La creatividad de los guatemaltecos para desarrollar formas de corrupción llega hasta darle vuelta al dicho de “Hecha la ley, hecha la trampa”. Generalmente, ante una nueva ley se inicia el proceso de encontrar cómo saltarla, rodearla, evitarla. No cumplirla, sin generar castigo.
Aquí en Guatemala, sin embargo, en un proceso de corrupción creativa y proactiva, primero pensaron en la trampa: establecer controles migratorios, apelando a la necesidad de contar con tecnología para saber quién entra y sale del país. A quién se le permite hacerlo, estableciendo motivos y comprobando identidades. Hasta ahí todo va bien. Los sentimientos de soberanía y territorio se complacen. La trampa va tomando forma cuando se afinan procedimientos para llevar adelante el proyecto con la participación de proveedores del equipo y el servicio de su instalación, operación y mantenimiento. En tiempo de ambiciones sin límite, el precio pactado con el feliz proveedor será hasta 10 veces más de lo que se paga por servicio similar en países vecinos.
Ahora hay que crear la ley. La ley que provea de los recursos necesarios, sin afectar limitados presupuestos ni requerir engorrosos trámites legislativos. Que lo paguen los viajeros, ya que, en última instancia ellos serán los objetos del control. Y el que viaja por avión es porque tiene. Agregar al precio de un boleto aéreo unos quince dólares, o sea unos 2 menús Campero dirá a la prensa uno de los defensores del proyecto, quien lo va a notar?. Además, el reglamento de la Ley de Migración ya establece cobros por documentos como pasaportes, emisión de visas y permisos, fondos que son privativos de la Dirección General de Migración, y su modificación solamente requiere de un simple acuerdo gubernativo, firmado por el Presidente de la Republica, el Secretario General de la Presidencia y el Ministro de Gobernación. Y así lo hicieron. La ley se publicó en enero de 2014.
No les importó que el reglamento establece cobros por documentos y que un registro migratorio no es, precisamente, documento alguno. Que estaban ilegalmente estableciendo un impuesto disimulado de ser un servicio o trámite. No les importó que un registro migratorio, debería incluir a todas las fronteras, aéreas, terrestres y marítimas. Menos aún les importaron las consecuencias en aspectos como la competitividad del país.
De los 2.4 millones de pasajeros que utilizan el Aeropuerto La Aurora, menos del 25% son turistas. La gran mayoría de viajeros lo hace por trabajo. Lo hacen en viajes regionales cortos, a Centro América y México. Otros muchos viajan para visitar a sus familias.
Pero los tiempos y las personas cambiaron. Plaza mediante. Y el gobierno actual tuvo a bien declarar lesivo el contrato. La trampa no les funcionó.
Pero la ley que nació para servir a la trampa, con motivaciones y procedimientos espurios, no ha sido derogada. Tampoco la han hecho efectiva. Creada por acuerdo gubernativo, igualmente, otro acuerdo la puede eliminar. Es lo correcto. Derogarla transparenta intenciones de hacer las cosas mejor. Si hay necesidad de establecer controles migratorios eficaces o si establecerlos es una demanda que viene del Norte, hay que encontrar consensuadamente, los procedimientos y medir sus impactos. Y si hay que pagar, hay que pagar. Pero que sea lo justo, tanto al fijar montos como al determinar a los obligados a pagar.
La creatividad de los guatemaltecos para desarrollar formas de corrupción llega hasta darle vuelta al dicho de “Hecha la ley, hecha la trampa”. Generalmente, ante una nueva ley se inicia el proceso de encontrar cómo saltarla, rodearla, evitarla. No cumplirla, sin generar castigo.
Aquí en Guatemala, sin embargo, en un proceso de corrupción creativa y proactiva, primero pensaron en la trampa: establecer controles migratorios, apelando a la necesidad de contar con tecnología para saber quién entra y sale del país. A quién se le permite hacerlo, estableciendo motivos y comprobando identidades. Hasta ahí todo va bien. Los sentimientos de soberanía y territorio se complacen. La trampa va tomando forma cuando se afinan procedimientos para llevar adelante el proyecto con la participación de proveedores del equipo y el servicio de su instalación, operación y mantenimiento. En tiempo de ambiciones sin límite, el precio pactado con el feliz proveedor será hasta 10 veces más de lo que se paga por servicio similar en países vecinos.
Ahora hay que crear la ley. La ley que provea de los recursos necesarios, sin afectar limitados presupuestos ni requerir engorrosos trámites legislativos. Que lo paguen los viajeros, ya que, en última instancia ellos serán los objetos del control. Y el que viaja por avión es porque tiene. Agregar al precio de un boleto aéreo unos quince dólares, o sea unos 2 menús Campero dirá a la prensa uno de los defensores del proyecto, quien lo va a notar?. Además, el reglamento de la Ley de Migración ya establece cobros por documentos como pasaportes, emisión de visas y permisos, fondos que son privativos de la Dirección General de Migración, y su modificación solamente requiere de un simple acuerdo gubernativo, firmado por el Presidente de la Republica, el Secretario General de la Presidencia y el Ministro de Gobernación. Y así lo hicieron. La ley se publicó en enero de 2014.
No les importó que el reglamento establece cobros por documentos y que un registro migratorio no es, precisamente, documento alguno. Que estaban ilegalmente estableciendo un impuesto disimulado de ser un servicio o trámite. No les importó que un registro migratorio, debería incluir a todas las fronteras, aéreas, terrestres y marítimas. Menos aún les importaron las consecuencias en aspectos como la competitividad del país.
De los 2.4 millones de pasajeros que utilizan el Aeropuerto La Aurora, menos del 25% son turistas. La gran mayoría de viajeros lo hace por trabajo. Lo hacen en viajes regionales cortos, a Centro América y México. Otros muchos viajan para visitar a sus familias.
Pero los tiempos y las personas cambiaron. Plaza mediante. Y el gobierno actual tuvo a bien declarar lesivo el contrato. La trampa no les funcionó.
Pero la ley que nació para servir a la trampa, con motivaciones y procedimientos espurios, no ha sido derogada. Tampoco la han hecho efectiva. Creada por acuerdo gubernativo, igualmente, otro acuerdo la puede eliminar. Es lo correcto. Derogarla transparenta intenciones de hacer las cosas mejor. Si hay necesidad de establecer controles migratorios eficaces o si establecerlos es una demanda que viene del Norte, hay que encontrar consensuadamente, los procedimientos y medir sus impactos. Y si hay que pagar, hay que pagar. Pero que sea lo justo, tanto al fijar montos como al determinar a los obligados a pagar.