(Haz click sobre la imagen)
Para entrar a este “club” la única membresía necesaria es la orden judicial y las acusaciones del Ministerio Público. En cuanto al costo para ingresar, es millonario, y, según las autoridades de justicia, cada centavo es producto de actividades de origen ilícito.
Pero, ¿cómo se crea esta cárcel? Fue el 12 de noviembre de 2015 cuando, mediante el Acuerdo Ministerial 557-2015, el Ministerio de Gobernación, bajo el mando de Eunice Mendizabal, entra oficialmente en operaciones el “Centro de detención de la zona diecisiete”. La justificación era contar con un espacio para tener en detención a reos “vulnerables”.
Paralelo a la creación, surge otra pregunta: ¿Cuánto habrían defraudado al Estado los miembros del “Club” Mariscal Zavala? Una considerable mayoría de los inquilinos de este centro militar fueron funcionarios públicos y considerables cantidades de dinero se habrían malversado desde sus posiciones. Hagamos un recuento…
Otto Pérez Molina, el General
Resulta irónico que un General sea prisionero del mismo Ejército al que sirvió, pero este es el caso de Otto Pérez Molina. En septiembre de 2015 lo ligacron a proceso por su presunta vinculación a la estructura La Línea, por los cargos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo. Según la denuncia del Ministerio Público, los integrantes de la estructura habrían recibido Q28 millones en sobornos, de los cuales, al menos la mitad, Q14 millones, habrían sido para el exmandatario. Meses después lo vinculan en otro caso de corrupción denominado “TCQ”. Pérez es señalado de apropiarse Q30 millones en sobornos de la Terminal de Contenedores Quetzal.
Gustavo Martínez, yerno del expresidente
El exsecretario privado de la Presidencia es señalado de asociación ilícita y tráfico de influencias en el caso denominado Redes. Según la investigación, el ahora detenido recibió casi Q1 millón por incluir en la agenda de Molina reuniones con los representantes de la empresa Jaguar Energy. En estos momentos fue ligado a proceso en el caso de TCQ; aquí aún se desconoce la cantidad de dinero que pudo haber recibido
Gustavo Alejos, conocido como el “negociante de la salud”
Se trata del exsecretario de la Presidencia de Álvaro Colom. Según investigaciones, Gustavo Alejos y otros proveedores de medicinas, junto a funcionarios y particulares, ajustaban compras en el IGSS y así procuraban la venta de un producto o servicio para favorecer a sus empresas. Los delitos por los que se sindica a Alejos son asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. El informe de la CICIG y MP dan cuenta de que solo en seis meses la red facturó no menos de Q20 millones por las compras de medicinas.
Juan De Dios Rodríguez, expresidente del IGSS
Por un aparente fraude en la adjudicación de un contrato de diálisis con la droguería Pisa, el expresidente del IGSS, Juan De Dios Rodríguez, fue ligado a proceso y enviado a prisión. En este caso, el Juzgado Sexto de Instancia Penal inmovilizó cinco cuentas de Rodríguez por un monto de Q4.285,011.50, mientras que Q17,430,27.55 también fueron inmovilizados de las cuentas de la empresa Pisa; ambas cantidades nos dan un total de Q21,715, 539.05
Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la ex Magistrada Blanca Stalling.
Fungía como asesor del IGSS, puesto que según investigaciones utilizó para realizar las negociaciones de la adjudicación del contrato anómalo entre el IGSS y la droguería Pisa, el cual ascendía a la cantidad de Q116.2 millones. De esta cantidad, según la Fiscalía, Molina Stalling obtuvo una comisión ilegal del 15%, unos Q17 millones, a cambio de conseguir que la Junta Directiva del Seguro Social aprobará el contrato millonario.
Carlos Muñoz, exintendente de SAT, “el consentido de Pérez Molina”
Es sindicado de ser uno de los cabecillas de la red La Línea. Según las investigaciones, Muñoz realizaba los cambios estratégicos del personal en la institución a petición del entonces presidente de la República Otto Pérez; con esto, podrían contar con gente de confianza para realizar los actos anómalos. En el caso de Muñoz, la Fiscalía de Extinción de Dominio embargó cuatro cuentas de su hijo por un monto de Q2 millones 19 mil 870, por su dudosa procedencia que podría tratarse de dinero ilícito.
Omar Franco, exintendente de SAT y otros implicados
Al ser despedido Carlos Muñoz como intendente de SAT, nombran a Omar Franco a este puesto. Durante su gestión hubo denuncias de nepotismo y corrupción. Primos, tíos y sobrinosfueron ubicados en cargos como la Jefatura del Departamento de Recaudación, también en el área de administración de proyectos y asesorías con salarios que superaban los Q10 mil.
Alrededor de Q13.2 millones y $28 mil fueron embargados de cuentas bancarias de ahorros, monetarios y plazos fijos, registradas a nombre de Álvaro Omar Franco, ex superintendente de Administración Tributaria; Julio González De León, José Gil Monterroso, Giovanny Marroquín, Osama Aziz, Iris Franco Cordón, Mynor Castellanos, Julio César Aldana y Mónica Jaúregui.
Debido a que muchas de las investigaciones aún están en curso, ni las mismas autoridades saben con exactitud a cuánto ascienden las pérdidas por los actos de corrupción cometidos presuntamente por los miembros del Club Marisca, pero si sumamos quetzal por quetzal, tomando en cuenta los señalamientos de los inquilinos citados anteriormente, el “Centro de detención de la zona diecisiete”, o Mariscal Zavala, son más de Q100 millones.
(Haz click sobre la imagen)
Para entrar a este “club” la única membresía necesaria es la orden judicial y las acusaciones del Ministerio Público. En cuanto al costo para ingresar, es millonario, y, según las autoridades de justicia, cada centavo es producto de actividades de origen ilícito.
Pero, ¿cómo se crea esta cárcel? Fue el 12 de noviembre de 2015 cuando, mediante el Acuerdo Ministerial 557-2015, el Ministerio de Gobernación, bajo el mando de Eunice Mendizabal, entra oficialmente en operaciones el “Centro de detención de la zona diecisiete”. La justificación era contar con un espacio para tener en detención a reos “vulnerables”.
Paralelo a la creación, surge otra pregunta: ¿Cuánto habrían defraudado al Estado los miembros del “Club” Mariscal Zavala? Una considerable mayoría de los inquilinos de este centro militar fueron funcionarios públicos y considerables cantidades de dinero se habrían malversado desde sus posiciones. Hagamos un recuento…
Otto Pérez Molina, el General
Resulta irónico que un General sea prisionero del mismo Ejército al que sirvió, pero este es el caso de Otto Pérez Molina. En septiembre de 2015 lo ligacron a proceso por su presunta vinculación a la estructura La Línea, por los cargos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo. Según la denuncia del Ministerio Público, los integrantes de la estructura habrían recibido Q28 millones en sobornos, de los cuales, al menos la mitad, Q14 millones, habrían sido para el exmandatario. Meses después lo vinculan en otro caso de corrupción denominado “TCQ”. Pérez es señalado de apropiarse Q30 millones en sobornos de la Terminal de Contenedores Quetzal.
Gustavo Martínez, yerno del expresidente
El exsecretario privado de la Presidencia es señalado de asociación ilícita y tráfico de influencias en el caso denominado Redes. Según la investigación, el ahora detenido recibió casi Q1 millón por incluir en la agenda de Molina reuniones con los representantes de la empresa Jaguar Energy. En estos momentos fue ligado a proceso en el caso de TCQ; aquí aún se desconoce la cantidad de dinero que pudo haber recibido
Gustavo Alejos, conocido como el “negociante de la salud”
Se trata del exsecretario de la Presidencia de Álvaro Colom. Según investigaciones, Gustavo Alejos y otros proveedores de medicinas, junto a funcionarios y particulares, ajustaban compras en el IGSS y así procuraban la venta de un producto o servicio para favorecer a sus empresas. Los delitos por los que se sindica a Alejos son asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. El informe de la CICIG y MP dan cuenta de que solo en seis meses la red facturó no menos de Q20 millones por las compras de medicinas.
Juan De Dios Rodríguez, expresidente del IGSS
Por un aparente fraude en la adjudicación de un contrato de diálisis con la droguería Pisa, el expresidente del IGSS, Juan De Dios Rodríguez, fue ligado a proceso y enviado a prisión. En este caso, el Juzgado Sexto de Instancia Penal inmovilizó cinco cuentas de Rodríguez por un monto de Q4.285,011.50, mientras que Q17,430,27.55 también fueron inmovilizados de las cuentas de la empresa Pisa; ambas cantidades nos dan un total de Q21,715, 539.05
Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la ex Magistrada Blanca Stalling.
Fungía como asesor del IGSS, puesto que según investigaciones utilizó para realizar las negociaciones de la adjudicación del contrato anómalo entre el IGSS y la droguería Pisa, el cual ascendía a la cantidad de Q116.2 millones. De esta cantidad, según la Fiscalía, Molina Stalling obtuvo una comisión ilegal del 15%, unos Q17 millones, a cambio de conseguir que la Junta Directiva del Seguro Social aprobará el contrato millonario.
Carlos Muñoz, exintendente de SAT, “el consentido de Pérez Molina”
Es sindicado de ser uno de los cabecillas de la red La Línea. Según las investigaciones, Muñoz realizaba los cambios estratégicos del personal en la institución a petición del entonces presidente de la República Otto Pérez; con esto, podrían contar con gente de confianza para realizar los actos anómalos. En el caso de Muñoz, la Fiscalía de Extinción de Dominio embargó cuatro cuentas de su hijo por un monto de Q2 millones 19 mil 870, por su dudosa procedencia que podría tratarse de dinero ilícito.
Omar Franco, exintendente de SAT y otros implicados
Al ser despedido Carlos Muñoz como intendente de SAT, nombran a Omar Franco a este puesto. Durante su gestión hubo denuncias de nepotismo y corrupción. Primos, tíos y sobrinosfueron ubicados en cargos como la Jefatura del Departamento de Recaudación, también en el área de administración de proyectos y asesorías con salarios que superaban los Q10 mil.
Alrededor de Q13.2 millones y $28 mil fueron embargados de cuentas bancarias de ahorros, monetarios y plazos fijos, registradas a nombre de Álvaro Omar Franco, ex superintendente de Administración Tributaria; Julio González De León, José Gil Monterroso, Giovanny Marroquín, Osama Aziz, Iris Franco Cordón, Mynor Castellanos, Julio César Aldana y Mónica Jaúregui.
Debido a que muchas de las investigaciones aún están en curso, ni las mismas autoridades saben con exactitud a cuánto ascienden las pérdidas por los actos de corrupción cometidos presuntamente por los miembros del Club Marisca, pero si sumamos quetzal por quetzal, tomando en cuenta los señalamientos de los inquilinos citados anteriormente, el “Centro de detención de la zona diecisiete”, o Mariscal Zavala, son más de Q100 millones.