Hace dos semanas nos convocaron a un diálogo nacional para la reforma constitucional sobre el sector justicia. No se hizo un llamado para que de cero se construya la propuesta más conveniente, por el contrario se presentó, o se impuso, una ya aprobada por la CICIG, el MP, la Embajada y quienes le hablan al oído al embajador. Como base tomaron propuestas del llamado Consorcio, que como el original grupo musical llamado de la misma manera, nos dice románticamente “tómame, o déjame”.

Nuestro sistema de justicia no funciona. Desde el proceso de la prevención e investigación, hasta el castigo y rehabilitación, pasando por cambios en el Ministerio Público y su capacidad de atención, investigación, cobertura, independencia, el INACIF, la Defensa Pública Penal, los Tribunales de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, todos necesitan cambios profundos, reforma, pero sobre todo conceptuales. Mantener el 98% de impunidad en los delitos es inaceptable. El sistema de justicia debe reformarse y revisarse, pero ante todo debe priorizarse arriba de las otras funciones del Estado.

Esta reforma profunda no debe pasar únicamente por el sistema penal, que es donde se hace más obvio, sino por todo el sistema, bajo el principio de dar seguridad jurídica a los miembros de la sociedad, protegerlos de decisiones administrativas, sobre contratos, laboral, familia, etc.

He analizado la mayoría de las propuestas y estoy de acuerdo con varias de ellas porque están a favor con el principio de llevar la justicia a todo rincón de nuestro país, de independizar el proceso de justicia, etc. Pero hay varias que serán como pasar de las brasas a las llamas y que debemos rechazar en este diálogo pre aprobado.

Para poder aceptar o rechazar algunas de las propuestas debemos basarnos en los principios que pretendemos, y que se han probado en otros países, que ya funcionan. Por ejemplo, la independencia judicial, intentar eliminar los intereses de la judicatura, permitir a jueces y magistrados dedicarse a las leyes y lo menos posible a lo administrativo, promover a jueces por méritos y con transparencia, reducir el poder los gobernantes, la cuentadancia, los pesos y contrapesos del sistema republicano.

Sobre esa base, y sabiendo que toda persona, por poco o muy involucrada que esté en el quehacer nacional, tiene una forma de pensar, sus intereses, etc. se le debe reducir su capacidad de influencia. Por ello se ha optado por extender el periodo de los jueces (y magistrados), y que estos sean electos en periodos diferentes, para que no sean los mismos quienes tengan la influencia en la elección de los mismos. Bajo esta premisa es conveniente aumentar el periodo para el cual son electos los magistrados y que este sea de 5 años a 12 años (o vitalicios en los casos de magistrados), pero es muy inconveniente que se vuelva a elegir a la totalidad de magistrados de salas y de Corte Suprema de Justicia en el mismo periodo y que además, sea influenciado por el mismo Consejo de la Carrera Judicial, que viene a ser el monstruo, como aquel siamés que se quedó pegado a su gemelo de por vida, y que sólo podrá ser un cáncer.

Inconveniente también, que para optar a juez y magistrado, las posibilidades sean mucho mayores para quienes estén ejerciendo la carrera judicial desde ahora, porque ante las grandes brechas en el sector justicia, lo único que tendremos son los mismos frutos que cuando astutamente le cambiamos de nombre a la Policía Nacional a Policía Nacional Civil. Abrir a que exista posibilidad de competencia de abogados que ejercen su profesión liberal, o que estén en otras ramas como en la fiscalía o la defensa, abre los espacios para la integralidad y la verdadera profesionalización, sin atentar en contra de las libertades de poder elegir y ser electo.

Queremos reformas, pero no atole con el dedo…

(Pregunta: ¿Tendremos una respuesta oficial de los #Kikeleaks?)