos urgen no vengan masivamente al país y que en muchos lugares del interior se tome la justicia por sus propias manos.

         El Comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, se ha enfocado en el segundo de estos problemas, el de la Seguridad y Justicia y ha dicho que hacen falta más recursos para fortalecerla. Hasta aquí estoy de acuerdo con él. Sin embargo, lo que sugiere es la creación de un impuesto específico que grave los grandes capitales.   Aquí veo cómo la ignorancia económica le nubla la visión porque imponerle más impuestos a los capitales significa ahuyentar a los pocos inversionistas que aún se animan a venir a invertir a este peligroso país. Hacer esto es condenar a los más pobres a seguir en la miseria.

         Está claro que en Guatemala, las empresas pagan tasas impositivas de primer mundo. Lo que no está bien es la distribución de esos recursos que recibe coercitivamente el gobierno ya que se han dedicado a diluirlo en muchas cosas que no son prioritarias dejando coja a la Seguridad y La Justicia. Por ello, la solución es que los gobernantes decidan de una vez por todas cerrar programas menos prioritarios para asignar esos recursos a la Seguridad y Justicia.

         La razón de que existan los gobiernos es precisamente para administrar la Justicia y las fuerzas armadas y de seguridad. Todo lo demás que hace un gobierno moderno jamás significó una razón inicial ni prioritaria para justificar que los ciudadanos otorgaran el poder de la fuerza al Estado y que lo dotaran de recursos. Con el tiempo, los gobernantes se volvieron más y más populistas inventando funciones que debería hacer el gobierno pero que nunca habían sido el objetivo principal de su constitución. Llegó el punto en que ese populismo se desbordó en infinidad de programas sociales que más que ayudar al pobre lo condenaron a una vida de dependencia y menos oportunidades, a una miseria permanente. Las consecuencias fueron contrarias a las intenciones.

         Encima de todo, en nuestra querida Guatemala, estos programas se llenaron de picaros y ladrones que aprovechaban los proyectos para llenarse sus propios bolsillos con dinero de los tributarios. El pobre bien gracias. Los que producen riqueza y que son expoliados por el gobierno para pagar los impuestos ven cada día menos motivación en tributar dado que en todos lados aparecen nuevos corruptos.

Es de felicitar a los guatemaltecos y a las autoridades de Seguridad y Justicia del país que muchos de estos corruptos están siendo atrapados y sometidos ante la justicia. Pareciera que las cosas comienzan a cambiar. Hay una cruzada contra la corrupción que está teniendo buenos resultados pero aún falta mucho y hasta que no se terminen. Pero mientras todavía quedan muchos focos de corrupción pendiente de investigar y depurar, el incentivo por seguir tributando es bajo. Hablar de nuevos tributos es un insulto a la inteligencia además que económicamente es un “harakiri” al crecimiento y desarrollo económico del país.

         Es cierto que necesitamos fortalecer las instituciones que garanticen la libertad, la vida y la propiedad, es decir, las instituciones de Seguridad y Justicia. Pero también es cierto que debemos recordar que Guatemala es un país pobre que necesita generar más oportunidades de mejora de nivel de vida para miles de Guatemaltecos que están en la miseria.

         Los fondos pueden venir claramente de algunos programas sociales que han demostrado ser pura corrupción y clientelismo como por ejemplo el de los fertilizantes, bolsas seguras o solidarias, etc… También pueden venir del recorte de todas las plazas fantasmas que hasta ahora apenas empiezan a descubrirse algunas.   ¿Para qué queremos un Ministerio de Desarrollo si lo que el país necesita es crecimiento económico que llegue al interior? Este ministerio debe cerrarse y destinar los fondos a otros ministerios.

El país se está anquilosando de tanta regulación nueva que frena la velocidad con que producimos riqueza y creamos valor. Se debe eliminar toda ley que frene ese desarrollo económico para que podamos crecer a ritmos mayores y no a la tasa mediocre del 4% anual que ha sido una tasa muy baja para un país tan pobre como Guatemala.   Además de cerrar muchos programas y ministerios se debe hacer un recorte de personal en muchas de las instituciones del estado.

Tenemos los recursos para reforzar nuestra seguridad y justicia. Es cuestión de ordenarnos y priorizarlos del lado del gasto, no del lado de nuevos ingresos.