Un sentimiento de cambio se percibe en el ambiente nacional luego de que las instituciones del país han fucionado, en especial las del sector justicia, velando porque se cumpla la ley en su lucha contra la impunidad y la corrupción, algo lejano hace unos 14 meses, según representantes de la cúpula empresarial del país y analistas del ámbito político.
Al Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y (CICIG), parece sumarse otro aliado: la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), liderada por Juan Francisco Solórzano Foppa, que con la millonaria multa contra la empresa Aceros de Guatemala, logró dos objetivos casi inalcanzables: cerrar la brecha fiscal de 2016 y dotar de casi Q800 millones al Estado.
La intervención de las Farmacias Galeno es otro ejemplo de la firmeza con la cual parece actuará la SAT de aquí en adelante. A esta compañía la SAT le reclama el pago de Q5 millones.
No se salvan magistrados
La justicia es otro sector que parece retomar las riendas del país al ligar a proceso a 10 de 12 señalados por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), entre ellos al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidente Roxana Baldetti. A ese esfuerzo se suma el Congreso de la República que a pesar de su resistencia al cambio y necedad por retomar viejas prácticas políticas, logró limpiar un poco su imagen al retirarle la inmunidad al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, para que sea investigado por el MP y la CICIG.
Esto da la pauta para pensar que se avecina un cambio, no obstante algunas intimidaciones contra jueces, tal como lo denunció este martes, junto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rojas, el jurista Miguel Ángel Gálvez, responsable de los casos La Línea y TCQ.
“Lo que estamos viviendo en el país desde hace tres o cuatro años es el desmantelamiento de los carriles por los cuales discurre lógicas de ese Estado criminal, y el primer combate fue la lucha frontal contra el narcotráfico, luego al Gobierno Central y el tercer escalón sería el desmantelamiento de la burocracia criminal, y un siguiente estaría contra los capitales emergentes lícitos e ilícitos”, indica Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (IPNUSAC).
“Por ultimo lo que se está viendo es el desmantelamiento de las estructuras incrustadas en el empresariado. En el caso de Estados Unidos, por el peligro que representa Guatemala y ese Estado criminal para su frontera sur, impulsa el combate frontal contra las estructuras criminales que operan en el Estado y al margen, pero que se benefician del Estado débil que operaba en los últimos años”, sentencia Castillo.
La institucionalidad se refuerza
En opinión del presidente del CACIF, José Gonzalez Campo, “la institucionalidad del país está funcionando. Hay instituciones que siguen probando que funcionan. Estos temas dirigidos dentro de la legalidad y el debido proceso, no dejan de ser más que positivos para el país”.
Para que estas actuaciones prevalezcan, Gonzalez considera necesario respetar todos los procesos legales. “No se debe perder de vista que en todo momento se tiene que insistir en el debido proceso, en la presunción de inocencia, en el legítimo derecho de defensa y permitir que las instituciones caminen. Que se cumpla la ley para que este sea un país con un estado de derecho en donde las reglas se siguen”, comenta.
Por su lado, el Director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, refiere que el respeto a la institucionalidad y a los procesos legales es fundamental.
“Creemos que el combate a la impunidad y a la corrupción es válido, ambos fenómenos no son exclusivos de Guatemala o Latinoamérica. Esta serie de casos destapados deben seguir el debido proceso para que se respete la ley, la institucionalidad y el derecho de las personas sindicadas. Toda acción que sea encaminada a fortalecer el combate a la impunidad y la corrupción nosotros la apoyamos”, subraya Zepeda.
Eduardo Stein, exvicepresidente del país, comenta que “el hecho que la rueda institucional se mueva, fortalecerá el sistema estatal. En la medida en que nuestra justicia funciona y en que estos hechos de evasión fiscal sean públicos, y que tengan consecuencias como ya se conoció, como el pago que hizo Aceros de Guatemala, más la multa, son fondos que fortalecerán el erario público y mejorarán las capacidades del Estado para atender los ministerios de Salud, Educación y Comunicaciones, pues de lo contrario siempre tendríamos un presupuesto anémico y desfinanciado. Son un conjunto de acciones esperanzadoras”.
La esperanza luego de la crisis
“En una época de señalamientos y por ello esperamos se respete el debido proceso y exista una justicia objetiva e imparcial. En la medida que los casos se lleven a término y que todos estos hechos prueben que en Guatemala se pueden hacer bien las cosas, que las instituciones funcionan, que hay imperio de la ley y que en adelante será muy positivo para el país. Es importante siempre ver que estos casos deben ser demostrados en las Cortes y se sostenga la presunción de inocencia”, precisa el presidente del CACIF.
“Esperamos que se destapen más casos”, dice Zepeda. “Recordemos que la corrupción y la impunidad no son temas de cuatro años para atrás, vienen de hace 30 años. Indistintamente de los casos que se puedan conocer, esperamos que sirvan para fortalecer, consolidar y permitan dar un mensaje dentro de Guatemala y afuera del país para generar más confianza entre los guatemaltecos y hacia las personas que creen y quieren invertir en la nación”.
Stein valora la colaboración interinstitucional para procesar a los señalados y perseguir los delitos.
“Para la ciudadanía guatemalteca en general es un buen síntoma y deben darle la bienvenida al hecho de que la Contraloría General de la Nación y la Superintendencia de Administración Tributaria trabajen de la mano con las autoridades penales del país, en particular con el Ministerio Público para recuperar un espacio general de probidad, transparencia y de la entrega de cuentas públicas del que se beneficia todo el país”, concluye el excanciller.
Redactado por Allan Martínez y Eder Juárez
Un sentimiento de cambio se percibe en el ambiente nacional luego de que las instituciones del país han fucionado, en especial las del sector justicia, velando porque se cumpla la ley en su lucha contra la impunidad y la corrupción, algo lejano hace unos 14 meses, según representantes de la cúpula empresarial del país y analistas del ámbito político.
Al Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y (CICIG), parece sumarse otro aliado: la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), liderada por Juan Francisco Solórzano Foppa, que con la millonaria multa contra la empresa Aceros de Guatemala, logró dos objetivos casi inalcanzables: cerrar la brecha fiscal de 2016 y dotar de casi Q800 millones al Estado.
La intervención de las Farmacias Galeno es otro ejemplo de la firmeza con la cual parece actuará la SAT de aquí en adelante. A esta compañía la SAT le reclama el pago de Q5 millones.
No se salvan magistrados
La justicia es otro sector que parece retomar las riendas del país al ligar a proceso a 10 de 12 señalados por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), entre ellos al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidente Roxana Baldetti. A ese esfuerzo se suma el Congreso de la República que a pesar de su resistencia al cambio y necedad por retomar viejas prácticas políticas, logró limpiar un poco su imagen al retirarle la inmunidad al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, para que sea investigado por el MP y la CICIG.
Esto da la pauta para pensar que se avecina un cambio, no obstante algunas intimidaciones contra jueces, tal como lo denunció este martes, junto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rojas, el jurista Miguel Ángel Gálvez, responsable de los casos La Línea y TCQ.
“Lo que estamos viviendo en el país desde hace tres o cuatro años es el desmantelamiento de los carriles por los cuales discurre lógicas de ese Estado criminal, y el primer combate fue la lucha frontal contra el narcotráfico, luego al Gobierno Central y el tercer escalón sería el desmantelamiento de la burocracia criminal, y un siguiente estaría contra los capitales emergentes lícitos e ilícitos”, indica Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (IPNUSAC).
“Por ultimo lo que se está viendo es el desmantelamiento de las estructuras incrustadas en el empresariado. En el caso de Estados Unidos, por el peligro que representa Guatemala y ese Estado criminal para su frontera sur, impulsa el combate frontal contra las estructuras criminales que operan en el Estado y al margen, pero que se benefician del Estado débil que operaba en los últimos años”, sentencia Castillo.
La institucionalidad se refuerza
En opinión del presidente del CACIF, José Gonzalez Campo, “la institucionalidad del país está funcionando. Hay instituciones que siguen probando que funcionan. Estos temas dirigidos dentro de la legalidad y el debido proceso, no dejan de ser más que positivos para el país”.
Para que estas actuaciones prevalezcan, Gonzalez considera necesario respetar todos los procesos legales. “No se debe perder de vista que en todo momento se tiene que insistir en el debido proceso, en la presunción de inocencia, en el legítimo derecho de defensa y permitir que las instituciones caminen. Que se cumpla la ley para que este sea un país con un estado de derecho en donde las reglas se siguen”, comenta.
Por su lado, el Director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, refiere que el respeto a la institucionalidad y a los procesos legales es fundamental.
“Creemos que el combate a la impunidad y a la corrupción es válido, ambos fenómenos no son exclusivos de Guatemala o Latinoamérica. Esta serie de casos destapados deben seguir el debido proceso para que se respete la ley, la institucionalidad y el derecho de las personas sindicadas. Toda acción que sea encaminada a fortalecer el combate a la impunidad y la corrupción nosotros la apoyamos”, subraya Zepeda.
Eduardo Stein, exvicepresidente del país, comenta que “el hecho que la rueda institucional se mueva, fortalecerá el sistema estatal. En la medida en que nuestra justicia funciona y en que estos hechos de evasión fiscal sean públicos, y que tengan consecuencias como ya se conoció, como el pago que hizo Aceros de Guatemala, más la multa, son fondos que fortalecerán el erario público y mejorarán las capacidades del Estado para atender los ministerios de Salud, Educación y Comunicaciones, pues de lo contrario siempre tendríamos un presupuesto anémico y desfinanciado. Son un conjunto de acciones esperanzadoras”.
La esperanza luego de la crisis
“En una época de señalamientos y por ello esperamos se respete el debido proceso y exista una justicia objetiva e imparcial. En la medida que los casos se lleven a término y que todos estos hechos prueben que en Guatemala se pueden hacer bien las cosas, que las instituciones funcionan, que hay imperio de la ley y que en adelante será muy positivo para el país. Es importante siempre ver que estos casos deben ser demostrados en las Cortes y se sostenga la presunción de inocencia”, precisa el presidente del CACIF.
“Esperamos que se destapen más casos”, dice Zepeda. “Recordemos que la corrupción y la impunidad no son temas de cuatro años para atrás, vienen de hace 30 años. Indistintamente de los casos que se puedan conocer, esperamos que sirvan para fortalecer, consolidar y permitan dar un mensaje dentro de Guatemala y afuera del país para generar más confianza entre los guatemaltecos y hacia las personas que creen y quieren invertir en la nación”.
Stein valora la colaboración interinstitucional para procesar a los señalados y perseguir los delitos.
“Para la ciudadanía guatemalteca en general es un buen síntoma y deben darle la bienvenida al hecho de que la Contraloría General de la Nación y la Superintendencia de Administración Tributaria trabajen de la mano con las autoridades penales del país, en particular con el Ministerio Público para recuperar un espacio general de probidad, transparencia y de la entrega de cuentas públicas del que se beneficia todo el país”, concluye el excanciller.
Redactado por Allan Martínez y Eder Juárez