El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, decidió este viernes ligar a proceso penal al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a 10 implicados más en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Gálvez los ligó a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho activo y fraude.

Según la investigación del Ministerio Público y la CICIG, los personeros de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) habrían pagado US$24.5 millones en soborno. En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Juan Carlos Monzón le hizo saber al expresidente Pérez Molina que, en una reunión sostenida por él, en Cancún, México, había llegado a un acuerdo con Juan José Suárez y Mauricio Garín, acerca de la forma y cronograma de pagos de esos US$24.5 millones.

El primer desembolso por US$10 millones se efectuó el segundo semestre de 2013 y el segundo pago por US$2 millones en los primeros dos meses de 2014. La porción restante de US$12 millones, en dos pagos más, entre abril y octubre de 2015. TCQ propuso que los abonos fueran hasta 2016 para cancelar la comisión; sin embargo, Pérez y Baldetti, habrían insistido en que la deuda se debía cancelar dentro del mandato.

El acuerdo era pagar US$24.5 millones, de los que se debía descontar US$500 mil en gastos, US$5 millones para los operadores argentinos y US$5 millones más para el primer equipo gestor del negocio, según el MP.